Las instituciones venezolanas no buscan justicia, sino venganza contra los implicados en la Operación Gedeón para derrocar a Nicolás Maduro

Violación al debido proceso, exposición de detenidos en condiciones denigrantes, muerte de ocho personas que iban en la embarcación que llegó a Macuto, como parte de la Operación Gedeón y de la cual no se conocen sus nombres, solo el del capitán Robert Levid Colina Ibarra alias Pantera. Imputaciones públicas por parte de Nicolás Maduro, los ministros Néstor Reverol, Vladimir Padrino López y Jorge Rodríguez, además de militares de diverso rango.

Las declaraciones de varios de los involucrados en esa Operación Gedeón, han sido editadas y colocadas a través de los medios de propaganda del Gobierno venezolano. Nadie sabe en qué condiciones se tomaron esas grabaciones. Los gobiernos tendrán derecho a defenderse, pero no a violentar la Ley y mucho menos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aunque el presidente de la Asamblea Constituyente haya dicho que “todo se vale”.

Han sido escasos, casi nulos, los pronunciamientos por parte de las organizaciones que deberían responder ante esa evidente violación de leyes, códigos y Constitución. El Fiscal General nombrado por la Constituyente, Tarek William Saab, sale a respaldar que un hombre armado aparezca en una foto y más allá se ve a una embarcación con varios hombres a bordo y las manos en alta, dice en sus redes sociales: “Vea cómo pescadores venezolanos (apoyados por la FANB) interceptan hoy embarcación de mercenarios que intentó desembarcar para propiciar un golpe de estado y magnicidio en Venezuela… es la respuesta del pueblo humilde a quienes con vanidosa burla ofenden nuestra (bandera)”.

El Fiscal demuestra ahí que ya tiene una posición tomada y emite opinión anticipada. Pero lo inaudito es que el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, le responde: “Efectivamente, se trata del pueblo en armas que se ha hecho Milicia. Conversé temprano con él, se trata del S/2do de Milicia Henry Liendo C.I. 14.787.820, adscrito a la ADI 441, APDI Chuao, UPDI José Casanova Godoy de la ZODI Aragua. Me habló muy orgulloso de ser venezolano”.

Y hay que calificar de asombroso la respuesta del titular castrense, no porque crea que está bien que Liendo sienta orgullo de ser venezolano, sino que el general Padrino López sabe que se está violando la Constitución que le da a la Fuerza Armada el monopolio de las armas. Aunque el alto oficial presentara ante la Asamblea Constituyente una reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, lo que es real es que la Constitución vigente no lo permite.

Artículo 324: sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país, pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos.

No son mercenarios

Un oficial explica a Infobae que “si bien es cierto que la Operación Gedeón es un evento que no es justificable, también es cierto que a quienes han sido detenidos los están presentando como mercenarios y terroristas, cuando la mayoría son militares, compañeros de armas, otros son policías, todos merecen un trato acorde con su condición”.

“Mira, hay una realidad, la que está viviendo el país que también afecta a la Fuerza Armada. Y más allá de lo que haya ocurrido con los intereses particulares de quienes firmaron el contrato con la empresa Silvercorp, la verdad es que la gran mayoría de esos muchachos han sido nuestros pupilos en la institución, que cometieron el pecado de creer en ideales y principios, equivocados o no, pero es indigno el trato que les están dando”.

“La gran mayoría de esos muchachos vienen de hogares humildes, se les ve. Los más rellenitos parecían ser el hijo de Baduel y ese capitán Sequea, todos los demás están delgados, porque debieron haber pasado mucha hambre como pasa con muchos”, finaliza diciendo el oficial.

Hablamos con una joven abogada defensora de derechos humanos y ella expresa, para Infobae, que “la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe toda forma de tortura. El Estado se obligó a ello cuando ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

Explica que un video publicado por la Región de Defensa Integral (REDI) Capital donde aparecen varios rostros de militares y civiles detenidos, algunos con una franja diagonal que dice “neutralizado”, está demostrando “una conducta criminal que viola todo el preámbulo de la Constitución Nacional”.

Se desconoce por qué razón la REDI Capital elimina el video, ninguna autoridad militar o civil dice qué pasó con las personas de las que se menciona ahí como fallecidas, porque a dos semanas de ocurrida la fallida Operación Gedeón el Estado venezolano no ha dado a conocer los nombres de los ocho muertos de los que habló el ministro Néstor Reverol.

El video de la REDI

Para la abogada defensora de derechos humanos y quien atiende varios casos en los tribunales venezolanos, “El derecho penal está constituido como un límite al poder punitivo del Estado cuyo cumplimiento representa, entre otros, la manifestación más simple del respeto a la dignidad de las personas. Para que quienes cometan delitos sean juzgados de manera justa y equitativa, sin excesos que puedan traducirse en venganza o actos de barbarie”.

A su juicio “el video publicado desde una institución como esa, constituye una prueba clara y real de la política criminal del Estado dirigida al exterminio de un grupo político y en este caso de militares disidentes, de manera que la institución se aparte totalmente de la legalidad”.

Agrega que se “está propiciando actos de amenaza públicos, admitiendo ser ejecutor de crímenes con el mayor de los descaros. Y eso está sucediendo en la nariz de una oficina de la ONU, ubicada en Caracas e instalada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

“Esa publicación, tal y como la hizo la Redi Capital en su cuenta Instagram, no es más que la admisión de la barbaridad, el reconocimiento de crímenes aberrantes institucionalizados que desmontan cualquier figura de democracia y deja claro la falta del sistema de justicia y la implantación de una fuerza pública armada dominada por los sentimientos más oscuros, las mentes más criminales sedientas de venganza y cubiertas de odio, incapaz de dirigir acciones para pacificar a la población ni estar encaminado a la sana convivencia de la nación, mandato constitucional que hoy solo es letra muerta”.

La Alta Comisionada Verónica Michelle Bachelet Jeria y los delegados de la Comisión que tiene en Venezuela han demostrado total incapacidad para evitar o atacar la violación de los Derechos Humanos, que aún no han logrado entrar a los tenebrosos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). No hay un solo caso relevante que puedan mostrarle a los venezolanos de la efectividad de esa Comisión más allá de unos informes y tibias declaraciones.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: