El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, impulsado por la UE para intentar facilitar una salida a la crisis, lamentó que la “forma en que se ha procedido” a renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en manos de la dictadura del país caribeño, socave su credibilidad y la del próximo proceso electoral.
En un comunicado, el grupo ha acusado a la corte de violar “lo previsto en la Constitución venezolana” y ha indicado que esta acción “reduce aún más las garantías necesarias para la realización de unas elecciones justas y transparentes que posibiliten un retorno a la vigencia plena de las instituciones democráticas” en el país sudamericano.
Así, ha reiterado su convencimiento de que la “solución para la crisis política, institucional, social y humanitaria que atraviesa el país debe transitar por vías electorales, democráticas y pacíficas y rechaza todas las vías violentas” y ha pedido a aquellos que “detentan el poder” a abstenerse de tomar medidas que “tornen inviable dicha solución democrática”.
El texto, que condena los nombramientos sin la participación de la Asamblea Nacional, hace un llamado a todas las partes a retomar “a la mayor brevedad posible” las negociaciones “sustantivas e inclusivas” hacia la consecución de dicho objetivo. “El Grupo de Contacto manifiesta una vez más su voluntad de participar en los esfuerzos de la comunidad internacional para contribuir a alcanzar ese objetivo”, finaliza.
El TSJ manejado por el chavismo, anunció el viernes la designación de Indira Alfonzo como presidenta del CNE, en el marco de la batalla política por controlar el proceso electoral para renovar la Asamblea Nacional. Junto a Alfonzo también se designó al resto de rectores principales y suplentes del CNE.
Por su parte, trece países del Grupo de Lima emitieron este martes un comunicado -que no contó con el respaldo de Argentina- para rechazar y desconocer “la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral” chavista realizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por la dictadura de Nicolás Maduro. Además, solicitaron elecciones libres y transparentes en Venezuela.
En una nueva violación a la Constitución venezolana, el TSJ chavista designó el viernes pasado un nuevo Consejo Electoral de cara a las elecciones parlamentarias que se celebrarán en diciembre de este año, a pesar de que esta decisión le corresponde a la Asamblea Nacional (AN), con mayoría opositora.
Los rectores del CNE son quienes deben velar por la transparencia en las elecciones y la dictadura de Maduro quiere asegurarse esos puesto de cara a futuros comicios. Estos cambios en la cúpula del ente electoral marcan la salida de la polémica Tibisay Lucena tras 14 años como presidenta del CNE.
El TSJ había declarado la semana pasada que la Asamblea Nacional incurrió en omisión en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, lo que dejaba a la mayoría opositora fuera del proceso de elección de las nuevas autoridades de ese organismo.
Con esta decisión, se dejó a la Asamblea Nacional sin una de sus atribuciones legales para nombrar a las autoridades electorales, y se cerró el proceso de acercamiento que se venía adelantando entre las bancadas de la oposición y el gobierno para lograr unos candidatos al CNE de consenso.
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