Un duro informe refleja las desapariciones forzadas en la dictadura de Maduro como herramienta de represión para silenciar a la oposición

La dictadura de Nicolás Maduro está usando cada vez más las desapariciones forzadas como herramienta sistemática para silenciar a opositores en Venezuela, según denunció un informe realizado por dos reconocidas organizaciones de derechos humanos.

El documento, publicado por el Foro Penal y el Centro Robert F. Kennedy Human Rights, hizo un meticuloso relevamiento de las más de 700 desapariciones forzadas reportadas entre 2018 y 2019 y resalta que son “una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos” y constituyen un crimen de lesa humanidad.

Las organizaciones indicaron que el régimen chavista está “utilizado estratégicamente las desapariciones forzadas para silenciar a los opositores políticos y otras voces críticas que considera una amenaza”.

Según constataron, se produjo un considerable aumento de casos de 2018 a 2019, algo que no fue correlativo a las manifestaciones opositoras, lo que arroja un cambio en el modus operandi hacia la normalización de las desapariciones forzadas. También, denunciaron que los casos en muchas ocasiones vienen acompañados de otras violaciones a los derechos humanos, como torturas y ejecuciones extrajudiciales

El documento instó a la dictadura chavista a tomar medidas urgentes, entre las cuales figura la disolución de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales, creada en 2016 y señalada por numerosos ataques contra opositores), la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad y la liberación de todos los presos políticos. También, considera necesario fortalecer la independencia del Ministerio Público, ya que vincula los crímenes al colapso del sistema judicial venezolano.

“En muchos de los casos documentados, las víctimas fueron citadas en bases militares con el pretexto de hacerles una entrevista o un interrogatorio; una vez allí, fueron despojadas de sus pertenencias y detenidas”, reportó el informe. Según detalló, la estrategia empleada por el SEBIN (el servicio de inteligencia) consiste en hacer la identificación de las víctimas, seguirlas y detenerlas. “Por lo general, la detención ocurre en horas tempranas de la mañana o durante la noche; evitando así llamar la atención”, explicaron.

Además, los agentes del régimen suelen realizar los operativos sin identificarse ni presentar órdenes de aprehensión. “De acuerdo con el relato de algunas víctimas, los funcionarios del SEBIN fueron ágiles, se comunicaron poco y retuvieron celulares y computadores, evitando que las víctimas o los testigos se comunicaran rápidamente. Este patrón evidencia un fuerte entrenamiento y un trabajo coordinado”, explicó el informe.

El documento apunta también a que las FAES buscan infundir miedo a través de la violencia: “Las FAES típicamente mantienen una presencia en las comunidades después de un operativo, lo que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos considera una indicación de que el gobierno está utilizando estas fuerzas como instrumento para aterrorizar a la población y mantener el control social”.

El New York Times destacó que estás tácticas son similares a los crímenes cometidos por las dictaduras militares que habían sido criticadas por Nicolás Maduro y Hugo Chávez, como las de Argentina y Chile en las décadas de 1970 y 1980.

El relevamiento también arroja que en 2019 aumentó el uso de las desapariciones particularmente en contra de militares. Las fuerzas armadas, principal sostén del régimen, ha mostrado algunas grietas de su apoyo, con algunos levantamientos y asonadas que amenazan al Palacio de Miraflores.

Si bien la mayoría de los desaparecidos forzosamente en 2019 fueron en el contexto de las protestas opositoras, estos manifestantes pasaron en promedio menos tiempo detenidos que aquellos que reclamaban por las fallas de servicios básicos (3,8 días frente a 4,1 días), una situación agravada por la galopante crisis económica.

Los investigadores apuntaron que, proporcionalmente, las mujeres detenidas enfrentan más posibilidades de una desaparición forzosa que los hombres, lo que, según el Foro Penal, “parece responder a una estrategia de extraerles información o enviar un mensaje para intimidar a sus familiares u otros”.

