Juan Guaidó anunció este martes la creación de la Comisión Especial Presidencial para Seguridad Policial e Inteligencia que tendrá como objetivo retomar la cooperación con agencias internacionales, como la DEA, y hacer foco en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en Venezuela.
“Enfrentamos un enemigo muy poderoso que ha acabado con sociedades, como lo es el terrorismo y el narcotráfico. La Comisión Especial Presidencial para Seguridad Policial e Inteligencia deberá presentar un documento técnico de cómo va a ser el mecanismo de Venezuela para reinsertarse en los tratado con la DEA, en los tratados de la lucha del narcotráfico a nivel internacional, y también deberá compartir información con las agencias de inteligencia internacionales”, señaló el presidente interino de Venezuela, al finalizar la sesión ordinaria virtual de este martes del Parlamento.
La comisión estará integrada por David Smolansky, Asesor Especial de la Presidencia en materia de Seguridad, Inteligencia y Migración; el diputado Carlos Paparoni, Comisionado Presidencial de Inteligencia Financiera y Crimen Organizado; y por el comisario Iván Simonovis, Comisionado de Seguridad e Inteligencia en la embajada de Venezuela en EEUU.
Ellos “serán los responsables de articular todas las medidas de cooperación que se tomarán desde el Gobierno legítimo con la DEA y demás organismos internacionales para la protección de Venezuela y la región del narcoestado”.
“Además, la comisión definirá las líneas estratégicas de seguridad ciudadana en el ámbito policial, continuará con el rastreo financiero producto de la corrupción y articulará a efectivos policiales que han migrado de manera forzosa con los oficiales que siguen activos en Venezuela que no están involucrados en delitos de lesa humanidad ni narcotráfico”, indica el comunicado divulgado por el Gobierno interino.
“Venezuela no es un país de narcotraficantes. Venezuela es un país solidario, fuerte, que ha luchado durante años contra esos flagelos. Por culpa del dictador, hoy señalado de narcotraficante, no vamos a permitir que tachen a nuestro país. Por el contrario, vamos a fortalecer la lucha”, aseguró Guaidó.
Esta medida del Parlamento venezolano se produce en medio de la presión ejercida en las últimas semanas por el gobierno de Estados Unidos sobre el dictador Nicolás Maduro y la cúpula chavista.
El pasado 26 de marzo el Departamento de Justicia norteamericano anunció cargos por narcoterrorismo contra las principales figuras del régimen chavista, y ofreció una recompensa de USD 15 millones a quien ofrezca información que permita el arresto y enjuiciamiento de Maduro.
El Departamento también ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares cada una por información relacionada con Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente; el general (retirado) Hugo Carvajal Barrios, ex director de la Inteligencia Militar de Venezuela (DGCIM); Clíver Alcalá, General Mayor (retirado) del Ejército de Venezuela; y Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional. “Mientras ocupaban puestos clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de los aviones que salen de una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela”, indicaron las autoridades norteamericanas en un comunicado.
El fiscal general, William Barr, señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de las FARC bajo amparo de Maduro. Por ello, acusó al régimen de tramar una conspiración con las FARC para “inundar a Estados Unidos de drogas”. Barr añadió que se estima que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales.
En julio pasado, Washington incluyó al ex vicepresidente chavista Tareck El Aissami en su lista de más buscados por narcotráfico. El Servicio de Inmigración y Control de Aduana advirtió que “desempeña un papel significativo en el tráfico internacional de drogas”. El funcionario de Maduro también es investigado por sus vínculos con el grupo terrorista Hezbollah.
El pasado 1 de abril Donald Trump anunció que Estados Unidos lanzó la operación antidrogas más grande de Occidente, con fuerza naval y aérea, para no permitir que regímenes dictatoriales se aprovechen de la crisis por el coronavirus. La Armada norteamericana envió buques y aviones cerca de las costas de Venezuela después de acusar de “narcoterrorismo” a Maduro.
“El Comando Sur de los Estados Unidos aumentará la vigilancia, las incautaciones, el despliegue de aeronaves, naves y helicópteros destructivos”, señaló el presidente norteamericano desde la Casa Blanca, quien indicó que el objetivo es “proteger al pueblo americano de la escoria de los narcóticos ilegales”.
Durante el anuncio también tomó la palabra el jefe del Pentágono, Mark Esper, quien sostuvo que “el régimen ilegítimo de Maduro se beneficia del tráfico de drogas”.
La dictadura venezolana fustigó estas acciones de Washington y consideró que el operativo antidrogas se trata de un “bloqueo naval” y acusó al presidente norteamericano de usar la lucha contra el coronavirus de pretexto para tomar acciones contra el régimen bolivariano.
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