Morir en la frontera: en 2019 hubo 1.850 víctimas y 484 enfrentamientos armados en los seis estados limítrofes de Venezuela

El Observatorio FundaRedes presentó la Curva de la violencia en seis estados fronterizos de Venezuela durante el 2019, destacando que concentran gran parte de la ola de criminalidad en Venezuela. Ellos son Bolívar, Táchira, Falcón, Zulia, Apure y Amazonas, en los que ocurrieron 1.850 muertes por homicidio, 104 desapariciones y secuestros, y 484 enfrentamientos armados.

Revela el informe que fueron cometidos variedad de crímenes, “desde homicidios con desmembramientos y decapitaciones, como los registrados en Táchira, Zulia, Bolívar y Falcón, así como incineración de cadáveres, infanticidios, feminicidios y masacres en áreas urbanas y comunidades indígenas”.

Aseguran que encontraron un patrón en lo que los organismos de seguridad del Estado presentan como “enfrentamientos”. “Los hechos sucedieron en circunstancias prácticamente similares, sólo cambió el escenario, pero en todos los casos las víctimas murieron en el lugar de los hechos. Un punto de coincidencia es que los familiares de las víctimas solicitaron derecho a réplica para desmentir que se haya tratado de enfrentamientos” y con versiones que coinciden en que se trataría de ejecuciones extrajudiciales.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como algunas policías estadales, son los organismos que más aparecen mencionados en las denuncias sobre este tipo de hechos.

FundaRedes considera que el incremento de los supuestos enfrentamientos en los territorios fronterizos obedece más a una política de exterminio delincuencial, aplicada por los organismos de seguridad del Estado desde 2017. También a “procedimientos de grupos armados irregulares por el control de territorios, principalmente de Táchira; pugnas entre bandas delictivas y de fuerzas de seguridad del Estado contra la delincuencia común”.

Las cifras que evidencian un incremento totalizan 692 muertos en “enfrentamientos” o “ejecuciones extrajudiciales” en los seis estados analizados en el transcurso de 2019.

El silencio

Afirma FundaRedes que, desde hace cerca de tres años, los organismos de seguridad recomiendan a familiares de desaparecidos y secuestrados no revelar información a los medios de comunicación. El argumento es que así llegarán a una rápida solución de los casos. “No obstante, para las organizaciones no gubernamentales como FundaRedes, lejos de lograr ese propósito, resulta una forma de silenciar el delito y avalar la impunidad, más aún en los últimos años cuando la participación de funcionarios policiales en secuestros y extorsiones ha sido una práctica común, muchas veces en alianza con delincuentes”.

Eso explicaría que la prensa tiene poco acceso a este tipo de informaciones, solo lo tuvo cuando las víctimas fueron halladas sin vida. “En Táchira y Zulia es donde más casos de secuestro y desapariciones se conocieron en 2019”.

Otro tipo de desapariciones ocurrieron en el estado Falcón. “Ahí 38 personas fueron denunciadas como desaparecidas, luego de abordar embarcaciones para emigrar del país. En estos casos se habló de redes de trata de personas que secuestran a los migrantes”.

En el estudio realizado por el observatorio determinaron que “Táchira es uno de los estados fronterizos con mayor variedad criminal”. En 2018 la tasa de homicidios fue de 23 por cada 100 mil habitantes, cifra que en 2019 ascendió a 26,36 por cada 100 mil habitantes, al registrarse 316 muertes por esa causa. “En total hubo 316 víctimas”.

De los 29 municipios del Táchira, el mayor número de homicidios ocurrió en Pedro María Ureña (20,57%), el municipio donde la guerrilla ha enfrentado a los paramilitares para controlar el territorio, que tiene como principal atractivo la poderosa industria del contrabando. Le sigue la capital San Cristóbal (8,54%), Bolívar (8,23%), García de Hevia (8,23%) y Fernández Feo (6,33%). 90% de esos crímenes fueron cometidos por arma de fuego.

“Los principales victimarios fueron grupos armados irregulares (cerca de 70% de los casos), y el móvil principal fue el sicariato (más de 25%). 20 víctimas eran mujeres”. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes entre 20 y 35 años de edad.

