Un día después de acusar de narcoterrorismo a Nicolás Maduro y otros 13 miembros de la cúpula del régimen chavista, y de ofrecer un total de 55 millones de dólares por información que lleve al arresto de 5 de ellos -15 por el dictador- Estados Unidos advirtió este viernes a sus ciudadanos en Venezuela que corren peligro ante la amenaza de los colectivos.
“La Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela recibió información creíble de que los ciudadanos estadounidenses en Venezuela pueden estar actualmente en mayor riesgo de amenazas o agresión por parte de los grupos armados de mercenarios del régimen venezolano, conocidos localmente como colectivos”, señala un comunicado emitido por la embajada virtual de EEUU en Venezuela.
“La VAU recomienda que los ciudadanos estadounidenses y las personas vinculadas directa o indirectamente a los Estados Unidos, que actualmente residen en Venezuela mantengan un perfil bajo y sólo salgan de su ubicación de cuarentena si es necesario. El gobierno de los Estados Unidos está explorando todas las opciones para ayudar a los ciudadanos estadounidenses a salir de Venezuela”, agrega.
Las autoridades norteamericanas instaron a los ciudadanos que aún no hayan abandonado el país, a registrarse “en el Programa de inscripción de viajeros inteligentes (STEP) para que la VAU pueda contactarlo con información actualizada, incluidas las opciones de viaje, cuando estén disponibles”.
Los cargos fueron revelados el jueves por El fiscal general, William Barr, quien aseguró que las principales figuras del régimen actúan como cabecillas del Cártel de Los Soles, nombre que hace referencia a las insignias que los altos mandos militares venezolanos llevan en sus uniformes y cuya existencia también había abordado por primera vez la ONU en un informe en febrero.
Los miembros de la organización, explican, cooptaron el estado venezolano y se valieron de sus instituciones para, en colaboración con las FARC colombianas, enriquecerse mediante actos de corrupción y el tráfico de cocaína. En paralelo, alega, “inundaron” Estados Unidos de esa sustancia y “perjudicaron a sus consumidores a través de las características dañinas y adictivas de la sustancia”.
Barr añadió que se estima que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales.
“Anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por llevar adelante, junto a sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterroristas con las FARC por los últimos 20 años. El alcance y la magnitud de la droga traficada solo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo”, sostuvo Geoffrey Berman, fiscal federal del distrito sur de Nueva York. Además, sostuvo que la cúpula chavista presionó a otros gobiernos para que permitan el despliegue de la trama criminal.
“Este es solo el comienzo de nuestro esfuerzo para sacar de raiz la corrupción en Venezuela”, sostuvo por su parte Ariana Fajardo, fiscal federal para el sur de Florida. “Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está acabando”, agregó.
El cuadro mostrado por el Departamento de Justicia en la conferencia de prensa muestra una recompensa de USD 15 millones por informaciones que lleven al arresto de Nicolás Maduro. El Departamento también ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares cada una por información relacionada con Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente; el general (retirado) Hugo Carvajal Barrios, ex director de la Inteligencia Militar de Venezuela (DGCIM); Clíver Alcalá, General Mayor (retirado) del Ejército de Venezuela; y Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional. “Mientras ocupaban puestos clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de los aviones que salen de una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela”, acusaron en un comunicado.
Entre otros funcionarios y dirigentes, también se implicó a Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, como principales actores del esquema criminal, y Samark López Bello, un empresario con una serie crímenes vinculados al lavado de dinero en favor de Maduro y El Aissami.
A lo largo del documento, el organismo estadounidense detalla la manera en que lo hicieron, crímenes específicos cometidos por los perpetradores -sobresale la toma de sobornos y lavado de dinero- y hasta la manera en que gastaron parte del dinero malhabido: aviones privados, ropa de lujo y hasta un pago de USD 40.000 al director de un concurso de belleza venezolano son algunos de los ejemplos.
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