El chavismo acusa a tres oficiales detenidos hace tiempo de integrar la junta que iba a gobernar Venezuela si Nicolás Maduro era derrocado

Han pasado casi dos meses desde que los presos, que se encuentran en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), imputados por causas políticas, no ven a su familia, ni siquiera a sus abogados. Las medidas contra el Covid-19 han profundizado la brutalidad y tortura psicológica contra quienes están en esos sótanos infernales. Más allá, en Plaza Venezuela, está el edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) con su lúgubre recinto llamado La Tumba, donde se aplica la llamada tortura blanca.

Algunos de los detenidos en Dgcim llevan dos o más años en una instalación que no reúne las mínimas condiciones para albergar a personas encarceladas. Lo que alguna vez fue un centro provisional de reclusión, ahora es la más sombría mazmorra, en la que además de dolor y lágrimas, ha habido sangre, desesperanza, intentos de suicidio, odio profundo, amor extremo, instintos desconocidos para muchos de ellos. En ese lugar han reducido a algunos de los más brillantes oficiales de la institución armada.

A dos de ellos los ha señalado el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, de estar involucrados en la Operación Gedeón, el más reciente intento de rebelión contra Nicolás Maduro. Se refirió a que la intención era instalar una Junta Patriótica Restauradora, que estaría integrada por el general en Jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel, quien lleva casi 10 años preso, con largos periodos de incomunicación y aislamiento; él sería el presidente.

Como Jefe del Consejo del Poder Legislativo aparece Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y quien desde enero 2019 asumió la figura de presidente interino,

Como Secretario de Estado de la Nación figura en el organigrama el general (GNB) Héctor Hernández Da Costa, uno de los más destacados oficiales de ese componente, quien desplegó una función determinante en el Comando Antidrogas, que tuvo un hecho relevante cuando en el aeropuerto de Maiquetía fue detenida la doctora del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Miriam Morandi, quien se disponía a viajar a Portugal en compañía de Richard José Cammarano Jaimes, solicitado por dos tribunales por delitos de narcotráfico, después que en su vivienda habrían incautado más de mil 200 kilos de cocaína. Morandi es amiga personal de Cilia Flores de Maduro.

Para jefe del Consejo Estratégico de la Nación aparece el teniente coronel (Ej) Igber José Marín Chaparro, quien era Jefe del Batallón Ayala y quien fue detenido a raíz de una reunión, realizada el 2 de marzo de 2018, donde un grupo de comandantes, entre los que se encontraba él, expusieron ante el general Jesús Suárez Chourio cómo mejorar la situación que está viviendo la tropa y afectando a las unidades. Al salir de ahí, fue llamado a la oficina del ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, donde se encontraba el mayor general Iván Hernández Dala, donde le pidieron repetir lo dicho en la reunión, y luego de hacerlo fue arrestado.

Finalmente, y como secretario de Estado para Interior y Justicia, estaba incluido el capitán Antonio José Sequea Torres, un ex funcionario de Inteligencia en la Dgcim y el Sebin, detenido en Chuao, a quien algunos militares señalan de ser un infiltrado en la Operación Gedeón, porque varias veces sostuvo contacto con Diosdado Cabello, después de su participación en los sucesos del 30 de Abril en el 2019, en la Operación Libertad, cuando un grupo de militares, entre ellos comandantes de la Guardia Nacional y comandos del Sebin, se instalaron cerca de la Base Aérea La Carlota en apoyo a Juan Guaidó.

Presos e incomunicados

Cabello Rondón no explicó cómo ese grupo de militares iban a ejecutar una rebelión cuando no les permiten comer bien, mucho menos dormir con alguna comodidad. En la abominable Casa de los Sueños en DGCIM los militares duermen hacinados, en literas de concreto y con un hediondo retrete en medio de la habitación.

Tampoco pueden hacer ejercicio y ni siquiera reciben sol. Con el tiempo sus cuerpos van cediendo al tiempo, a las condiciones adversas, a alimentos muy bajos en carga nutricional, a escasa agua potable. Otro hecho difícil de aceptar es que la mayoría de militares y civiles en ese período de sus vidas.

No hay ducha en la celda por lo que deben esperar que, en algún momento, alguien se percate de su adversidad y una o dos veces a la semana les permitan bañarse. La posibilidad de hacer ejercicios, en ese lugar, está descartada. No hay áreas de recreación, tampoco el acceso a libros o revistas, mucho menos a papel y lápiz para escribir. Ni una foto familiar les está permitido. Ni siquiera llamadas telefónicas.

En el caso del general Baduel, está en el Sebin, después de haber sido trasladado de su última reclusión por el coronavirus desde el anexo de la Policía Militar en las instalaciones internas.

A esos militares minimizados al máximo es a quien el presidente de la Constituyente asegura que van a presidir la Junta Restauradora. Las medidas por el Covid-19 fueron usadas como excusa para cortar cualquier elemento de comunicación con el mundo externo e incluso con el interno.

Y aunque Verónica Michelle Bachellet Leria dejó una comisión en el país con delegados suyos, en realidad han sido poco -por no decir nada- el aporte en lo que frenar o denunciar la violación de derechos humanos que se cometen en los sótanos de la Dgcim.

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