La dictadura de Nicolás Maduro jamás le perdonó a Juan Guaidó que se juramentara como presidente encargado de Venezuela, el 23 de enero de 2019. Desde aquella fecha, el régimen emprendió una campaña de persecución sistemática contra el líder opositor. Esa campaña tuvo una particularidad: los más afectados fueron los miembros de su entorno. Como no se atreven a ir directamente contra el presidente de la Asamblea Nacional (AN) por temor a la reacción de la comunidad internacional, la dictadura apunta a su circulo más íntimo.
La lista de personas cercanas a Guaidó que se encuentran hoy tras las rejas se hace cada vez más larga y variada. La conforman desde colegas diputados, compañeros de partido, miembros de la junta directiva de la AN y hasta sus propios familiares. Se suman a los 351 presos políticos contabilizados por la ONG Foro Penal.
Todos han experimentado el peso de las cadenas de la dictadura, pero otros, incluso, han corrido con peor suerte: es el caso del concejal del municipio Sucre del estado Miranda, Edmundo Rada, mejor conocido como “Pipo”, quien murió asesinado en un episodio del que Guaidó responsabilizó al régimen, así como la de Fernándo Albán, otro concejal que murió dentro de unas de las cárceles del régimen aparentemente torturado, según denuncian voceros de la oposición.
Sin embargo, la pregunta que se hacen muchos es: ¿por qué el régimen no se atreve a ir directamente contra Juan Guaidó?. ¿A qué le temen?
Desde su acto de juramentación como jefe interino del ejecutivo nacional, frente a una multitud de personas en las avenida Francisco de Miranda al este de Caracas, Guaidó recibió el respaldo rotundo de casi 60 gobiernos del mundo, siendo el primero de ellos el de Estados Unidos.
Desde un primer momento el gobierno norteamericano ha brindado un fuerte respaldo a la lucha libertaria que ha emprendido Juan Guaidó en Venezuela y han hecho advertencias a la dictadura chavista asegurándole que, si llegara a actuar contra el líder opositor, el gobierno de los Estados Unidos reaccionaría de manera enérgica contra la dictadura.
La Casa Blanca, a través de sus distintos voceros, le ha hecho saber tanto al dictador venezolano, como a quienes lo mantienen en el cargo, que las consecuencias a las que se vería enfrentado en caso de que llegase a poner en riesgo la vida o la seguridad del presidente interino, podrían ser catastróficas. Por el contrario le han ofrecido salidas para dejar el territorio, mudándose a otro país, para dar paso a una transición confiable en la nación suramericana.
Antecedentes como los de Saddam Hussein o el más reciente contra el general iraní Qassem Soleimani, son muestras de que a los Estados Unidos no les tiembla el pulso al momento de tomar cartas en el asunto contra sus detractores más incómodos e insolentes.
La dictadura sabe que el país no podría soportar un solo ataque del ejército más poderoso del mundo: “sería un suicidio” reconoció Freddy Bernal, uno de los dirigentes más férreos del chavismo.
Es tal vez por esta razón que a Maduro y sus secuaces le tiemblan las piernas y no se han atrevido a encarcelar a Guaidó.
Sin embargo, el régimen no se ha quedado de brazos cruzados. Primero, rompió relaciones diplomáticas con Washington y expulsó al encargado de negocios en Caracas; luego, en cuestión de días le dictó una medida de prohibición de salida del país al presidente encargado. No obstante, desde entonces Guaidó salió no una, sino dos veces del país burlando las amenazas del chavismo.
Fue justamente durante esos viajes que el régimen tomó severas represalias contra el entorno del líder opositor con la finalidad de “quebrar su voluntad de lucha” y detenerlo en su afán de buscar la ayuda internacional y las sanciones necesarias para conseguir la salida de Maduro del poder.
Como les asusta ir contra él, atacan a personas cercanas, para presionarlas hasta conseguir información de los planes del líder opositor y para chantajearlo poniendo en riesgo la vida de los privados de libertad.
Se podría decir que la dictadura chavista actúa como una organización criminal, que cuando se siente amenazada, secuestra a dirigentes políticos y a sus familiares, para utilizarlos como rehenes con los que pueda extorsionar a sus opositores.
Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó
El primero en caer tras las rejas de la dictadura fue Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado, considerado por muchos como la mano derecha de Guaidó. Marrero fue víctima en marzo pasado de un brutal allanamiento del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que ingresó de manera violenta a su casa y se lo llevó detenido.
Los agentes del Sebin, detallaron pruebas contra Marrero en dos informes que dijeron que habían recopilado seis días antes, el 15 de marzo de 2019, según los registros judiciales.
Los informes incluían una acusación de que Marrero había contrabandeado armas y explosivos desde Colombia, así como publicaciones en redes sociales que los fiscales llamarían más adelante como un acto de traición.
La falsedad de esas acusaciones fue confirmada tiempo después por el propio ex director del Sebin. Manuel Cristopher Figuera, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos luego de rebelarse contra Maduro, reconoció que las pruebas con las que procedieron a la detención de Marrero fueron “forzadas” y le “sembraron armas”.
“Iván Hernández Dala (director de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar -DGCIM- y de la Guardia de Honor Presidencial) fue el responsable”, dijo Figuera a propósito de la operación con la que llevaron a Marrero a la cárcel. Luego continuó: “Maduro me dijo que había que meterlo preso... sembrándole armas”.
Norka Máquez, madre de Guaidó
Figuera reveló también que el plan del régimen en primera instancia no era contra Marrero: el funcionario chavista aseguró que había recibido “órdenes” para apresar a Norka Máquez, la madre del presidente encargado.
