Los defensores públicos de Venezuela presionan a los imputados por causas políticas para que se declaren culpables “para que salgan rápido”

Los defensores públicos, los jueces y los fiscales militares son parte del perverso sistema que se ha instaurado para violar los derechos humanos y violentar el debido proceso de los presos en Venezuela, imputados por Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión. Alegando que reciben “órdenes superiores” presionan a los detenidos para que se declaren culpables con la excusa de que así “saldrán rápido”.

Desde hace algunos años, especialmente desde el llamado Golpe Azul u Operación Jericó, que supuestamente se llevaría a cabo en febrero 2015, algunos jueces han impuesto, de manera arbitraria, a los defensores públicos, usando maniobras distractoras e incluso de retardo, al negar el acceso al tribunal de los abogados privados.

Uno de los tribunales más señalados por imponer a defensores públicos es la de la jueza militar primera de control Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón quien lleva muchos de los casos más emblemáticos, por delitos como Traición Militar e Instigación a la Rebelión imputados a militares de diverso grado

En los tribunales militares se aplica la justicia de manera discrecional. El presidente del Circuito Judicial Penal Militar y de la Corte Marcial, es el mayor general (Ej) Edgar José Rojas Borges, quien fue fiscal militar, y quien sería cómplice necesario en la violación de la Ley. Aunque es un hombre poco respetado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y mucho menos en la administración de Justicia, se ha encargado de decirle a muchos familiares y abogados de detenidos que actuará para que se aplique la justicia, cuando en realidad lo que hace es profundizar su violación, tal como ocurrió con el caso del primer teniente y piloto Peter Alexánder Moreno Guevara, quien debió salir en libertad el 20 de octubre 2019, cuando cumplió la pena impuesta por el tribunal.

Han pasado cuatro meses desde que los familiares de Moreno Guevara se reunieron con Rojas Borges, y éste reconoció que a más tardar a las 6 de la tarde de ese día el primer teniente estaría en libertad y los envió a las puertas de la cárcel Militar de Ramo Verde a esperar su salida. Allá estuvo su esposa María Carolina Mesa de Moreno, con sus hijas, durante tres horas, pero Peter no salió. El presidente de la Corte Marcial no dio ninguna explicación y desde entonces se negó a recibirles.

Igual ha sucedido con familiares de otros detenidos a quienes el oficial les ha prometido el cumplimiento de los procedimientos judiciales, no siendo más que una burla.

Consejos profesionales

Los defensores públicos militares casi siempre son de bajo rango militar, que por la estructura piramidal de la Fuerza Armada obedecen a la cadena de mando, sin que su prioridad sea la defensa de su representado.

Varios de ellos tienen cientos de casos que atender, casi nunca visitan a los detenidos y mucho menos les brindan la asesoría legal más adecuada. La mayoría de ellos lo que hacen es recomendarles a sus defendidos que se declaren culpables, asegurándoles que así saldrán en libertad inmediatamente o en unos meses a sabiendas de que eso no se cumplirá.

Hay muchos casos donde quienes se han declarado culpables siguen presos, porque lo que se cumple es la orden que haya dado algún jerarca político o militar del Gobierno de Nicolás Maduro. Hay casos insólitos donde una persona puede permanecer detenida durante años sin que nunca se le haya iniciado el juicio.

Los representantes de la Defensa Pública Militar no hacen las diligencias necesarias por su defendido, no evacúan pruebas, ni siquiera reclaman por las condiciones que tienen en los lugares de reclusión, cuando se les suspenden las visitas, se les cambia de recinto carcelario a capricho de algún funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ni siquiera cuando son torturados o sus familias amenazadas o allanadas.

La capitana de corbeta Carelys Alexándra Araujo Torín es la Defensora Pública del Tribunal Primero de Control, no hace ninguna diligencia ni actúa ante las denuncias de tortura. Ahora que se reanudaron los juicios, como en el caso de los drones, así se llama al intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el 4 de agosto 2018, en la avenida Bolívar de Caracas, se ha dedicado a visitar a los imputados para proponerles que se declaren culpables para negociar la pena.

Ella es la defensora de varios de los presos por el caso Armagedón, entre ellos el del mayor Ricardo González Torres, ciudadano Antonio José de Gouveia, teniente coronel Ruperto Molina y mayor Adrián de Gouveia; el teniente coronel Rafael Díaz Cuello, del caso de los drones; teniente coronel Freddy Mogollón del asalto al Fuerte Paramacay u Operación David, entre otros.

La actuación de militares en las figuras de jueces, fiscales y defensores públicos coloca en estado de indefensión a los imputados o señalados por razones políticas o considerados sospechosos de estar conspirando contra la revolución Bolivariana.

Es ahí donde los cuerpos de inteligencia han tenido su mayor apoyo para violar los derechos humanos, para negar el debido proceso y para torturar a los detenidos y colocarlos en estado de indefensión y vulnerabilidad extrema.

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