Una carta de militares chavistas presos por el intento de golpe de estado de 1992 revela la diferencia de trato con el que reciben hoy los acusados de rebelión

No tenían ni cuatro meses presos cuando un grupo de veinte militares, encabezados por Hugo Chávez, hicieron un fuerte reclamo por el traslado de un grupo de oficiales presos, de la intentona de Golpe de Estado del 4 de Febrero, para la Cárcel de Yare. Varios de esos militares hoy siguen en el poder, desde que Chávez conquistó la presidencia en 1999.

Observamos la abismal diferencia en cómo fueron tratados ellos y cómo tratan a los que señalan de actos subversivos contra el gobierno de turno. Y no es sólo por los privilegios que con el tiempo se han conocido que recibieron por parte de las autoridades de entonces, sino por el respeto a sus derechos humanos. Incluso, en su programa de televisión Cabello llegó a reconocer que en el cumpleaños de uno de sus hijos, su esposa ingresó una piñata al recinto carcelario y que en ella introdujo unas granadas.

Además, se les permitía escribir, leer, reunirse, discutir, recibir visitas familiares con amplias ventajas de espacio para compartir, además de las conyugales y las de amistades y periodistas. Porque también se les permitieron en esa época ser entrevistados e incluso fotografiados.

Cuando los golpistas del 4 de Febrero fueron detenidos ninguno de ellos fue asesinado ni torturado.

Hoy a los detenidos por causa de rebelión no solo los secuestran, por lo menos durante 30 a 45 días con el llamado “periodo de acostumbramiento”, sino que no les permiten reuniones con sus abogados antes de llevarlos al tribunal, en muchos casos les imponen defensores públicos militares que no los defienden.

Hoy también los torturan física y psicológicamente, les allanan las viviendas donde a muchos les siembran pruebas y a todos les roban dinero, joyas, computadoras, teléfonos, incluso ropa, vehículos y hasta se apropian de sus apartamentos y casas.

Pero una de las praxis más aberrantes que ha impuesto el gobierno particularmente de Nicolás Maduro es detener y amenazar a los familiares de los sospechosos de estar conspirando. Siembran el terror entre los hijos sean adolescentes, jóvenes o niños. Amenazan y atropellan a los ancianos.

En ese escenario, simultáneamente, amenazan y apresan periodistas para imponer la cesura y el miedo. Los castigos van desde prohibirles arbitrariamente las visitas, impedirles el acceso de medicamentos necesarios, incluso de comida y agua potable. En la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se aplican discrecionalmente medidas que van desde impedirles las visitas conyugales, suspenderles las visitas sin razón alguna durante meses, imponer medidas en la forma de vestir o en los implementos que los visitantes deben llevar al momento de ir al recinto carcelario.

Algunos jueces no dan despacho, no dan curso a las diligencias e incluso no responden a las solicitudes de los defensores. Se niegan a dejar constancia de los signos de torturas evidentes con las cuales han llegado al tribunal algunos de los imputados por Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión.

Es impensable que el Ministro de la Defensa hoy en día tenga la gentileza, como ocurrió en esos episodios del 4F, de recibir a las esposas, las madres o los hijos de los detenidos por razones políticas. Mucho menos acceso a la prensa.

Con la excusa del Covid-19, a los familiares y abogados de los detenidos en la DGCIM se les prohibió las visitas, que les lleven comida o medicamentos. Los presos no tienen alguna distracción, mucho menos hacer ejercicio o salir al sol. No se les permite leer ni escribir, tampoco tener alguna foto de sus seres queridos, ni siquiera una llamada telefónica. Desde hace dos meses esos detenidos están abandonados, solos y aislados en su tristeza y encierro.

Veamos la comunicación de aquel 15 de mayo de 1992, que suscribieron varios de los participantes en el intento de golpe de Estado contra el entonces presidente de la Republica Carlos Andrés Pérez.

Así empieza la carta

“Al pueblo de Venezuela. A la conciencia jurídica del mundo civilizado y democrático. A la juventud militar que hemos precedido en la lucha por la defensa de nuestra integridad territorial y de la dignidad nacional para Restablecer la supremacía de la Constitución. A nuestros compañeros de armas de los gloriosos ejércitos latinoamericanos. Al excelentísimo Nuncio Apostólico de su Santidad el Papa Juan Pablo II y a los excelentísimos representantes del cuerpo Diplomático acreditado en Venezuela. A las comunidades que integran las facultades de derecho del país. A los colegios de abogados”, es dirigida la misiva de los militares del 4F.

“Los suscritos, Oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela, soldados del Ejército Bolivariano que el 4 de Febrero del presente año cumplimos con el deber que nos imponen los artículos 51 y 250 de la Constitución Nacional, violada y puesta fuera de vigencia por el actual Gobierno, el más corrupto de nuestra historia republicana, hoy en las celdas de la dignidad, recluidos en la Cárcel de Yare, estado Miranda, en el Cuartel San Carlos y el Fuerte Tiuna de la ciudad de Caracas declaramos:

Recusamos ante la opinión pública, al juez militar que conoce de nuestra causa por considerarlo persona no idónea para conocer de ningún juicio militar por carácter de independencia y autonomía ya que actúa servil y obedientemente no conforme a la Ley, sino a los mandatos del presidente de la República y de su ministro de la Defensa. Este Juez, con su conducta, pone de manifiesto que en Venezuela no existe un Poder Judicial autónomo e independiente, como el que consagra la Constitución Nacional. Trátase de un Juez vasallo, que sepulta al Estado de Derecho y deshonra la Magistratura Militar. Su conducta niega el principio de la separación de los poderes que caracteriza la existencia de un Estado Republicano y Democrático. Aquí, en Venezuela, los Poderes del Estado se encuentran concentrados en manos del Jefe del Ejecutivo. Es decir, vivimos bajo un régimen autocrático y totalitario de gobierno”.