El ex director del Sebin declaró que la orden llegó del propio Maduro. “Hay que meter presa a la mamá”, dijo el dictador. “De eso te encargas tú”.
Figuera narró que tenía la información de que en ese momento la mamá del presidente interino, se encontraba hospitalizada en una clínica de la ciudad de Caracas aplicándose un tratamiento por la reaparición de un cáncer.
El ex director del Sebin aseguró que convenció a Maduro de desistir de la idea de apresarla, debido a que se trataba de una paciente oncológica que se encontraba muy grave de salud, por lo que Maduro le ordenó: “tendrás que meter preso al jefe del despacho”, siendo esta la razón por la cuál Marreno se encuentra hoy tras la rejas.
Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la AN
El segundo en caer fue Edgar Zambrano, quien se desempeñó hasta enero de este año como primer vicepresidente de la AN, es decir, trabajaba codo a codo con Guaidó en la toma de decisiones parlamentarias y fue quien se quedó al frente del poder legislativo durante la primera gira del mandatario encargado.
Zambrano, junto a otros nueve diputados de la opositora AN, fue acusado de participar en la movilización militar del 30 de abril liderada por Guaidó. Desde mayo pasado, el parlamentario permaneció bajo custodia del Sebin.
El arresto de Zambrano, pareció una operación cinematográfica que incluyó el uso de una grúa para poder llevárselo, ya que el diputado se rehusaba a bajarse de su vehículo para ser secuestrado por las fuerzas de la dictadura.
Luego de someterlo a 132 días en prisión, el régimen de Maduro ordenó su excarcelación como parte de “acuerdos parciales” suscritos entre el gobierno y partidos opositores minoritarios al margen de Guaidó. No obstante, le dictaron la obligación de presentarse ante el juzgado cada 30 días y la prohibición de salida del país.
Así, el régimen demostró operar como una banda delictiva: soltó a uno de sus rehenes, luego de conseguir que una denominada “oposición” hecha a su medida, muy al estilo del dictador soviético Iósif Stalin, accediera a un nuevo diálogo. Dándole un mensaje a Guaidó de que si accedía a las reuniones, liberarían a más presos políticos.
Gilber Caro, diputado y compañero de partido de Guaidó
El siguiente en la lista del chavismo fue el diputado y compañero de partido de Guaidó, Gilber Caro. El parlamentario por el estado Miranda fue presentado ante la justicia chavista después de varias horas de desconocer su paradero, el pasado diciembre.
El partido Voluntad Popular (VP) denunció, además, que Caro fue “salvajemente” golpeado y que “la intención era sembrarles armas y/o explosivos”.
Según voceros del partido, el régimen quería comprar la voluntad del diputado para que no votara a favor de Guaidó en su reelección como presidente de la AN el pasado enero. y como parte del castigo por no haber accedido a los caprichos de los socialistas, lo encerraron en los calabozos de la dictadura.
“Querían que Gilber se prestara para el juego macabro que cargan para hacer ver que Gilber se había vendido. Hago responsable al régimen de lo que le pueda pasar”, dijo Yeidi Caro, hermana del diputado, mientras su abogada denunció su “detención arbitraria” y exigió la inmediata liberación.
En mayo pasado, Caro ya había sido secuestrado por agentes del Sebin y llevado -sin orden judicial- a su sede en el centro de la capital venezolana, donde estuvo detenido cerca de un mes y medio.
Esta es la tercera vez que el Palacio de Miraflores viola la inmunidad parlamentaria de Caro, quien había sido detenido ya en enero de 2017 y junio de 2018.
En 2017 el diputado, cuyas condiciones de detención fueron denunciadas por ONGs como Amnistía Internacional, sobrevivió a una dura huelga de hambre pero salió muy desmejorado de la prisión en junio de 2018.
José Márquez, tío de Guaidó
La víctima más reciente de la dictadura fue Juan José Márquez, tío materno de Juan Guaidó, detenido tras regresar a Venezuela junto al mandatario interino luego de su gira internacional en Europa y Estados Unidos.
El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que el tío de Guaidó fue detenido por trasladar en un avión comercial “explosivos químicos” y chalecos antibalas no declarados”.
Cabello, aseguró que la desaparición del pariente de Guaidó no fue forzosa. Además resaltó que la oposición piensa que “por ser tío de Juanito Alimaña -forma en la que Cabello se refiere a Guaidó- hay que soltarlo. Pues no y mil veces no”, exclamó el líder chavista.
Todo apunta a que el encarcelamiento de Márquez fue el castigo que el régimen le dio como respuesta a Guaidó por los éxitos conseguidos en su gira y por la sanción que Estados Unidos había aplicado días atrás a la aerolínea estatal Conviasa.
El ex director del Sebin Cristopher Figuera, uno de los mayores conocedores de la forma en la que opera la dictadura a través de los organismos de seguridad del estado, dijo que lo que le hicieron a Márquez fue un “secuestro”, debido a que "no hubo elementos de ley” para apresarlo y tampoco se le informó a la familia sobre la ubicación cuando “fue llevado por la fuerza” a los calabozos de la DGCIM.
Figuera también denunció que el ministro de comunicaciones de la dictadura, Jorge Rodríguez, es quien se encarga de “construir un guión con elementos creíbles” para “tratar de convencer a la gente”. Además señaló que todo lo que Rodríguez “le sugiere a Maduro hacer para desprestigiar a una persona, Maduro no duda en que se ejecute”.
Todo, siempre con el mismo objetivo: “quebrar la voluntad de lucha” de Guaidó.
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