Oro sangriento

En el estado Bolívar se libra la guerra por el control de las minas de oro. Es el estado con el índice más alto de violencia con una incidencia muy significativa de homicidios seguido de enfrentamientos o ejecuciones extrajudiciales y secuestros y/o desapariciones.

Es un mineral bañado de sangre. “Los medios de comunicación digitales reseñaron que durante 2019 hubo 869 homicidios: 532 asesinatos y 337 muertos en ‘enfrentamientos’ o ‘ejecuciones extrajudiciales’, con una tasa de 36,59 por cada 100 mil habitantes”.

Lo más doloroso es que entre las víctimas resaltan 32 niños y/o adolescentes. Entre los hombres la mayor incidencia se dio de 18 a 45 años de edad. “El municipio más violento fue Caroní con 54,35% de los casos” y en la mayoría de los sucesos estuvo presente un arma de fuego.

“Los principales victimarios fueron la delincuencia común, grupos armados irregulares y las mafias que operan en la extracción minera (sindicatos). Los móviles fueron: 41,78% hechos delictivos no esclarecidos. 19,34% sicariato, 14,31% robos, 10,44% ajuste de cuentas, 4,84% supuestos enfrentamientos, 2,71% violencia de género y 1,74% en protestas sociales”.

En el 2019 ocurrieron en Bolívar 28 secuestros y/o desapariciones, entre las víctimas figuran dos efectivos del Ejército; tres mujeres (una hallada asesinada); un niño de 4 años (asesinado) y 16 hombres, dos de ellos asesinados.

“La presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Bolívar es pública y notoria. En septiembre de 2019 el diputado a la Asamblea Nacional Francisco Sucre lo denunció luego de viajar a esa entidad, pues en un punto de control del Ejército, en la isla de Anacoco, los efectivos militares le advirtieron que unos 800 metros más adelante había una alcabala del ELN”.

“En completa impunidad actúa este grupo armado colombiano desde antes de 2017; constantemente sostiene enfrentamientos con ‘sindicatos’ mineros (mafias organizadas que pugnan por el control del Arco Minero y las minas de coltán, entre otros) que han dejado un número no precisado de víctimas en masacres y asesinatos individuales. Estos hechos son calificados por las autoridades gubernamentales como ‘confrontaciones entre grupos criminales rivales’, sin reconocer la implicación de la guerrilla”.

A Zulia lo describe el informe de FundaRedes como una bomba de tiempo. “La frontera en Zulia tiene en común con Táchira la presencia de grupos armados irregulares colombianos, lo que hace esta zona particularmente violenta. En esa entidad desde hace años es un secreto a voces la toma de varios municipios, sobre todo Catatumbo, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y más recientemente por el grupo paramilitar Los Rastrojos. Adicionalmente, existen estructuras de crimen organizado”.

No es casual que el año pasado se registraron 388 homicidios con una tasa de 4,67 por cada 100 mil habitantes.

En el caso del estado Falcón, considera FundaRedes, está planteada una lucha de poderes. “Es donde hay menor presencia de guerrilla y grupos paramilitares”, pero es la más afectada por otras organizaciones criminales, algunas de reciente surgimiento.

Para FundaRedes, a los estados Amazonas y Apure la caracteriza la censura y limitaciones informativas. “Una data completa de hechos violentos como homicidios, enfrentamientos, secuestro y/o desapariciones ocurridos desde enero hasta diciembre de 2019 en los estados fronterizos Amazonas y Apure resultó imposible de registrar debido a la inexistencia de medios de comunicación social tradicionales y/o portales digitales informativos en esas entidades o a la presión que sufren los pocos que operan para que esta información no se dé a conocer”.

Finalmente, el observatorio destaca que en ambas entidades federales existe una notoria merma informativa por el progresivo cierre forzado de periódicos, no sólo por la escasez de materia prima, sino por la censura y la autocensura impuestas. “Los medios de comunicación tradicionales que aún sobreviven publican ocasional y discretamente algunas informaciones de violencia, pues reciben constantes intimidaciones por las estructuras criminales que allí operan, como la guerrilla y los grupos armados irregulares, además de los llamados ‘colectivos’ respaldados por el gobierno nacional para evitar que estas informaciones circulen”.

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