Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de año 2015 significaron un quiebre en el accionar del chavismo. Ese día 7.707.422 venezolanos votaron por los candidatos de la oposición otorgando a los adversarios de Nicolás Maduro el control absoluto del Parlamento.
Ese día el chavismo sufrió una de sus peores derrotas electorales desde 1998 al observar cómo el sistema de sobre presentación de mayorías que impuso en el país jugó en su contra permitiendo que la oposición se hiciera con el control de 112 de los 167 diputados que integran a la Asamblea Nacional.
A partir de ese momento el modelo político del chavismo cambió. Dejó de ser un autoritarismo competitivo para comenzar a convertirse en un modelo totalitario. A partir de esa elección comenzó un proceso que expertos constitucionales han catalogado como “Golpe de Estado continuado”.
Según el balance de los integrantes de la organización Acceso a la Justicia a partir de la elección parlamentaria del año 2015 y hasta el 5 de enero de 2020 el Tribunal Supremo de Justicia (controlado por el gobierno de Nicolás Maduro) ha dictado 116 sentencias en contra del Parlamento, despojándolo de sus facultades legislativas y de contrapeso institucional entre los poderes del Estado.
La estrategia de desconocer al Parlamento (controlado por la oposición) para evitar como fin último la alternancia en el Poder Ejecutivo se completa con la aprobación (vía Tribunal Supremo de Justicia) de poderes excepcionales para Nicolás Maduro durante los últimos cuatro años. Venezuela se encuentra en Estado de Excepción desde el 5 de enero del año 2016 cuando se otorgaron a Maduro poderes especiales para legislar y gobernar por decreto para evitar el control parlamentario.
La estrategia para garantizar que no exista alternancia en el Poder Ejecutivo en Venezuela continuó en 2017 con la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con atribuciones supra-constitucionales. Con la ANC Maduro pretendía sustituir al Parlamento electo en 2015.
No obstante, el desconocimiento internacional de esta instancia (previa denuncia de manipulación de resultados de participación por la empresa encargada de automatizar las elecciones en Venezuela) permitió que la Asamblea Nacional siguiese siendo relevante para el chavismo, al punto que el 5 de enero de 2020 impusieron una junta directiva (afecta al chavismo) sin cumplir con requisito legal alguno.
La imposición del chavismo ha logrado reactivar el rechazo internacional a Maduro provocando incluso que teóricos aliados internacionales como los gobiernos de Argentina y México marquen distancia de lo ocurrido el pasado 5 de enero.
No obstante, aunque la comunidad democrática internacional condenó lo ocurrido en el Parlamento venezolano en la práctica en los próximos meses se tendrán dos Parlamentos, o en sentido estricto, un Parlamento con dos directivas.
La primera y legítima directiva encabezada por Juan Guaidó probablemente pierda el control del Palacio Federal Legislativo. No obstante, aunque carecerá de sede, tendrá el respaldo de la mayoría de los diputados electos en 2015 y el reconocimiento internacional.
La otra directiva tendrá el control de la sede legislativa del país, pero funcionará sin el respaldo de la mayoría de los diputados, pero con el aval de Maduro y de su Tribunal Supremo. Este aval permitirá que esta directiva designe a una nueva autoridad electoral para organizar los comicios parlamentarias del periodo 2021-2026. En este sentido el chavismo apuesta a lograr la suficiente confusión para que este proceso electoral sirva para implosionar definitivamente a la oposición venezolana.
Sin embargo, el verdadero interés de Maduro es poder cumplir con las exigencias de China y Rusia para que continúen contribuyendo con asesoría y dinero que le permita al chavismo burlar las sanciones internacionales.
La exigencia de Rusia en diciembre fue sencilla: un Parlamento sin Guaidó. Maduro cumplió, aunque esto le cueste distanciarse temporalmente de Argentina y México.
Torpe proceder
Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli los eventos del 5 de enero de 2020 constituyen “no solo una torpe estrategia política”, sino que avanzan en las acciones inconstitucionales de los últimos cuatro años.
Rafalli recuerda que el chavismo decidió utilizar los cuerpos de seguridad del Estado para impedir el acceso de los diputados a la sesión de instalación de la directiva del Parlamento, “atribuyéndose (la Fuerza Armada) el rol de calificar cuáles diputados podían asistir o no a la sesión de la Asamblea Nacional”.
Según Rafalli el acto en donde el chavismo impuso al diputado Luis Parra como presidente del Parlamento no constituye una sesión válida, pues no se verificó el quórum de funcionamiento.
Para Rafalli la única directiva válida del Parlamento es la que se constituyó posteriormente en una sesión especial fuera del Palacio Federal Legislativo.
El abogado constitucionalista Gerardo Blyde concuerda con esta idea: “Ante la imposibilidad de acceder a la sede natural del Parlamento debido a la obstrucción realizada por mandato de Maduro se decidió sesionar en otro lugar según lo establecido en el Reglamento de funcionamiento del Parlamento”.
En esta sesión se constató el quórum de funcionamiento y se procedió a votar.
Según el acta levantada acudieron a esta sesión 100 parlamentarios. El quórum mínimo establecido es de 84 diputados.
Para Blyde solo existió una sesión válida de instalación y elección, mientras que “·las acciones realizadas por un grupo de diputados en la sede del Parlamento no pueden ser calificadas de sesión”.
“No hubo sesión, no contaban con el quórum constitucional para instalarse y mucho menos para poder tomar decisiones en nombre del cuerpo legislativo nacional”, explicó el constitucionalista.
Para Blyde solo existe una junta directiva: la constituida por Juan Guiado como Presidente y por los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia como primer y segundo vicepresidentes, respectivamente.
“Nicolás Maduro en alocución ante los medios de comunicación dijo reconocer a la inexistente Junta Directiva producto de la inexistente sesión que se pretendió celebrar en la sede oficial de la AN -recuerda Blyde- ¿Qué sucedió con el desacato declarado por el TSJ y que ellos mismos alegan está vigente? ¿Cómo los diputados del partido de Maduro supuestamente votaron en esa írrita sesión existiendo el desacato que ellos señalan declarado por su TSJ?”.
¿A quien reconoce Rusia?
El diputado Luis Parra, impuesto por el chavismo como presidente de la Asamblea Nacional, es la solución que encontró Maduro para complacer la exigencia de Rusia de que Guaidó no continuara al frente del Parlamento.
Parra fue expulsado del partido Primero Justicia después de acusaciones de tráfico de influencia y corrupción. Parra está incurso en una trama para intentar interceder por empresarios internacionales vinculados a Maduro y sancionados por el Departamento del Tesoro de los EEUU. En estos intentos Parra, junto a otros tres diputados de la oposición, forjaron documentos y sellos oficiales.
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