Un activista venezolano denunció el contrabando de combustible por parte de oficiales de la Fuerza Armada y se vengaron enviando a sus hijos a una cárcel militar

En los andes venezolanos llaman “ferieros” a quienes producen y trasladan las hortalizas, verduras y frutas a diversos lugares del país, en las llamadas ferias agrícolas. Uno de ellos se llama Robert Maldonado, quien reside en el pueblo de La Grita, municipio Jáuregui del estado Táchira. El pasado jueves 12 de marzo le detuvieron a sus dos hijos de 21 y 22 años. Pero no fue un hecho fortuito: fue la venganza de unos militares que habían sido denunciados por negociar con la gasolina del pueblo.

Maldonado es el vocero de los agricultores de La Grita y desde hace muchos años ha liderado la defensa de ese sector, principalmente contra los cuerpos de seguridad que tienen el negocio de la gasolina. Porque a los policías y militares no les basta con adueñarse de la gasolina que llega al pueblo para los habitantes, sino que han pretendido apropiarse de los 132 cupos que les corresponde a los agricultores o ferieros que distribuyen los alimentos para todo el país. De eso hay muchas denuncias de corrupción, tanto escritas como verbales.

El 25 de junio 2019 Maldonado fue detenido, en una estación de servicio en La Grita, por orden del Teniente Coronel Yasef Arafat Montiel González, comandante de la Guardia Nacional en la zona; eso ocurrió cuando el líder feriero estaba reclamando los cupos que le corresponden a los agricultores. El oficial de la GNB ordenó al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) que lo encarcelaran y lo mantuvieron 11 horas detenido. Fue tal la presión que hubo en el pueblo, sobre todo cuando se volcó a las calles en defensa de Maldonado, que se vieron obligados a dejarlo en libertad.

Esa detención, arbitraria e ilegal, fue denunciada al día siguiente ante la fiscalía vigésima, que tiene la competencia en derechos fundamentales del Ministerio Público en el estado Táchira. Y le agregaron las denuncias de corrupción, incorporando pruebas, ante la fiscalía 23, con competencia en corrupción, pero hasta ahora no han dado respuesta y mucho menos han iniciado investigación alguna.

Grabó a los militares

El combustible en la montaña alta es un insumo importante para garantizar la producción y la distribución de las hortalizas que desde la zona andina salen para todo el territorio nacional.

Hace tres años, por ejemplo, salían unos dos mil 800 camiones semanales, con cerca de 28 millones de kilos de hortalizas, desde la montaña alta del Táchira, que tiene su centro de acopio en La Grita, hacia otras regiones del país. Hoy apenas salen unos 400 camiones que, aunque es un porcentaje mucho más bajo de kilos de hortalizas, en esta época de crisis en Venezuela, representan un número importante.

Las mafias en la zona ya no llevan todo el combustible a la frontera, pero la revenden a los productores. El gasoil es controlado por la Policía Nacional Bolivariana, que lo resguarda para un grupo de pimpineros que siempre son los primeros de las colas para surtirse.

El día 26 de febrero 2020 Robert Maldonado volvió a denunciar públicamente y ante la fiscalía 33 militar los abusos de funcionarios de la GNB del puesto de Piedra de Moler, perteneciente al Destacamento 214 de la zona montaña, porque surtían gasolina con chip manual pegado en la gorra del funcionario copiloto de la unidad de la GNB número 1491. Es decir, usaban un chip robado para surtirse de combustible en la estación de servicio Los Ángeles.

Robert Maldonado grabó el hecho y les exigió a los funcionarios de la bomba de gasolina que tomaran acciones ante lo que estaba ocurriendo y fue por eso que procedieron a cerrar dicha estación. Ya para ese momento el líder feriero había tocado los intereses de varios funcionarios de ese componente militar.

Contra los hijos

El 12 de marzo 2020, 15 días después del incidente con los guardias en la bomba Los Ángeles, un primo materno les pidió a los hijos de Robert Maldonado ir al puesto Piedra de Moler de la GNB en la vecina población de La Fría y preguntar por un vehículo supuestamente de su propiedad.

