La misión de la CIDH encabezada por Esmeralda Arosemena de Troitiño, su presidenta, se reunió esta mañana en Bogotá con el presidente Iván Duque antes de subirse a un avión con destino a Cúcuta, donde actualmente se reune con venezolanos en la frontera para tener un testimonio de primera mano de las violaciones a los derechos humanos que se producen en el país.
Miembros del organismo dependiente de la OEA han realizado distintas publicaciones desde el paso fronterizo, describiendo sus actividades y las escenas que han presenciado. Entre ellas destacaron “la situación de niños, niñas y adolescentes que tienen que cruzar la frontera todos los días para acceder al derecho a la educación en las escuelas del lado colombiano”.
En un mensaje a niños presentes en el lugar, Troitiño expresó: “Estoy pendiente todos los días para que ustedes tengan siempre el derecho de ir a la escuela, el derecho a participar en actividades y aprender. Es importante que estudien, que sepan que lo que hoy están atravesando es muy fuerte y duro, pero les va a hacer crecer esto que tenemos dentro y se llama dignidad. Y con ella van a luchar y vencer".
La cuenta oficial de Twitter de la CIDH también publicó un video en el que mostró “el flujo migratorio en el puente Simón Bolívar”. “Buscan comida, escuela, atención médica, protección”, describió.
La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó el miércoles a Colombia, un día después de que la aerolínea Copa no le permitiera embarcar en Panamá con destino a Caracas. Iba a ser su primera visita en 17 años a Venezuela, pero el régimen de Nicolás Maduro le impidió el acceso.
Antes de viajar a Cúcuta, los delegados se reunieron con ciudadanos venezolanos en Bogotá. Todos fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos en su país y tuvieron que huir a otras naciones, principalmente a Colombia.
La comitiva, integrada además de Arosemena por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli, mantuvo encuentros con periodistas y organizaciones sociales, así como con ex diputados, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y miembros de la Fiscalía venezolana en el exilio.
Entre las denuncias que recibieron a puerta cerrada está la de que 129 diputados fueron objeto de torturas, amenazas, arrestos arbitrarios e incumplimiento de las garantías procesales durante investigaciones, entre otras, según la CIDH.
Otro testimonio escuchado fue el de Waleska Pérez, viuda del capitán de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido por la contrainteligencia militar venezolana el 21 de junio de 2019 y murió en la cárcel días después. Pérez, beneficiaria de medidas cautelares de protección de la CIDH, denunció ante la misión la “desaparición, tortura y asesinato” de su esposo, cuya muerte fue confirmada el pasado 29 de junio por Maduro y provocó la condena de distintos países.
El régimen había denunciado tres días antes el desmonte de un plan de golpe de Estado en su contra, supuestamente planificado durante 14 meses, y acusó al presidente colombiano Iván Duque de ser promotor de estas acciones. El 27 de junio el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció la apertura de una investigación del Ministerio Público contra 14 civiles y militares, entre ellos Acosta Arévalo, por su presunta vinculación con ese plan.
Los delegados de la CIDH también hablaron con dos periodistas del portal Armando.info que denunciaron las amenazas y censura de las que han sido objeto tras realizar una investigación sobre una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela. Los reporteros, que están exiliados en Colombia como decenas de colegas suyos, también advirtieron que son víctimas de hostigamiento judicial.
La misión también escuchó al abogado de la familia del concejal Fernando Albán, quien murió cuando estaba bajo custodia del Gobierno y que según la versión oficial se suicidó. El letrado denunció “serias irregularidades” en el proceso de investigación de este caso.
Albán murió el 8 de octubre del año pasado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde se encontraba detenido tras haber sido acusado de participar en un fallido ataque con drones contra Maduro.
En las audiencias estuvieron además organizaciones sociales que manifestaron su preocupación por la crisis migratoria, la situación de las mujeres embarazadas y el riesgo al que se enfrentan los venezolanos de ser víctimas de trata de personas.
La CIDH había sido invitada a Venezuela por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país caribeño por más de 50 países, pero el régimen de Maduro aclaró la semana pasada que “en ningún momento” había autorizado una visita de la Comisión, que tiene sede en Washington.
Con información de EFE
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