Un informe de SOS Orinoco reveló la actuación de cuerpos de inteligencia y grupos irregulares en la explotación del oro en Venezuela

La Organización SOS Orinoco destaca, en la reciente actualización del informe que sobre la situación del Parque Nacional Canaima habían realizado en el 2018, que para garantizar la continuidad de la operación y control oficial sobre las actividades mineras, “las fuerzas de seguridad del gobierno (FANB, Dgcim, Sebin y varias fuerzas policiales), e irregulares grupos armados (“sindicatos”, 59 “El Sistema”, las fuerzas guerrilleras colombianas y "El Pranato 60) se han convertido en fundamentales”.

El informe de SOS Orinoco se titula: “Situación actual de la minería de oro en 2020 en el Parque Nacional Canaima. Un sitio del patrimonio mundial en Venezuela: Actualización del informe de 2018 presentado a la UNESCO”.

Desde el último informe del 2018, la organización SOS Orinoco dice que se ha intensificado “la actividad minera durante los últimos 19 meses, con un aumento total del 14% de la superficie impactada dentro del Parque Nacional Canaima, pasando de 501 a 574 hectáreas”. Además, determinó la presencia de otras minas que no habían sido detectadas por el informe anterior, sin contar el número de balsas mineras que operan actualmente en los ríos, y que son más difíciles de detectar y superan las 20 unidades.

Califica de alarmante la cifra del peligro de contaminación por mercurio del río Caroní, que sería 70%, como consecuencia de su uso en las operaciones de extracción de oro.

El negocio de distribución de combustible “pertenece exclusivamente a oficiales militares. Semanalmente, aviones ligeros cargados con combustible vuelan desde Santa Elena de Uairén a Ikabarú, siguiendo el río hasta Urimán y el río Caroní. Sin embargo, parte de la gasolina que se vende de manera informal a nivel minorista proviene de Brasil y se comercializa en dos camiones cisterna desde los cuales se distribuye directamente a tanques de automóviles y contenedores individuales de gasolina”.

El informe revela la situación conflictiva entre el pueblo pemón, el Estado venezolano y los grupos criminales, que han estado compitiendo por el control del territorio y la actividad minera.

Destaca cómo el pueblo Pemón y el control del pueblo pemón sobre su propio territorio ancestral han sido severamente debilitados; “así como los graves derechos humanos e indígenas, violaciones cometidas contra los habitantes del Parque Canaima y sus alrededores”.

“El empoderamiento y el control que el pueblo pemón había ganado sobre sus territorios ancestrales, y la riqueza mineral que se encuentra allí, llegó a representar un obstáculo para el régimen y las mafias mineras. Esto condujo a la implementación de una estrategia que busca debilitar al pueblo pemón y ganar control sobre las minas donde el pueblo pemón estaba o está trabajando para su propio beneficio. Esto explica el alto grado de conflicto en el área, que se origina en las fuerzas gubernamentales y los grupos criminales, y está dirigida contra el CCGOP, el GTP y las comunidades indígenas”.

“Los casos reportados que involucran agresión contra la comunidad de San Luis de Morichal, el asesinato de José Vásquez, Jefe de la Guardia Territorial de Pemón, la operación de la DGCIM en Canaima y los militares, ataque que tuvo lugar en medio de la llegada de la ayuda humanitaria, comienza a tener sentido en este contexto”.

Revela el informe que “la profunda crisis económica que afecta a todo el país, más el colapso de PDVSA y toda la industria petrolera de Venezuela, agravada aún más por las sanciones impuestas por los Estados Unidos, han hecho que el gobierno sea cada vez más dependiente de la extracción de oro y otros minerales de la región de Guayana”.

“La política minera nacional, enfocada principalmente en el llamado Arco Minero del Orinoco, se ha convertido en un salvavidas para el régimen. Al respecto, es de esperar que las operaciones mineras aumenten en el estado de Bolívar, incluso dentro del Parque Nacional Canaima. De hecho, la actividad minera que se está desarrollando en el Arco Minero y las áreas adyacentes dependen en gran medida de la promoción y protección de la minería caótica, actividad realizada por operadores mineros medianos”.

Los rusos

SOS Orinoco destaca que hay muy poca información sobre la llegada del grupo militar ruso a la zona, pero consideran que “puede estar relacionado con el fortalecimiento de la presencia y la capacidad de vigilancia del régimen y control militar sobre el área”, a la vez que recuerda que ese tipo de actividad por desarrollarse dentro del territorio indígena está sujeta a consulta previa con los líderes indígenas, “pero ninguno de los líderes pemón se ha pronunciado al respecto”.

Entre julio del 2018 y febrero del 2020, dice SOS Orinoco que el movimiento indígena pemón y el control del pueblo pemón sobre su territorio “ha sido severamente debilitado. Se han cometido graves violaciones de los derechos humanos contra los habitantes del Parque Nacional Canaima y sus alrededores. Mientras tanto, el régimen ganó el control político del distrito municipal de Gran Sabana y ha reforzado la presencia de sus fuerzas militares y grupos irregulares o paramilitares”.

Con ello “abre las puertas para mayor ocupación y mayor control sobre las operaciones mineras en la Gran Sabana, dentro y fuera del Parque Canaima, por parte del régimen, exacerbando así todo el impacto ambiental y sociocultural”.

Niños sin escuela

Destaca que, entre las situaciones más sobresalientes y obvias, a partir de febrero de 2020, detectadas en el campo e informadas por testigos oculares, hay varias:

La aparición de nuevos sitios mineros en comunidades donde el único trabajo realizado era la agricultura tradicional y la minería ocasional a la que recurría algún miembro de la comunidad cuando no encontraba trabajo y necesitaba pagar gastos educativos y / o médicos.

“A lo largo de la carretera Troncal 10 hay minas junto a las vías fluviales del Parque Canaima: Uroy Uaray cerca de las cataratas Kama, en Parcupí, en el río Kamoirán, en el Río Aponguao y a lo largo del río Yuruaní en ambas orillas. En el río Apoipó hay aproximadamente 20 balsas trabajando día y noche”.

“Se han consolidado grupos de mujeres indígenas que se oponen a la minería, tales como la Fundación Mujeres del Agua, y las organizaciones Arasari y San Gabriel de Iwo”.

SOS Orinoco destaca que proliferan enfermedades endémicas asociadas con actividades mineras, como la malaria, enfermedades gastrointestinales, leishmaniasis, sarna. “En la comunidad de Kuy Teremepö, todas las familias se enfermaron; por coincidencia, la mayoría de los jóvenes mayores de veinte años trabajan en las minas”.

“Ha aumentado el número de niños que abandonan la escuela en las comunidades de Cuenca del río Kukenán, ya que las familias son atraídas a las operaciones mineras. Las enfermeras y los maestros han renunciado a sus trabajos para ir a trabajar a las minas. Varias escuelas ya no tienen estudiantes porque familias enteras se han mudado de sus residenciales habituales”.

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