Numerosos apartamentos, carros, casas, además de objetos de decoración, línea blanca, prendas y artículos personales, propiedad de militares que participaron el 30 de abril en la llamada “Operación Libertad” que Juan Guaidó dirigió desde el distribuidor Altamira de Caracas, han ido a parar a manos de funcionarios policiales y militares.
Muchos de esos funcionarios, a veces con apoyo de algún fiscal, se presentan a algunas de las viviendas, y con la excusa de que la orden es de un Tribunal, documento que nunca presentan, desalojan a quienes vivan en ella.
En esas viviendas ahora hay una cantidad de funcionarios viviendo con sus familias o las utilizan para instalar ahí a algunos amantes, usan los objetos -incluso personales- de los militares que están presos o que huyeron del país solicitando asilo.
Lo primero que pasó con esas viviendas de quienes participaron en apoyo a Guaidó, es que fueron allanadas, apenas ocurrió el 30 de Abril. Casi todas fueron saqueadas y los familiares amenazados.
Los funcionarios se llevan los vehículos. Tienen preferencia por las camionetas, sobre todo de lujo. Han demostrado debilidad por monedas extranjeras, especialmente dólar americano o euro. Se llevan las prendas, especialmente si son de oro o joyas de gran valor.
Hay casos, no pocos, que los subalternos se llevan los alimentos, teléfonos celulares y hasta la ropa usada. Ha pasado que se lleven electrodomésticos. La casi totalidad de los allanamientos los realizan sin previa orden judicial. Rompen puertas y cerraduras.
Se va sin nada
La otra modalidad es la que ejecuta la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), adscrita al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que procede a la incautación incluso sin que haya la decisión del Tribunal.
Uno de esos casos ocurre con el capitán (GNB) Henry Rivas, quien desertó con su familia luego de haber participado el 30 de Abril. Su casa está en la Urbanización Villas del Progreso, Tinaquillo del estado Cojedes, lugar donde vive una pareja de maestros con tres niños. Una prima de ella estuvo anteriormente casada con el capitán, pero a raíz de lo sucedido el 30A la prima les dijo que podían quedarse ahí, porque el oficial no podía regresar al país.
Maryuri Inés Párraga no se opone a salir de la vivienda, porque está muy clara que no es suya, incluso cunado no le mostraron ninguna orden de desalojo o incautación, pero está alarmada porque la Comisionada estadal de la Oncdoft, abogada Miriam Ramírez, quien estuvo acompañada de dos funcionarios de civil, le dijo que si no presenta facturas de lo que hay dentro de la casa no puede llevarse nada. Y le dieron plazo hasta el viernes 21 de febrero para desocupar y demostrar que es la dueña de los enseres y línea blanca.
La abogada Ramírez le dijo que todo lo que hay dentro de la casa lo van a trasladar hacia Caracas “para las investigaciones”, lo cual parece absurdo. ¿Qué significado tiene una mesa, una licuadora, una cocina o nevera, en una conspiración?
Párraga, quien es profesora, le explicó que esos corotos los compraron hace tiempo que, aunque no haya nada lujoso, les pertenecen a ellos, porque el capitán no dejó nada dentro de la vivienda, pero que nunca se les ocurrió guardar facturas de esas cosas.
La angustia de la madre de los tres niños es que pueden perder lo que habían logrado adquirir por años. Y para mayor desdicha, su esposo que es maestro fue sacado del sistema del Ministerio de Educación por lo que no está recibiendo sueldo alguno.
Gracias a esa perversa modalidad, muchas veces sin ninguna orden judicial, de apropiarse de los bienes de los militares que están presos o señalados por Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión, le ha permitido a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) vivir en apartamentos o quintas, además de disfrutar los vehículos que tampoco les pertenecen.
En esa telaraña han caído también las propiedades del ex ministro y mayor general Miguel Rodríguez Torres.
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