El empresario colombiano Alex Nain Saab Moran, señalado por la justicia de los Estados Unidos de ser uno de los testaferros del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde después de que su avión, de carácter privado pero con identificación venezolana, fuera aprehendido nada más aterrizar para cargar combustible mientras cubría una ruta de Rusia a Irán.
Saab, de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited (GGL), que es acusada de vender al régimen chavista alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios humildes.
Con los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con “cientos de millones de dólares”, según dijo un funcionario del Gobierno estadounidense en julio del año pasado.
Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin mucha relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
“Esta persona es señalada por las agencias internacionales de ser un testaferro de Nicolás Maduro y encabezar un esquema de corrupción que, en Venezuela, se apoderó de recursos millonarios destinados a la compra de alimentos y mercados que llegaron a precios superiores y descompuestos”, precisó la Fiscalía colombiana la semana pasada tras decidir expropiar inmuebles del empresario.
De igual forma, el Departamento de Justicia de EEUU presentó en julio del año pasado cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Ese organismo alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EEUU, razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso.
La Fiscalía colombiana investiga a Saab por “lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa”. Además, contra él hay vigente una “circular azul” de Interpol, destinada a localizarlo, identificarlo y obtener información para una investigación criminal.
El pasado mes de mayo se dio a conocer que Saab había sido designado por Maduro para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán. El colombiano ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, según informaron en su momento a Bloomberg fuentes próximas a otros encargos previos del empresario, como el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía, a través del envío de 900 millones de dólares en oro en 2018. En aquella época, las autoridades estadounidenses temieron que parte del oro acabara llegando a Irán, incumpliendo así el régimen de sanciones.
La Fiscalía colombiana le expropiará inmuebles a Saab
La Fiscalía colombiana anunció el martes que impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a ocho inmuebles de Saab.
Los inmuebles “harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex Naín Saab Morán a través de operaciones financieras irregulares”, tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están ubicados en Barranquilla, en el Caribe colombiano, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Es por ello que la entidad impuso “medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo” sobre una mansión valuada en 28.000 millones de pesos (unos 7,7 millones de dólares), dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes.
“Las medidas con fines de extinción de dominio fueron inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos para evitar que los inmuebles seas vendidos antes de las diligencias de ocupación”, agregó la información.
Según la Fiscalía, las propiedades que expropiará están a nombre de una sociedad “que habría servido de fachada para ocultar los dineros obtenidos por Alex Saab” por medio de una empresa con la que hizo “importaciones y exportaciones ficticias que representaron pérdidas al Estado colombiano”.
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