Cuando Roztbert Daniel y Robert Joan Maldonado Molina llegaron al puesto militar le preguntaron al sargento que está en la alcabala por el vehículo en cuestión. Él respondió que allí no tenía la información, pero que se comunicaría con el destacamento 214 para obtenerla. “Por los problemas de cobertura telefónica debo caminar cuadra y media”, les dijo.

Cuando el sargento regresó de hacer la llamada, invitó a los jóvenes a ingresar al puesto. Minutos más tarde hace presencia el teniente (GNB) Luis Alexis Hernández Hernández, jefe del puesto Piedra de Moler, en compañía del capitán Daniel Vielma, para notificarle a los dos muchachos que estaban detenidos porque la camioneta por la que preguntaron pertenecía al grupo paramilitar Los Rastrojos.

Roztbert Daniel y Robert Joan les enseñaron una fotografía del título que su primo les había enviado. El capitán le solicitó a los Maldonado que del teléfono de una funcionaria telefonearan a su primo y grabaran la conversación para corroborar su versión, lo cual quedó demostrado en la llamada.

Lo insólito es que el capitán (GNB) Daniel Vielma se los llevó para el destacamento 214 de la zona de montaña y los incomunicó de familiares y abogados. Aunque eso ocurrió el jueves pasado, fue apenas el lunes 16, es decir cuatro días después, que los presentaron ante el Tribunal Décimo Tercero de Control Militar en La Fría, a cargo del mayor del Ejército Jhonder Duque.

El fiscal 33 militar, capitán Renee Alphonzo Mora Guerrero, los acusa, sin prueba alguna, de los siguientes delitos: ultraje al centinela y menosprecio a la Fuerza Armada. Y el juez militar los privó de libertad y ordenó su reclusión en la Unidad de Procesados Militares de la cárcel de Santa Ana del Táchira,

Por cierto, en esa Fiscalía 33, el padre de los muchachos había denunciado, tiempo atrás, al Teniente Coronal Franklyn Ribero Bayone, quien hoy es comandante del Destacamento de San Antonio del Táchira, por su presunta complicidad y participación en el contrabando de combustible que mafias llevan de La Grita hasta la frontera.

Violación de derechos y de la Ley

En las maniobras del tribunal y los militares, se argumenta que los jóvenes Maldonado Molina fueron detenidos el jueves 12 a las 5 de la tarde. El sábado 14 el fiscal 33 militar, capitán Mora Guerrero, estuvo en el D-214, aunque ese día se vencían las 48 horas de ley para la presentación fiscal.

Por increíble que parezca, todo en el tribunal militar se lleva a mano. Como no hay sistema, las actuaciones quedaron presentadas ante el tribunal el día 14 de marzo a las tres de la tarde, para cumplir así con el lapso de presentación. Solo presentaron las actuaciones porque a los jóvenes nunca los trasladaron al tribunal.

En los tribunales castrenses se manejan con un retorcido criterio de encubrimiento. El tribunal fijó audiencia para ayer lunes, porque contando con que las supuestas actuaciones entraron al tribunal el 14 interrumpieron el lapso de 48 horas. Dijeron que aun el lunes, cuando habían pasado más de 80 horas, estaban dentro de las 48 horas que tiene el tribunal para celebrar la audiencia y decidir sobre la presentación de detenido y calificación de flagrancia. Es violación al debido proceso.

De esa irregularidad gravísima ya tiene conocimiento la abogada Celeste Buitrago de la Defensoría del Pueblo.

Ahora, también existe detención arbitraria, porque a los muchachos los dejan presos porque los funcionarios de la Guardia Nacional dicen que Roztbert Daniel y Robert Joan los empujaron y los trataron mal, de lo cual por cierto no hay prueba alguna.

Pero si eso hubiese ocurrido, ¿cómo es que lo llevan ante el Tribunal Militar y no antes sus jueces naturales?. Al ser civiles debieron ser presentados ante los tribunales ordinarios. ¿Será que los militares quisieron asegurarse, con sus compañeros de armas, de dejar detenidos a los dos chicos, para vengarse del padre?

Cientos de civiles, en Venezuela, han sido procesados en tribunales militares, violando el derecho a ser juzgados por sus jueces naturales. Tampoco en eso la comisión de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha logrado que el régimen se detenga.

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