El régimen de Nicolás Maduro utiliza la Ley del Odio para perseguir a quienes critiquen al gobierno o protesten contra los malos servicios públicos

Venezuela está acorralada, más que por el coronavirus, porque no hay combustible, por hasta 20 horas sin electricidad, poblaciones que durante meses no ha recibido agua potable, tampoco gas doméstico, graves problemas para adquirir medicamentos, con escasez de efectivo y deterioro avanzado de la moneda y la brutal inflación. Las protestas se hacen sentir en diversas localidades, también a través de mensajes en las redes sociales. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro es represión, amenazas, cárcel, miedo.

No solo ha sido la cantidad de periodistas detenidos e imputados, otros amenazados y detenidos por horas, equipos de trabajo robados o material borrado de las cámaras. Pero ha sido quizá más brutal el ataque contra personas a quienes se les ha ocurrido protestar o reclamar por la desastrosa situación que vive en su comunidad.

No es casual que Freddy Bernal, un policía metropolitano a quien Nicolás Maduro nombró en un cargo no legal, como protector del Táchira, dijo: “Toda persona que ha llamado por videos a alterar el orden público, a dar muestras de odio y llamar al levantamiento de la población en estos momentos están detenidos e imputados por la Ley del Odio. He ordenado la detención de todos y cada uno de ellos. Ya ustedes no verán esos videos, porque están en la cárcel (¿?) No lo vamos a permitir. No es tiempo de guarimbas, no es tiempo de payaseos, ni es tiempo de sabotear una acción de protección de la ciudadanía. De esas características hay cinco”, dijo mientras hablaba de los videos. Aseguró que les aplicarían todo el peso de la Ley.

Muchos funcionarios, sobre todo policiales y políticos, envían advertencias para que no se critique al gobierno. En un sonido se oye a un individuo, que dice ser policía, recomendarle a un chica: “Cada quien es libre de poner lo que quiere, pero resulta que hay una Ley que se llama incitación al odio. Eso es si tu pones que por Maduro están pagando 15 millones, que si ese m… gobierno”. Le dice que también se considera así si se dice que se salga a marchar o se exprese mal del gobierno. Incluso el sujeto le dice que si cae presa la van a extorsionar. “Un policía, compañero de nosotros, puso algo en forma de chiste, y fue preso”, dice.

Sin derecho a protesta

Un vecino de San Fernando de Apure dijo que “por un mensaje que se difundió en un grupo de WhatsApp de la urbanización Las Terrazas detuvieron a una vecina. O sea, por algo que es verdad: en San Fernando, en la estación de servicios Texaco y la bomba de Biruaca. Buenas noticias para los venezolanos y pueblo apureño. Ya podrán llenar el tanque de su vehículo, fácil y seguro, sin hacer colas, por tan solo 20 dólares si es un vehículo pequeño, 40$ si es un vehículo de 65 litros a 80 de capacidad y 80$ si es de 110 litros o más. Así como lo leyó. Precios de regalo, solo dólares. Busquen al coronel Torrealba, un tipo morenito, alto canoso, mala sangre con él manda a la gente su secuaz, el teniente de guardia. Ellos le solucionan su problema de gasolina”, decía el mensaje de la indignada mujer.

El periodista Miguel Cardoza, del portal SenderosDeApure, publicó que el pasado sábado 11 de abril se realizó la audiencia de presentación de los investigados por el caso. Destacó que le dictaron a los detenidos libertad bajo presentación y cinco fiadores. “Pero todo cambió el domingo. A los familiares les informaron que la juez tenía 10 días de vacaciones y por lo tanto no había boleta de excarcelación”.

“Los detenidos, recluidos en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), son Adelaida García, Gustavo Gómez y María Mercedes”.

Por otra parte, el periodista Arnaldo Sumoza y los dos dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Lisette Rodríguez y Jean Franco Rocha, fueron excarcelados anoche tras ser detenidos durante una protesta que hubo por falta de agua en El Sombrero del estado Guárico. No quedaron totalmente en libertad, porque les dejaron medidas de presentación cada 60 días ante los tribunales. Es una estrategia usada para obligarlos a permanecer amenazados por la administración de justicia y siempre con prohibición de publicar mensajes a través de las redes sociales.