Responsabilizan al entonces Juez Militar Ramón Moreno Natera de no actuar como representante de un Poder Judicial como el que consagra la Constitución Nacional y el Código de Justicia Militar, como jueces autónomos e independientes de los demás órganos del Poder Público. Además de que el Poder Judicial es independiente de las demás ramas del Poder Público en el ejercicio de sus funciones.

“En efecto, el traslado arbitrario de un grupo de Oficiales, con nocturnidad y apremio, desde el Cuartel San Carlos de Caracas, a la Cárcel de Yare lo ordenó dicho Juez Moreno Natera, obedeciendo instrucciones y dictados del presidente de la República y el ministro de la Defensa, cumpliendo una orden. Una vez llevado a cabo dicho traslado, el ciudadano ministro de Defensa manifestó, según lo publicado en la prensa que ello ocurrió porque ‘el Juez comprendió’ y aceptó las argumentaciones que él le había expresado. Posteriormente el Ministro le expresó a las esposas de dos de los comandantes detenidos que ‘fue equivocada la orden de traslado por parte del presidente de la República’”.

Es por demás revelador cuando dicen que “para que se llevara a cabo el traslado de ese grupo de Oficiales a la Cárcel de Yare, fue necesaria una negociación entre los representantes del Ministerio de la Defensa y los Militares detenidos en el Cuartel San Carlos, en presencia de una representación del Ministerio Público y otra de las Autoridades Eclesiásticas de Venezuela, a saber: Que el Traslado se imponía sólo como una medida disciplinaria y temporal que acataban como tal dichos militares detenidos y que en los próximos días serían trasladados de nuevo al cuartel San Carlos”.

“Así pues, en esta negociación no intervino el Juez Militar, sino los representantes del Ministerio de la Defensa. El traslado entonces, de hecho, lo imponía el Alto Mando Militar en base a una promesa en cuyo cumplimiento estaba envuelto el HONOR MILITAR. (La promesa no se cumplió, olvidándose que la palabra es el honor del hombre). El juez militar Ramón Moreno Natera estuvo ausente de esta tragicomedia, físicamente, pero permitió que las Autoridades Militares decidieran, actuaran y negociaran a sus espaldas, obedeciendo órdenes a su vez del presidente de la República. Testigos de esto, y muy calificados por cierto, son los Monseñores Mario Moronta y Diego Padrón, Obispos Auxiliares de Caracas y el padre Arturo Sosa, representante de la Iglesia, el ciudadano Fiscal General de la República doctor Ramón Escobar Salóm, quien estuvo acompañado del Director General de la Fiscalía y del Director de los Derechos Humanos Dr, Antonio Herrera y padre Dr. Luis María Olaso”.

“De todo lo anteriormente expuesto se evidencia que el Juez Militar que conoce nuestra causa no lo es independiente y autónomo, sino más bien un Juez servil y obediente a los dictados del Ministro de la Defensa y a la vez del Presidente de la República, con lo cual todas sus actuaciones estarán fundamentadas no en debido proceso legal, no en la Constitución y las Leyes, pero sí en las órdenes castrenses y políticas del Ministerio y del Presidente”.

Agrega la misiva que por esas razones “hemos decidido negarnos a que seamos impuestos del írrito auto de detención dictado por ese Juez Militar al cual recusamos por ante el pueblo, máximo Tribunal de la República y al cual reconocemos como fuente legítima única de todos los Poderes. Y es que el Juez Ramón Moreno Natera actúa en una relación de supra subordinación con el Ministro de la Defensa, servidor del presidente de la República”.

“A un juez semejante, un distinguido militar retirado, procesado y condenado injustamente por influencias políticas y mercenarias a principios de siglo, le escribió en el expediente al apelarle el fallo inicuo: Hombre cretino y soez,/ cuyas sentencias oprimen,/ tú no eres Juez del crimen/ sino un crimen hecho Juez”.

“Con razón decía un extraordinario jurista latinoamericano, asesinado por los políticos corruptos de su país, al expresarse acerca de un Poder Judicial cortesano y mercenario, que: Cuando el puesto de los prevaricadores de la justicia está en la magistratura judicial, el de los hombres honestos está en la cárcel”.

Finalmente dicen hablar desde “las celdas que dignifican cuartel San Carlos de Caracas sede del batallón lino de Clemente de fortuna y cárcel de San Francisco de yare en el estado Miranda a los 15 días del mes de mayo de 1992”.

Así firman Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Ronald Blanco La Cruz, Luis Valderrama Rosales, José Ángel Calatayud, José Gregorio Vielma Mora, Paúl Lugo Salas, Diosdado Cabello Rondón, Florencio Porras, Gerardo Márquez, Noel Martínez, Antonio Rojas Suárez, entre otros.

Juzguen ustedes si varios de lo que parecían víctimas ayer, hoy se han convertido en victimarios.

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