El empresario colombiano Alex Saab, que según medios de ese país fue detenido en la madrugada del sábado en Cabo Verde, está acusado de ser el “testaferro” del dictador Nicolás Maduro y lo persigue hasta su desconocido paradero el epíteto de ser su hombre de confianza en el país.
Saab -de ascendencia libanesa y nacido hace 47 años en la ciudad caribeña de Barranquilla- está relacionado con varias empresas. Pero su principal vínculo con Maduro se daría a través de Group Grand Limited (GGL), señalada de vender al régimen alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios humildes.
Sin embargo, tanto Saab como Maduro han sido acusados en distintas oportunidades de usar el programa, conocido como Clap, para hacerse de cientos de millones de dólares de manera ilegítima.
De hecho, Saab, junto a tres hijastros de Maduro y otras nueve personas, fue sancionado en julio de 2019 por Estados Unidos por esa precisa maniobra. Por esa razón, todos tienen congelados todos los activos o bienes inmuebles que puedan tener en Estados Unidos.
“Alex Saab se comprometió con los informantes de Maduro a dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela. El Tesoro apunta a los que están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías ficticias que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado militarmente por el anterior régimen”, explicó en ese entonces el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
“La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y a sus familiares robarle al pueblo venezolano. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos”, agregó.
Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin mucha relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Sin embargo, la denuncia inicial la hizo el portal dedicado al periodismo de investigación Armando.info, que señaló meses antes que Saab, al parecer, era parte entonces de una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.
El medio venezolano también develó que en 2011 Saab firmó un contrato con el Gobierno de Hugo Chávez para proveer casas prefabricadas para el plan Misión Vivienda.
Ante esta situación, Saab demandó a los periodistas del portal por el presunto delito de difamación e injuria, lo que los obligó a huir de Venezuela luego de que recibieran amenazas y su información personal fuese divulgada en las redes sociales, según denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Desde entonces, el paradero de Saab es un misterio y es buscado por las autoridades de Colombia que lo acusan de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por haber realizado compras internacionales ilícitas con la empresa Shatex.
Esa compañía, creada en 1998 y liquidada en 2016, estaba dedicada a las exportaciones e importaciones de diferentes productos, entre ellos, prendas de ropa que vendían a Venezuela.
El nombre de Saab había vuelto a los primeros planos esta semana cuando una Fiscalía colombiana anunció este martes que impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a ocho inmuebles del empresario.
Las autoridades indicaron que los inmuebles, que tienen un valor combinado de casi USD 10 millones, forman parte del del patrimonio ilícito que constituyó el empresario a través de operaciones financieras irregulares”.
En concreto, la Justicia impuso el "embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo” (es decir, la posibilidad de vender) sobre los bienes. Los inmuebles son una mansión valuada en 28.000 millones de pesos (unos USD 7,7 millones), dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes.
“Las medidas con fines de extinción de dominio fueron inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos para evitar que los inmuebles seas vendidos antes de las diligencias de ocupación”, agregó el documento.
Según la Fiscalía, las propiedades que expropiará están a nombre de una sociedad “que habría servido de fachada para ocultar los dineros obtenidos por Alex Saab” por medio de una empresa con la que hizo “importaciones y exportaciones ficticias que representaron pérdidas al Estado colombiano”.
(Con información de EFE)
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