Trece países del Grupo de Lima emitieron este martes un comunicado -que no contó con el respaldo de Argentina- para rechazar y desconocer “la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral” chavista realizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por la dictadura de Nicolás Maduro. Además, solicitaron elecciones libres y transparentes en Venezuela.
En una nueva violación a la Constitución venezolana, el TSJ chavista designó el viernes pasado un nuevo Consejo Electoral de cara a las eleciones parlamentarias que se celebrarán en diciembre de este año, a pesar de que esta decisión le corresponde a la Asamblea Nacional (AN), con mayoría opositora.
La corte chavista designó a Indira Maira Alfonzo Izaguirre, como rectora principal y presidenta del máximo ente comicial; Rafael Simón Jiménez Melean, como rector principal y vicepresidente del CNE; Tania D’Amelio Cardiet, como rectora principal; Gladys María Gutiérrez Alvarado, como rectora principal y José Luis Gutiérrez Parra, como rector principal, de acuerdo al comunicado oficial.
Además, designó como rectores suplentes a Abdón Rodolfo Hernández Rodríguez, Alex David Said Díaz Padrón, Carlos Enrique Quintero Cuevas, Jennycet Caroliska Villalobos, Juan Carlos Delpino Boscán, Luis Delfín Fuenmayor Toro, Fanck Antero Pic Durán, Gloria Adelaida Muñoz, Deyanira Briceño y Eleusis Aly Borrego.
Los rectores del CNE son quienes deben velar por la transparencia en las elecciones y la dictadura de Maduro quiere asegurarse esos puesto de cara a futuros comicios. Estos cambios en la cúpula del ente electoral marcan la salida de la polémica Tibisay Lucena tras 14 años como presidenta del CNE.
El TSJ había declarado la semana pasada que la Asamblea Nacional incurrió en omisión en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, lo que dejaba a la mayoría opositora fuera del proceso de elección de las nuevas autoridades de ese organismo.
Con esta decisión, se dejó a la Asamblea Nacional sin una de sus atribuciones legales para nombrar a las autoridades electorales, y se cerró el proceso de acercamiento que se venía adelantando entre las bancadas de la oposición y el gobierno para lograr unos candidatos al CNE de consenso.
El gobierno interino de Juan Guaidó denunció que se trata de una nueva maniobra del régimen para manipular los resultados de futuras elecciones. El sábado Maduro dijo que “llegó la hora” de renovar la Asamblea Nacional de mayoría opositora con nuevos comicios previstos para este año, aún sin fecha.
Este lunes, por su parte, Estados Unidos condenó el nombramiento del nuevo CNE, al que consideró “alineado con el régimen” de Nicolás Maduro e incapaz de organizar elecciones libres que permitan superar la “profunda crisis política” en el país. “Desafortunadamente, el 12 de junio, el Tribunal Supremo (de Justicia, TSJ) controlado por el régimen de Maduro continuó manipulando la Constitución venezolana al nombrar ilegalmente un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) alineado con el régimen”, sostuvo el secretario de Estado, Mike Pompeo.
La Unión Europea (UE) también repudió la decisión de la dictadura chavista al considerar que las últimas decisiones judiciales sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y sobre distintos partidos opositores, restringen la democracia en el país y dificultan la resolución de la crisis.
Este martes, el dictador Maduro le respondió al bloque europeo: “La Unión Europea que se preocupe por el coronavirus, por el racismo. No se metan más con Venezuela. ¡Fuera la Unión Europea! (...) Aquí hace tiempo derribamos las estatuas de los colonialistas asesinos. La Unión Europea que se vaya lejos al carrizo. Venezuela hará sus elecciones. No nos importa la Unión Europea".
El comunicado completo del Grupo de Lima
Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela miembros del Grupo de Lima, rechazan y desconocen la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela mediante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que vulnera abiertamente la Constitución venezolana y socava las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y el retorno de la democracia en Venezuela.
Recuerdan que la designación de los miembros del CNE corresponde a la Asamblea Nacional, órgano legítimo y democráticamente electo, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Reafirman su entendimiento de que solamente la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y creíbles, con un Consejo Nacional Electoral independiente, un Tribunal Supremo imparcial, así como la plena libertad de prensa y participación política de todos los venezolanos asegurará las condiciones para la superación de la crisis venezolana.
Reiteran, conforme la XVIII Reunión Ministerial del Grupo de Lima realizada en Canadá, que persistirán en procurar consensos con otros actores internacionales para movilizar una respuesta de la comunidad internacional que contribuya a la urgente restauración de la democracia y el estado de derecho en Venezuela.
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