Varios familiares y presos políticos tienen profunda decepción al conocer la actualización del informe oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que dio a conocer la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la 43ª sesión del Consejo de DDHH.
“Es más de lo mismo”, dice un militar recluido en el anexo del Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana del Táchira. “La señora Bachelet parece que actúa con precaución por las críticas del Gobierno o sencillamente no se atreve a revelar lo que está sucediendo para no quedar mal con ellos”.
Molly de la Sotta es hermana del capitán de Navío Luis Humberto de la Sotta Quiroga, quien permanece desde hace casi dos años en los inmundos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas; sufrió torturas físicas y hoy está en la Casa de los Sueños, un nuevo conjunto de celdas con condiciones más denigrantes contra quienes son lanzados en ese tenebroso lugar.
Ella reveló en sus redes sociales que “El informe de Bachelet" dejó de informar lo siguiente:
1- Venezuela tiene las cifras más altas de presos políticos en América Latina.
2- No son tratos crueles, la DGCIM tortura.
3- No dejan entrar a sus funcionarios (los de la Comisionada Michelle Bachelet) a la Dgcim, a pesar del convenio que hicieron.
La madre del capitán de Navío de la Sotta Quiroga es Zara de la Sotta, quien denuncia que a los detenidos allí, como ocurre con su hijo, los tienen en condiciones infrahumanas. “Lo tienen en la Casa de los Sueños. Ni siquiera agua tienen. Mi hijo tiene medidas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”.
Lo que sucede en los sótanos de la DGCIM se reveló en un artículo y que ahora las madres, hermanas, hijas o esposas de militares detenidos en los sótanos de la Dgcim reclamaron recientemente.
María Gabriela de Mejías, esposa del coronel Jhonny Rafael Mejías Laya, dijo que su esposo está en la Casa de los Sueños, “en una celda de 2x2, adentro hay una poceta y un lavamanos, sin ducha; solo le permiten salir a bañarse una o dos veces a la semana”.
En el caso del teniente coronel Ruperto Molina, su esposa Keyla Flores narró que “le quitaron las llamadas telefónicas. Tiene tres meses que no recibe luz solar. La celda de 2x2.5, con una poceta, la comparte con dos personas más. Hay una litera, por lo cual uno de ellos tiene que dormir en el piso. No hay ventanas. Tampoco aire fresco, no les permiten recibir sol ni bañarse con regularidad”.
El secreto de Bachelet
La gran verdad que la Alta Comisionada no revela es que los representantes que ella dejó en Venezuela no han sido tratados con consideración alguna. Los han engañado como sucedió cuando visitaron la antigua cárcel de La Planta y a los 58 de los detenidos venezolanos, 30 por la Operación Manos de Papel, seis de la Operación Manos de Metal y 22 de otros casos, los trasladaron, el 9 de marzo de 2019, un día antes de la visita de la Comisión de la ONU, para la “Escuela de Custodia Franklin Ruiz” en La Yaguara vía El Junquito. Los regresaron a La Planta cuando la Comisión de Bachelet se había ido del recinto carcelario.
Otro hecho significativo es cuando llegaron a la cárcel militar de Ramo Verde, escoltados por custodios y la visita guiada por un jefe militar, que asignó con quien hablar y las condiciones en las que se haría.
Pero lo peor ha sido con la DGCIM. Allí no solo no les han permitido entrar, mucho menos hablar con los detenidos por causas políticas, sino que el mismo día que Bachelet se fue de Venezuela, el 21 de junio de 2019, dejando a dos comisionados suyos, era capturado, torturado y asesinado el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
La violación de los derechos en Venezuela ha sido reiterada. No solo que las sugerencias de Bachelet no han sido consideradas por el gobierno de Nicolás Maduro, sino que la Dgcim amplió su área de tortura y construyó un subsótano para recluir más detenidos, a la par que los tribunales militares no respetan el debido proceso. Por ello hay presos que ya cumplieron la pena pero no los liberan.
Lo insólito además es que con la excusa de un plan de trabajo de cooperación técnica entre Venezuela y la Oficina de Bachelet, funcionarios y delegados de la Alta Comisionada realizaron en Caracas el Taller de Formación sobre los Procedimientos Especiales del Consejo de DDHH de la ONU.
El evento, que se realizó en el Círculo Militar de Caracas, estuvo a cargo de Hélène Devaux, coordinadora adjunta de la Oficina de la ONU en Venezuela; Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y el mayor general (Ej) Edgar Rojas Borges, presidente de la Corte Marcial y Circuito Judicial Penal Militar, quien además ha sido señalado por permitir la violación de los derechos humanos de muchos militares detenidos.
En el taller también estuvieron representantes de la Fiscalía, del Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y de los ministerios del Interior y Justicia, del Servicio Penitenciario, el de la Mujer e Igualdad de Género y el de Defensa.
Larry Devoe dijo que como Venezuela ocupa por tercera vez un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “eso nos obliga a ser aún más eficientes en nuestro proceso de relación con esos procedimientos especiales del CDDHH”.
El 27 de febrero, en la 43 Sesión Ordinaria del Consejo de DDHH de la ONU, Bachelet valoró “positivamente el acceso y la colaboración mantenida con mi Oficina desde mi última actualización oral a este Consejo”.
En su informe oral se refirió a las agresiones contra los periodistas y a los allanamientos de un partido político, ONGs, y oficinas de medios de comunicación. “Además, mi Oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar en Caracas”.
Dijo: “Lamento la detención a finales de 2019 del diputado Gilber Caro y de su asistente Víctor Ugas. El diputado Caro continúa privado de libertad sin que oficialmente se conozca el lugar de su detención. Asimismo, el diputado Ismael León fue detenido y se encuentra bajo arresto domiciliario”.
A horas de Bachelet haber presentado su informe oral, ya hay otro parlamentario preso o desparecido en manos de la Dgcim; es el diputado Renzo Prieto.
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