Casos emblemáticos de desapariciones:

JUAN REQUESENS Es un líder del movimiento estudiantil y diputado de la Asamblea Nacional. Fue detenido, junto con su hermana, por funcionarios del SEBIN el día 7 de agosto de 2018 por su supuesta participación en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, ocurrido 3 días antes. Su detención fue ilegal dado que, según la Constitución de Venezuela, los diputados cuentan con inmunidad parlamentaria. Esto quiere decir que únicamente pueden ser detenidos y enjuiciados por el TSJ con previa autorización de la Asamblea Nacional, a menos que sean detenidos en flagrancia, en cuyo caso podrán ser puestos bajo custodia en sus residencias. Requesens permaneció 9 días desaparecido. Pocos días después de que se supiera del paradero de Juan Requesens, fue publicado en los canales del Estado un video donde Requesens detenido responsabilizaba a algunas personas del supuesto intento de magnicidio. Posteriormente, en las redes sociales salió un vídeo donde se muestra al diputado en ropa interior con claros signos de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

ARIANA GRANADILLO Estudiante de medicina de 21 años de edad. Fue detenida en tres oportunidades en 2018, y desaparecida dos de ellas. Las dos primera detenciones y desapariciones forzosas estuvieron a cargo de funcionarios del DGCIM. La última detención ocurrió por una supuesta orden de captura por parte de funcionarios del CICPC. Es de notar que la orden de captura bien fecha del momento de su última desaparición forzada. Granadillo habría sido detenida por ser allegada al coronel del ejército retirado Oswaldo GarcíaPalomo, a quien considera como un tío. Este coronel estaba siendo buscado por rebelión militar. La primera detención y desaparición de Ariana ocurrió el 2 de febrero de 2018. Se la llevaron de la casa donde vivía en los Altos Mirandinos, Estado Miranda en Venezuela. Dicha casa era propiedad del coronel García-Palomo. Granadillo fue torturada por dos días mientras la interrogaban sobre el paradero del coronel. Fue posteriormente liberada. La segunda detención y desaparición ocurrió el 24 de mayo de 2018, también por agentes del DGCIM. En esta ocasión se llevaron tanto a Granadillo, como a su madre y su padre. Los mantuvieron 9 días desaparecidos y fueron liberados luego de una campaña en redes sociales por parte de Foro Penal. Denunciaron tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su desaparición. Denunciaron que los mantuvieron en un centro clandestino. El 23 de junio de 2019, Granadillo fue nuevamente detenida. Esta vez por el CICPC (policía de investigación). Fue detenida por una supuesta orden de captura por rebelión militar del 27 de mayo de 2019, fecha en la que se encontraba desaparecida e incluso había una denuncia de desaparición interpuesta en Fiscalía. Granadillo fue excarcelada el 25 de junio de 2018, luego de haber sido presentada ante un tribunal militar en Caracas, pero sometida a medidas restrictivas de su libertad como prohibición de salida del país y presentación ante un tribunal cada 8 días.

WILLIAMS AGUADO Es un médico internista. Fue detenido el día 15 de mayo de 2018. Doce (12) funcionarios de la DGCIM llegaron a su casa sin mostrar orden judicial, tumbaron puertas y se llevaron computadores y celulares. La hija de Aguado denunció que su padre fue sometido a actos de tortura tales como desprendimiento de los riñones por golpes, asfixia con insecticida en la cara y bolsas de plástico, cortaduras en los pies y perforación de tímpano. Su abogada ha manifestado que los actos de tortura buscaron inducir una confesión del señor Aguado, quien es acusado de ser el dueño de la casa abandonada que el militar disidente Oscar Pérez usó para esconderse. Aguado estuvo desaparecido por al menos 6 días.

