Venezuela anunció este sábado que no asistirá a una audiencia oral telemática prevista para el 30 de junio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que tratará sobre la jurisdicción del tribunal para resolver la disputa limítrofe que mantiene con Guyana por el territorio del Esequibo.
A través de un comunicado, la Cancillería venezolana con el chavista Jorge Arreaza al mando indicó que la decisión de la CIJ de llevar adelante la audiencia “no tiene precedentes” y “no se corresponde con una nueva práctica aplicable con carácter general”.
“Hasta ahora no se ha aplicado a otros casos que cursan ante esa importante instancia judicial internacional, más antiguos en el tiempo o en situación de urgencia o imperiosa necesidad”, añadió en el texto la diplomacia chavista.
Por tal motivo, y “consecuente con su posición histórica indeclinable” de resolver la controversia a través del Acuerdo de Ginebra, el régimen de Maduro recordó en el comunicado que el 18 de junio de 2018 ya había adelantado que no reconoce la jurisdicción de la corte y que no asistiría al procedimiento.
Las sesiones previstas para marzo pasado en la CIJ, con sede en La Haya, fueron suspendidas por la pandemia del COVID-19. “Sin embargo, aún persistente la pandemia, la Corte decidió llevar a cabo la audiencia mediante videoconferencia a celebrarse el 30 de junio de 2020”, indicó el texto de Arreaza.
“La acción unilateral de Guyana carece manifiestamente de fundamento legal para sostener la jurisdicción de la Corte, por lo que Venezuela decidió, en el ejercicio de su soberanía, no comparecer ante la Corte para dicho procedimiento”, añadió el escrito.
En las audiencias las partes aportarían sus argumentos sobre la jurisdicción de la corte en esta antigua contienda que enfrenta a Venezuela con la ex colonia británica, que el 29 de marzo de 2018 pidió a la CIJ resolver el conflicto.
Venezuela reclama soberanía sobre la extensa región del Esequibo, una zona que representa tres cuartas partes de Guyana -unos 160.000 kilómetros-. Guyana defiende un límite territorial establecido en 1899 por un tribunal de arbitraje.
Caracas no reconoce ese límite y el conflicto volvió a caldearse en 2015, cuando se anunció un hallazgo significativo de crudo en una concesión otorgada por Guyana, que según Venezuela está en las aguas en disputa.
Caracas reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con el Reino Unido antes de la independencia de Guyana, en el que se establecían bases para una solución negociada y se anulaba el tratado de 1899 que definía la frontera común.
El Acuerdo de Ginebra es la única vía que reconoce Venezuela para solucionar el conflicto, que estuvo bajo la mediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta finales de enero de 2018, cuando el organismo dio por terminada su actuación en el diferendo.
Fue precisamente esta acción la que dio pie a que Guyana acudiera a la CIJ, puesto que la ONU recomendó entonces que el caso se llevara a esta instancia.
Las diferencias entre Venezuela y Guyana por la zona rica en minerales y bosques se agudizaron en los últimos años después de que la compañía estadounidense Exxon Mobil descubriera en 2015 yacimientos de petróleo en las aguas de la zona en litigio.
Con información de AFP y EFE
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