Un detallado informe desnudó las graves violaciones a los Derechos Humanos que se cometen en las minas de oro ilegales de Venezuela

Las minas de oro ilegales que existen en Venezuela, la mayoría en el estado de Bolívar, son el escenario de de crímenes atroces y consistentes violaciones a los Derechos Humanos -entre ellos amputaciones en forma de castigos-, reveló el lunes un informe de la organización Human Rights Watch (HRW).

Los responsables de esos abusos serían las organizaciones conocidas como “sindicatos”, así como también algunos grupos armados colombianos con presencia en la zona. En ambos casos, explica HRW, los grupos actuarían con el visto bueno del régimen de Nicolás Maduro, cuyo objetivo consiste en mantener el control sobre las poblaciones locales.

En numerosas localidades rurales, las fuerzas de seguridad han abandonado sus trabajos. Entre las causas principales se encuentran la falta de pago por parte del régimen o la búsqueda de actividades más lucrativas, considerando que el poder adquisitivo de los salarios en Venezuela es prácticamente nulo.

La denuncia detalla que estos grupos imponen condiciones abusivas y someten a tratos brutales a los trabajadores a quienes acusan de robos y otros delitos. En los peores casos, han desmembrado y ejecutado en público a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas.

“Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas”, añadió. La declaración guarda semejanza con una hecha por el presidente encargado Juan Guaidó, quien ha solicitado a la Unión Europea que califique al oro ilegal como “oro de sangre” y tome medidas para evitarlo. La actividad ilegal, asegura, sirve para financiar al régimen.

En otro pasaje del informe, HRW recoge una investigación de la organización International Crisis Group, que informó que entre los grupos armados colombianos que actúan en la zona figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al menos una organización disidente que se formó con miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El régimen de Maduro ha anunciado iniciativas para atraer inversiones hacia la minería legal, así como medidas para combatir la minería ilegal. Sin embargo, lo cierto es que buena parte de la minería de oro en los estados en el sur de Venezuela, incluido Bolívar, es ilegal, y una gran cantidad de oro, cuyo total es difícil de cuantificar precisamente por su carácter ilegal, es sacado del país mediante contrabando.

Las denuncias

Los grupos armados, que en la práctica están a cargo de las minas y los pueblos que se han formado en sus alrededores, aplican sus normas con brutalidad, establece el informe. “Todo el mundo sabe las reglas”, dijo a HRW una residente. “Si robas oro o lo mezclas con otro producto, el pran (líder del sindicato) te golpea o te mata”. Otro dijo: “Son como el gobierno ahí… Si roban, los desaparecen”.

Cuatro pobladores señalaron haber visto a miembros de un sindicato amputarles las manos o dispararle a las manos a personas que supuestamente habían robado. Varios otros residentes dijeron conocer casos en que miembros de sindicatos habían desmembrado con motosierras, hachas o machetes a quienes transgredieron las reglas.

La migración económica interna debido a la crisis económica y humanitaria en Venezuela aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo en la actividad minera. Muchos residentes viven atemorizados y están expuestos a severas condiciones laborales, saneamiento deficiente y un riesgo muy alto de contraer enfermedades como la malaria.

Varias personas entrevistadas por la organización de Derechos Humanos describieron severas condiciones laborales en las minas, como turnos de 12 horas sin equipos de protección y la presencia de niños, algunos de apenas 10 años, trabajando con los adultos.

Además, las actividades en estas minas ilegales también tienen un impacto devastador en el Medio Ambiente y en la salud de los trabajadores, según fuentes locales. En efecto, quienes trabajan en las minas también están expuestos al mercurio —prohibido en Venezuela— pero que puede provocar graves problemas de salud y toxicidad en el sistema nervioso, digestivo e inmunológico, así como en pulmones, riñones, la piel y los ojos.

La epidemia de malaria que afecta a Venezuela tiene una estrecha correlación con el aumento repentino de la minería ilegal en el sur de Venezuela. Los mineros suelen vivir a la intemperie, lo cual aumenta su exposición a los mosquitos. Los pozos mineros deforestados, que se llenan con agua de lluvia, son propicios para los mosquitos que transmiten la malaria.

Casi todas las personas entrevistadas que habían trabajado en minas o localidades mineras habían tenido malaria, muchas de ellas varias veces. El sistema de salud, colapsado debido a la emergencia humanitaria, no ha podido proveer tratamiento médico a todos. Varios entrevistados dijeron que a veces tienen que comprar los medicamentos contra la malaria, que pueden costar hasta dos gramos de oro, el equivalente en el mercado internacional a un valor de cerca de 100 dólares estadounidenses.

Minería ilegal y complicidad estatal

Si bien parte del oro producido se vende al Banco Central de Venezuela, una gran cantidad de oro sale de Venezuela mediante contrabando y presuntamente llegaría a países como Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Suiza.

En 2011, el ex presidente Hugo Chávez anunció la intención era nacionalizar la explotación y exportación de metales y no metales del Arco Minero del Orinoco. Esta zona incluye el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y territorios indígenas.

El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” para continuar el desarrollo de esta zona de 111.843 kilómetros cuadrados – 12% del país – que ocupa varios estados, incluido Bolívar, para la minería, con el supuesto propósito de extraer miles de toneladas de oro, diamantes y otros minerales.

Según información recibida por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y los testimonios recabados por Human Rights Watch, el régimen de Maduro no llevó a cabo previamente estudios adecuados de impacto ambiental ni consultas a poblaciones indígenas que vivían allí, como también lo exige la constitución.

En 2016, Maduro expresó que el gobierno había firmado acuerdos de minería con compañías extranjeras por un valor de USD 5.500 millones. En 2018, introdujo un “Plan Oro” para promover las inversiones en oro a partir de 2019. Sin embargo, hasta febrero de 2019, no se había concretado ningún acuerdo significativo con empresas extrajeras y la mayoría de las minas seguían bajo el control de grupos armados no estatales, según la organización International Crisis Group.

La empresa estatal Minerven supuestamente obtiene el oro de operaciones mineras no afiliadas al Estado y los militares lo transportan al Banco Central en Caracas, que a su vez vende el oro a empresas en países como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, según fuentes locales y fuentes internacionales. En diciembre de 2018, Maduro también anunció que había firmado contratos para exportar oro por miles de millones de dólares a socios como Rusia.

Sin embargo, mineros que han trabajado para Minerven sostuvieron que apenas una pequeña proporción de la producción de oro de Venezuela termina en el Banco Central. En vez, los compradores obtendrían gran parte de su rentabilidad sacando por contrabando el oro fuera del país.

En octubre, Maduro anunció que cedería la gestión de una mina de oro a cada uno de los gobernadores de estados que pertenecieran al partido oficialista. En las regiones controladas por gobiernos opositores, los ingresos generados por la minería se transmitirían a través de una “corporación de protección social” designada por su gobierno.

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