Otro que fue detenido por colocar en su estado de Whatsapp una crítica contra un funcionario del gobierno fue el doctor Luis Araya, quien es ginecólogo del Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora, estado Lara. Se lo llevó de su consultorio privado, el 15 de abril, una comisión de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Ya antes el galeno había publicado en su Instagram: “No saben el cansancio que traemos, el dolor de ver morir personas, la frustración de fracasar, de no tener suficientes recursos y la vergüenza de haber dicho en vano las palabras: ‘Vas a estar bien’; el llanto no derramado y las horas sin comer por el volumen de trabajo o una experiencia que te quite el apetito”.

El gremio médico y, desde muchas redes sociales, la presión fue intensa. Incluso los médicos advirtieron que si no era liberado harían una protesta nacional. Finalmente, el jueves en la tarde le dieron libertad con medida de presentación luego de haber sido imputado por “instigación al odio”.

Protesta por combustible

Churuguara es la capital del municipio Federación del estado Falcón. Es una pequeña ciudad bastante alejada de Coro, cuyo acceso se hace más difícil por el pésimo estado de la carretera y peor aun desde Barquisimeto. Es una comunidad que funciona alrededor de los fundos o haciendas de ganado, frutas, verduras y hortalizas. Movilizarse hacia los predios sin combustible es una tragedia.

Desde hace años el contrabando es un negocio en el que funcionarios militares sin escrúpulos han sabido lucrarse. Y ahora se hace grave con el negocio del combustible.

Los productores y ganaderos de esa parte de la sierra de Falcón se presentaron al comando de la Guardia Nacional, reclamaron combustible para transportar y distribuir cosechas, carne y queso a la zona, porque más de 800 productores no tienen como transportar sus cosechas ni en el estado ni en los estados vecinos.

La GNB prometió que al día siguiente se iba a surtir. Cientos de vehículos llegaron horas después, pero se presentó el alcalde y dijo que no había gasolina para nadie, solo para los funcionarios. Y cuando los militares pretendieron dispersarlos, con bombas lacrimógenas, la reacción del pueblo fue como la de Fuente Ovejuna y se les fueron en masa agrediendo al burgomaestre así como a varios militares que no pudieron contener la reacción de los enojados pueblerinos desesperados porque se siente la escasez de otros productos.

El gobernador Víctor Clark responsabilizó a los opositores. “Frente al desespero de una dirigencia que se ha quedado sin agenda, pretenden ahora sembrar el caos. No lo vamos a permitir. Ayer quisieron incendiar una estación de servicio en La Sierra. Ya hay un detenido y estamos buscando al otro, de apellido Flores, dirigente del Partido Voluntad Popular, quienes asumieron la autoría del acto. Aquí hay un gobierno serio y no le daremos tregua a disociados extremistas”, fue lo que dijo Clark a través de los medios de comunicación regional.

Al día siguiente de la protesta llegó a Churuguara una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), así como equipos antimotines de la Guardia Nacional a reforzar la seguridad en única estación de servicio dispuesta para el municipio Federación.

El Cicpc llegó, cerca de la medianoche, a la vivienda del productor agropecuario Darío Medina y dijo que debía presentarse al comando de la GNB para que declarar sobre lo ocurrido. Pero lo que hicieron fue trasladarlo a la capital del estado y dejarlo detenido.

El otro dirigente a quien el gobernador dice que están buscando se llama Edgar Flores y a través de un audio dijo que “este problema de la gasolina se ha agravado. Los productores están perdiendo sus cosechas porque no se les permite surtir ni para las motobombas necesarias para las fumigaciones de sus siembras. Solo se les despacha gasolina a personas privilegiadas allegadas al alcalde y a la Guardia Nacional”.

Dice que no fue él quien golpeó al alcalde Cástor Díaz. “Fue una turba. Yo solo di unas palabras de aliento al pueblo de Churuguara, porque se esta viviendo una situación crítica en salud, comida, vialidad. El alcalde de Churuguara debe renunciar”.

La Ley contra el Odio hasta ahora se la han aplicado a quienes se expresen contra el Gobierno o contra quienes protesten contra funcionarios o por malos servicios públicos.

Quienes han amenazado a periodistas y políticos con la Furia Bolivariana no han sido objeto de dicha Ley. Ni siquiera quienes a través del canal de propaganda del Gobierno señalan a determinadas personas que después han sido atacadas verbal o personalmente.

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