El Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos acusó este jueves al dictador venezolano Nicolás Maduro, y a varios de sus funcionarios, de narcoterrorismo y corrupción, y ofreció recompensas millonarias por información que facilite su captura.
El secretario de Justicia de EEUU, William Barr, anunció los cargos en una conferencia de prensa y señaló que el Departamento de Estado ofrece hasta 15 millones de dólares a cualquier persona que tenga información relacionada con Nicolás Maduro para lograr su arresto.
Esta recompensa oficial ofrecida contra Maduro es la cuarta más alta en la historia de Estados Unidos por la captura de un criminal internacional. En el listado de los mayores botines se encuentra primero el ofrecido por el terrorista Osama bin Laden, abatido en mayo de 2011 en Pakistán. Washington puso un valor de 25 millones de dólares por información sobre el responsable del ataque a las Torres Gemelas.
La segunda recompensa más alta es por el terrorista egipcio Ayman al Zawahiri, actual jefe del grupo yihadista Al Qaeda. Se trata del hombre más buscado del mundo, y su detención tiene un precio de 25 millones de dólares.
En el tercer puesto, con el botín más valioso para lograr su captura, está el que cae sobre el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. El Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado ofrece USD 20.000.000 por cualquier reporte que conduzca a su arresto.
Y ahora, desde este jueves, el dictador venezolano Nicolás Maduro Moros se encuentra en el cuarto lugar del listado. La información que lleve a su captura vale 15 millones de dólares.
En el quinto puesto se encontró Abu Bakr al Baghdadi, el jefe del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) abatido en Siria en octubre de 2019. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares a quienes colaboraran para su detención.
La estrategia en Venezuela
En el anuncio de este jueves se explicó que la cancillería estadounidense también ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares en cada caso por información relacionada con Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima; el general retirado Hugo Carvajal Barrios, ex director de inteligencia militar de Venezuela (DGCOM); Clíver Alcalá Cordones, mayor general retirado del Ejército de Venezuela; y Tareck Zaidan el Aissami Maddah, ministro de Industria y Producción Nacional".
Funcionarios estadounidenses señalaron a Maduro como líder de la organización narcotraficante Cártel de los Soles, que, según dijeron, involucraba a políticos de alto rango y a miembros del ejército y el poder judicial venezolanos.
“Mientras ocupaban puestos claves en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluido el control de aviones que parten de una base aérea venezolana, así como el control de rutas de drogas a través de los puertos en Venezuela”, escribió el Departamento de Estado en un comunicado.
El anuncio de Pompeo llega después que el Departamento de Justicia acusara este jueves de narcoterrorismo a las principales figuras de la dictadura. El fiscal general, William Barr, responsabilizó al régimen de tramar una conspiración con las FARC para “inundar a Estados Unidos de drogas”, y denunció que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias del grupo terrorista bajo amparo de Maduro. Barr añadió que se estima que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína sean enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales. Barr también presentó cargos contra ex altos cargos de las FARC, como el ex negociador de paz de la antigua guerrilla Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, por colaborar con el dictador venezolano para traficar con cocaína.
Entre otros funcionarios venezolanos también se implicó a Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa, como principales actores del esquema criminal.
La oferta del Gobierno se produce bajo el Programa de recompensas de narcóticos (NRP) del Departamento de Estado, indicó Pompeo. Más de 75 narcotraficantes fueron llevados ante la Justicia bajo este programa desde que comenzó en 1986. El Departamento de Estado informó que pagó más de 130 millones en recompensas por información que conduzca a esas detenciones.
“El pueblo venezolano merece un Gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades del pueblo y que no traicione la confianza del pueblo al condonar o emplear a funcionarios públicos que se dediquen al tráfico ilícito de narcóticos”, agregó el comunicado. “Estados Unidos está comprometido a ayudar al pueblo venezolano a restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas que les proporcionarán un liderazgo nacional honesto y competente”.
El Departamento de Estado manifestó en repetidas oportunidades sus acusaciones contra las presuntas actividades criminales del chavismo. En julio pasado, Washington incluyó a El Aissami en su lista de más buscados por desempeñar "un papel significativo en el tráfico internacional de drogas”. El funcionario de Maduro también es investigado por sus vínculos con el grupo terrorista Hezbollah.
También ONU analizó la infiltración del narcotráfico y el Cártel de los Soles en el régimen. "Hay indicios de que, en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el ‘Cártel de los Soles’ para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales”, señaló la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual difundido en febrero.
Maduro, sucesor de Hugo Chávez en 2013, fue reelegido para un segundo mandato en 2018 después de un boicot electoral por parte de la oposición, que rechazó los resultados por considerarlos fraudulentos, al igual que buena parte de la comunidad internacional.
Estados Unidos, al igual que otros casi 60 países, apoyan al líder opositor venezolano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), a quien desde enero de 2019 reconocen como presidente interino.
Desde entonces, el Gobierno de Donald Trump presiona por la salida del poder de Maduro, con una batería de sanciones económicas. Pero Maduro conserva el apoyo de China, Rusia y Cuba.
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