Empresas Polar, la mayor fabricante de alimentos de Venezuela, alertó este sábado sobre el riesgo de abastecimiento de la red comercial privada y pública que atiende la corporación ante el incremento de los controles y las limitaciones impuestas a la distribución de sus productos.
La decisión del régimen chavista de endurecer los controles de precios en un intento por frenar la galopante inflación, que ha desatado en los últimos días un creciente malestar social que se ha manifestado en algunas protestas y saqueos de comercios. Sin embargo, generó una dura reacción del presidente del conglomerado, Lorenzo Mendoza, quien consideró como “arbitrarias” las medidas aplicadas a Alimentos Polar, una de las empresas del grupo.
Mendoza condenó en un comunicado la venta supervisada de todos los productos que se inició el viernes en una de las fábricas de Alimentos Polar en el centro del país, y las limitaciones que se impusieron a la distribución luego del bloqueo de unos códigos.
“No hay ninguna razón ni justificación para esta medida arbitraria”, dijo el directivo, y advirtió en el escrito que esa acción “atenta contra el abastecimiento de toda la red comercial privada y pública” que atiende la empresa, y que lejos de ayudar a la tranquilidad del país “genera angustia y zozobra”.
Tras reconocer que la pandemia del coronavirus complicó la situación económica crítica de Venezuela, Mendoza exhortó al gobierno al buscar un entendimiento para aumentar la producción y garantizar la seguridad alimentaria de los venezolanos.
Las fricciones entre Empresas Polar y el régimen ocurren en medio de un complejo contexto debido a la paralización económica generada por efecto de la cuarentena, vigente desde mediados de marzo, y la severa escasez de combustible que enfrenta el país petrolero que ha limitado la movilidad de muchos empleados y la distribución de productos.
La reacción de la mayor productora de alimentos del país se da un día después que el gobierno anunció la ocupación por seis meses del Consorcio Oleaginoso Portuguesa (Coposa), que opera en el centro del país, e impuso la “venta supervisada” de productos en Alimentos Polar, la fabrica de embutidos Plumrose y un matadero del estado central de Aragua. “Vamos a ir apretando la mano cada día que pase”, dijo el viernes Nicolás Maduro al anunciar el endurecimiento de los controles de precios para hacer frente a la “guerra brutal contra al pueblo” que aseguró que se impuso como parte de un “plan golpista”.
En el marco de las nuevas políticas el chavismo activó el sábado un plan nacional de fiscalización de mercados y principales cadenas de distribución de alimentos con el apoyo de funcionarios, militares y policías, indicó el sábado el vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, y dijo que a partir del lunes se fijará una nueva lista de “precios acordados” para la agroindustria.
En los últimos meses el régimen había moderado los controles de precio y de cambio estimulando así el crecimiento de las importaciones privadas, que eran financiadas por los empresarios, situación que había contribuido a aminorar la escasez de algunos alimentos y bienes básicos.
En medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, que ha dejado 313 contagiados y 10 fallecidos hasta la fecha (según las cifras oficiales), los precios de los alimentos y otros bienes han sufrido una fuerte aceleración debido en parte al salto de la tasa de cambio del mercado negro, y los problemas de distribución de los alimentos, generados por la escasez de combustible que han encarecidos los costos de transporte.
La inflación alcanzó en marzo 13,3% lo que llevó la tasa acumulada del primer trimestre a 124%, anunció el viernes el Banco Central de Venezuela. El Fondo Monetario Internacional estima que la inflación en Venezuela cerrará el año en 15.000%.
Desde hace dos años la nación sudamericana está sumergida en un proceso de hiperinflación que ha complicado la crisis económica y social y ha llevado a que uno de cada tres venezolanos enfrenten dificultades para llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios, según reveló un informe de febrero del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.
En un intento por compensar el impacto de la paralización económica, el régimen de Maduro comenzó a repartir bonos a los trabajadores formales e informales por un monto equivalente a los dos dólares, que ya resultan insuficiente ante el avance de la hiperinflación.
El galopante avance de los precios, la paralización económica y la escasez de combustible se han convertido en el detonante de algunas protestas callejeras y saqueos de comercios que se han registrado en los últimos días en algunas ciudades del centro y oriente del país. En la localidad suroriental de Upata, estado Bolívar, ocurrió el jueves una violenta protesta que dejó un fallecido y dos heridos por arma de fuego.
(Con información de AP)
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