El enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, anunció este lunes la intención de su gobierno de intensificar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Lo hará mediante nuevas sanciones a individuos o compañías que violen las ya numerosas restricciones impuestas a la actividad.
En una entrevista con Reuters, Abrams explicó que Washington pondrá el foco específicamente sobre los clientes de la dictadura, incluyendo los de Asia, así como intermediarios que la ayudan a ocultar el origen del crudo que continúa exportando.
El anuncio llega casi una semana después de que Estados Unidos sancionara a la filial de la petrolera estatal rusa Rosneft por sus operaciones comerciales con el régimen chavista; y que Maduro anunciara la designación del ex vicepresidente Tareck El Aissami al frente de PDVSA en el marco de una restructuración de la petrolera, decisión fuertemente cuestionada por la administración de Donald Trump.
Respecto de las sanciones, el Departamento del Tesoro explicó que la medida fue aplicada “por operar en el sector petrolero de la economía venezolana” e implica el blqoueo de los activos de la empresa que estén bajo jurisdicción estadounidense. Además, afecta a cualquier otra entidad manejada por la firma con un 50% o más de acciones.
En ese entonces, Abrams, a cargo de proveer más detalles de la medida, había explicado que el mes pasado la empresa sancionada facilitó el envío de 2 millones de barriles a África Occidental. Y destacó que la subsidiaria maneja el 70% del petróleo venezolano, por lo que indicó que se trataba de un paso muy significativo.
También, la medida incluyó sanciones para Didier Casimiro, presidente del directorio de Rosneft Trading, quien “tuvo reuniones con oficiales de PDVSA que incluyeron proyectos de asoramiento y oportunidades para fortalecer la relación estratégica”.
Sin embargo, las autoridades explicaron que este bloqueo no aplica a la firma principal, Rosneft Oil Company, y otras subsidiarias o afiliadas que no estén bajo el control de la firma de trading. De esta manera, los ciudadanos estadounidenses no están impedidos de mantener sus negocios con la matriz rusa.
En ocasión del anuncio, Abrams había anticipado más sanciones. Y hoy dio nuevos detalles respecto de la dirección en la que apuntarán.
Con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones contra Rosneft, Maduro anunció el pasado miércoles la “emergencia energética” y la consecuente restructuración de PDVSA. Indicó a su vez que a cargo de ella estará Tareck El Aissami, quien se encuentra sancionado personalmente por distintas entidades del gobierno estadounidense.
La respuesta de Estados Unidos no tardó en llegar: “Poner a El Aissami, uno de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, por su acrónimo en inglés), a cargo de reestructurar la industria petrolera de Venezuela es como poner a un pirata al frente de la Armada. Es necesaria una mayor presión internacional para liberar al pueblo venezolano del narcoestado de Maduro”, expresó el Subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.
Kozak hacía referencia al hecho que, a mediados de 2019, la agencia estadounidense incluyó a El Aissami en su lista de más buscados, calificándolo como un “narcotraficante especialmente designado por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de drogas”. También había sido imputado en marzo de 2019 por una corte federal de Manhattan y en 2017 años el Departamento del Tesoro lo sancionó después de investigar acusaciones en su contra por trabajar con narcotraficantes.
Sin embargo, Bloomberg reportó que el régimen tendrá serias dificultades para encontrar a otra compañía dispuesta a llevar a cabo las operaciones de Rosneft, lo que representará un nuevo golpe contra la ya vapuleada PDVSA.
La misma agencia de noticias indicó que en enero de 2020 la producción de crudo disminuyó en un 36 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior. Se produjeron 733.000 barriles por día, una cifra que se encuentra extremadamente lejos con los dos millones que Maduro había prometido. En sus épocas de mayor actividad, PDVSA llegó a producir tres millones y medio de barriles por día.
La decisión también llega en medio de reportes acerca de la posibilidad de que el régimen renuncie a su histórico monopolio sobre la industria petrolífera y otorgue participaciones mayoritarias y el control de la industria a corporaciones multinacionales.
Si bien una de ellas era Rosneft, otras dos no han sido específicamente alcanzadas por las sanciones. Son Repsol SA de España y Eni SpA de Italia. La idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la deuda de la compañía estatal, Petróleos de Venezuela SA a cambio de activos, según le dijeron personas con conocimiento del tema a Bloomberg.
No obstante, de concretarse, la iniciativa enfrentaría grandes obstáculos. Las leyes venezolanas tendrían que modificarse y hay desacuerdo respecto a la manera en cómo financiar las operaciones.
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