CARLOS MORA Trabajaba como comerciante en el estado Táchira. Fue dete nido el día 22 de mayo de 2018 por funcionarios del SEBIN que llegaron fuertemente armados sin orden de allanamiento o aprensión. Su familia subió vídeos a Twitter informando que no conocían el paradero de su padre y que la información que les daban en el SEBIN y en la DGCIM era confusa e imprecisa. Pese a tener la condición de civil, fue presentado ante tribunales militares por supuestos cargos de traición a la patria y detenido en la cárcel militar de Ramo Verde. Duró al menos 7 días desaparecido. Fue lib erado con medidas cautelares el 12 de julio del mismo año, es decir, 50 días después de su detención inicial.

Las ocho medidas que el documento urge al régimen de Maduro

1. Abandonar por completo y de inmediato la práctica de desapariciones forzadas. Para tal fin, es imprescindible que todas las detenciones ejecutadas por agentes estatales se acojan a las obligaciones y estándares internacionales en la materia. Entre estas se resaltan: la existencia de un registro actualizado de detenciones a disposición de los familiares y abogados; evitar el traslado innecesario de detenidos; la prohibición absoluta de centros clandestinos de detención, la presentación sin demora ante la autoridad judicial competente, y la obligación de brindar información pronta y completa con respecto al paradero de la persona, la autoridad que decidió la detención, su estado de salud y, en caso de fallecimiento, las circunstancias de la muerte y el destino de los restos.

2. Liberar de inmediato a todos los presos políticos. Adicionalmente, se debe presentar ante una autoridad judicial competente, y a la mayor brevedad posible, a las personas privadas de libertad de forma preventiva en el contexto de las manifestaciones. Es imperioso recordar que la jurisdicción penal militar no satisface, en ningún caso, las garantías de independencia o imparcialidad.119 Por ende, las autoridades deben abstenerse de juzgar civiles en el fuero militar.

3. Fortalecer la independencia judicial y la independencia y gestión del Ministerio Público. Es necesario que se establezca un plan para reducir el porcentaje de jueces provisorios, pues su falta de estabilidad dificulta que administren justicia correctamente y sin influencias; en especial, frente a presuntos abusos de fuerzas estatales. Asimismo, el Ministerio Público debe observar y velar porque se respeten los derechos humanos de todas las personas sin discriminación; esto incluye, por supuesto, a las personas asociadas con la oposición.

4. Eliminar la participación de fuerzas armadas militares en las actividades de seguridad ciudadana. Igualmente, para mitigar el riesgo de que se cometan arbitrariedades, se debe exigir que el uso de la fuerza por parte de la policía esté ceñido a los estándares relacionados al uso de la fuerza; estos son: legalidad, absoluta necesidad, y proporcionalidad.120

5. Disolver el FAES y asegurar la rendición de cuentas por los abusos cometidos por este cuerpo de seguridad. Asimismo, brindar capacitaciones en derechos humanos y uso de la fuerza a los funcionarios del DGCIM y el SEBIN.

6. Reparar adecuadamente a las víctimas de desapariciones forzadas y a sus familiares. La reparación deberá comprender una reparación por daño material e inmaterial, así como medidas de satisfacción y no repetición; tales como: búsqueda, identificación y sepultura de restos mortales de detenidos desaparecidos; tratamiento físico y psicológico para los familiares; realización de actos o monumentos que preserven la memoria; creación de sistemas de información genética; educación en derechos humanos para funcionarios públicos; y el acceso público a los archivos estatales.

7. Eliminar la participación de colectivos armados progubernamentales en las actividades de seguridad ciudadana. Es necesario que se individualice, capture, enjuicie y, eventualmente, castigue a los civiles que, en nombre de defender la revolución bolivariana, hostiguen y agredan a los manifestantes y a las personas identificadas con la oposición.

8. No estigmatizar las manifestaciones ni protestas sociales. Tampoco deben imponerse restricciones excesivas a los derechos a la libertad de expresión o reunión pacífica. Los altos funcionarios del gobierno deben abstenerse de señalar a los opositores como terroristas o referirse a ellos con calificativos que inciten a la violencia.

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