El ELN y paramilitares de Los Rastrojos combaten en Venezuela muy cerca de los comandos del ejército, que no interviene

La frontera de Venezuela con Colombia está convulsionada desde hace días, una vez que ocurrió el paro anunciado por la guerrilla colombiana ELN, a la vez que casi paralelamente se realizaban los Ejercicios Militares ordenados por Nicolás Maduro.

Desde el día lunes 17 de febrero se recrudecieron los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo paramilitar Los Rastrojos en el municipio Catatumbo del estado Zulia. Habían estado ocurriendo algunos tiroteos entre ellos, pero desde la acción del pasado viernes y sábado, de los elenos en Boca de Grita en el estado Táchira, que llevaron a que los paramilitares se desplazaran hacia el sector Caño Motilón, ha causado la persecución de los guerrilleros contra los “paracos”.

Ayer martes hubo tiroteos, especialmente bombazos, que los irregulares llaman “cilindros”, durante todo el día en el sector que ya habíamos alertado que estaba siendo ocupado por grupos irregulares, mientras los productores eran obligados a abandonar sus parcelas. Es el lugar donde Los Rastrojos les dijeron a los habitantes que abandonaran sus fincas porque estaban sembrando de minas antipersona en ese territorio por su enfrentamiento con la guerrilla.

El ELN tiene tiempo instalado en el Motilón III, donde está la escuela del sector Caño 14. Un caño grande que hay desde ahí hasta La Motilona, donde están Los Rastrojos. Ellos se han enfrentado, con mayor intensidad desde el lunes, en ese sector. Es importante destacar que algunos de Los Rastrojos visten de civil, otros con uniforme del ejército venezolano y los hay quienes portan el uniforme del ejército colombiano. “No es frecuente verlos con las siglas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) pero sí hay quienes las usan en la vestimenta”.

En el caso de los del ELN, la mayoría usa pantalón camuflado y suéter negro o también el uniforme camuflado militar colombiano.

Inacción de la FANB

Lo que resulta más curioso es que durante los dos días de plomo cerrado, entre esos dos grupos extranjeros armados, la Fuerza Armada Nacional no se ha presentado por el lugar, más allá de una avioneta que al parecer era de militares venezolanos y que sobrevoló ayer en horas de la mañana.

“Desde el lunes no ha habido entrada de vehículos (rústicos que es lo que puede pasar por ese terreno) a la zona, solo motos que hemos visto dirigirse a La Motilona”, narra un productor que hace dos años se vio obligado a abandonar su finca por presión de los grupos irregulares.

Desde donde ocurren los enfrentamientos, la instalación de la Fuerza Armada más cercana está en línea recta a 4 o 5 kilómetros; el Comando de Puente Zulia, también la alcabala de Puente Venezuela, el Comando del Ejército de Caño El Medio y un poco más allá el Comando de la Guardia Nacional Mata de Coco.

Los tiroteos y bombazos han ocurrido específicamente en Casa Rosada, Casa Blanca, el sector que está entre La Motilona y Cuatro Ranchos. También se están enfrentando en el sector donde se instalaron hace unas semanas.

Mientras guerrilla y paramilitares se enfrentan, el Ejército venezolano está montando puntos de control en el sector El Guayabo, como si no escucharán los bombazos ni los tiroteos que lanzan los irregulares colombianos.

La gobernadora denuncia

Un hecho que caracteriza toda la zona donde los paramilitares y guerrilleros se están moviendo, en Táchira y Zulia, ha permanecido horas sin luz, en algunos casos durante 10 y 12 horas a oscuras.

La autoridad civil más importante del estado Táchira es Laidy Yorveys Gómez Flórez, quien fue elegida Gobernadora, por votación popular en el 2017, rechazó “como gobernadora, como tachirense como ciudadana y como representante y vocera del pueblo del Táchira, el aval que le dan las Fuerzas Armadas a los grupos irregulares en los espacios fronterizos que generan acciones temerarias hacia la sociedad, y objeto desde toda instancia que se tenga complacencia con la presencia de organizaciones criminales en cualquier espacio del territorio Tachirense”.

Dijo que por vivir en la frontera son como testigos de excepción “que la presencia de irregulares en el Táchira ocurre bajo la mirada complaciente de la Fuerza Armada venezolana, cuyos efectivos tienen la obligación de defender la patria y la integridad de todos los ciudadanos que hacemos vida en el territorio nacional independientemente de la diferencias políticas e ideológicas que se tenga, y no dedicarse a la persecución de quienes ejercemos cargos de elección popular o desarrollamos una labor social en beneficio de la población”.

Le preguntó al Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, que si los resultados de los ejercicios militares, incluía “tomarle fotos a la gobernadora que anda con su hija, como cualquier madre tachirense, que se traslada a la ciudad de Cúcuta (Colombia) en busca de productos de primera necesidad. ¿De esta manera se defiende la patria? ¿Amedrentando a los demócratas que andamos promoviendo en todos los rincones que queremos elecciones y que queremos participar con un CNE imparcial y que respetamos la participación electoral y que queremos condiciones electorales?”

Aseguró que no tiene agendas ocultas, que ha estado desarrollando jornadas de atención social, en las cuales “somos receptores de las múltiples necesidades que padece la población, como la falta de electricidad, agua, gas, entre otros, a los que por cierto los ejercicios militares no le brindan ninguna solución”.

Denunció lo que calificó persecución y amedrentamiento. “Los ciudadanos tachirenses, en el ejercicio de la política legítima y la atención social, estamos siendo objeto y víctima del amedrentamiento de colectivos revolucionarios armados amparados por el gobierno nacional. El Ministro de la Defensa no mueve un dedo para garantizar seguridad a todos los venezolanos”, aseguró, a la vez que sentenció que pensar diferente no puede ser un delito, pero que están siendo sea satanizado por cuerpos armados al margen de la Ley.

Finalmente la gobernadora Laidy Gómez manifestó preocupación por las amenazas hechas por grupos irregulares contra la prefecto, Nancy Cortes Martínez, quienes visitaron su residencia ubicada en la parroquia El Palotal, municipio Bolívar “generando amedrentamiento y marcando la casa como un objetivo militar”, como también ocurrió con el dirigente deportivo conocido como “Ñapa” y Giovanny Tarazona, cuyas viviendas fueron igualmente señaladas con pintas y consignas.

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