Éxodo venezolano: los países latinoamericanos suman restricciones y visas para quienes huyen del régimen de Nicolás Maduro

En medio de la crisis de migrantes y refugiados de Venezuela, los controles migratorios, restricciones y exigencia de visado parecieran cerrar las puertas a los venezolanos que huyen.

Ya son al menos 11 los países de la región que anunciaron nuevas medidas para controlar el flujo migratorio que reciben desde Venezuela. La huida ha sido masiva y en cada mes de 2019, en promedio, más de 100.000 venezolanos emigraron.

Los principales países de acogida no estaban preparados para recibir a este contingente de migrantes y decidieron exigir visa: en junio lo hicieron Chile y Perú, en julio Ecuador, luego en Trinidad y Tobago, República Dominicana y Aruba. Pero en los últimos años Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Santa Lucía ya había implementado este mecanismo.

Colombia acoge a 1,6 millones de venezolanos, Perú a 800.000, Ecuador a otros 385.000 y Chile a 371.000.

De acuerdo con la firma Henly & Partners en 94 países los venezolanos requieren visa para entrar. La organización no ha actualizado su data y aún no incluyen a Ecuador y República Dominicana. Todavía los venezolanos tienen oportunidad de ingresar sin visa a otros 132 destinos. Venezuela ocupa el lugar 38 de la lista en el índice de restricciones de visa.

Para la especialista en Migración y profesora de la Universidad Simón Bolívar, Claudia Vargas, “van a continuar las restricciones en un ámbito de ‘ordenar’ la migración”. Explica que otros países se van a sumar a estar medidas porque “la región no tiene ningún tipo de política migratoria efectiva y no saben qué hacer con sus fronteras”.

Muchos jefes de Estados han anunciado la medida a través de decretos donde apelan a la seguridad nacional. Los migrantes venezolanos, en muchos casos, llegan sin papeles ni documentos o en situación de vulnerabilidad por su estado nutricional o de salud.

En Venezuela un pasaporte cuesta más de 200 dólares, el salario mínimo son 3 dólares al mes. La mayoría de los venezolanos no pueden adquirir este documento de identidad, a pesar de ser un derecho humano. Tampoco cuentan con suficientes alimentos. La Encuesta de Condiciones de Vida reveló que 48% de los hogares son pobres.

Esto ha derivado en el éxodo más grande de la historia reciente de América Latina. En Venezuela 1,1 millones de hogares tienen al menos un familiar fuera del país. Las razones son la situación política, la violencia e inseguridad, salud y alimentación.

Vargas explica que aunque muchos venezolanos tienen formación académica, no han revalidado sus documentos en los países de destino: “Al final constituye una población que podría integrarse al mercado informal y, aunque contribuyen con la economía, lo hacen desde la informalidad”

“Los países no tienen una política sistematizada, han hecho algunos esfuerzos. Pero el éxodo complejiza la situación interna”, dice Vargas. Y reitera: “Más países se van a sumar porque no encuentran cómo ordenar esos flujos migratorios por la naturaleza misma de la migración”. Se estima que cada día 5.000 venezolanos cruzan la frontera.

Requisitos que no todos pueden cumplir

Los países han establecido diferentes requisitos para la emisión de la visa. La mayoría de los venezolanos no puede cumplirlos. El gobierno de República Dominica fue el último en anunciar en diciembre el visado. Las personas requieren pagar 250 dólares mediante una tarjeta de crédito para hacer la solicitud, además de sacar una póliza de seguro de garantía migratoria internacional que son 150 dólares.

Frankin Barreto, de 55 años de edad, piensa viajar a República Dominicana el 29 de diciembre. Ha visitado el consulado de ese país en Caracas en tres oportunidades para hacer el trámite de la visa.

Le recibieron los documentos el 17 de diciembre. Ese día, otras 130 personas esperaban conseguir entregar sus papeles. “No veo a mi hijo desde 2016, espero que me den la visa y viajar”, dijo Barreto.

Para Vargas estas exigencias son desproporcionadas para una población que huye de una emergencia humanitaria. “Es como poner un muro virtual. Estos requisitos van en contra al derecho de la movilidad y, además, la mayoría de estos países reconocen la emergencia que se vive Venezuela y al gobierno de Juan Guaidó”.

El orden y el controlo del flujo migratorio, en palabras de Vargas, debe venir acompañado de políticas públicas que involucren a la sociedad civil y a las ONG. “El control debe tener un sentido más humanitario”.

Entre los requisitos que piden en los consulados en Caracas se encuentran el pasaporte vigente, una tarjeta de crédito internacional para realizar pago de seguros médicos o la solicitud de la visa, además del hecho mismo de que las visas no sean gratuitas.

La no flexibilización de las medidas, explica Vargas, pueden traer como consecuencia la no reunificación familiar, que las personas salgan por caminos irregulares, exposición a la trata de personas, explotación laboral.

“Se incrementan las dinámicas criminales como el uso de coyotes, los pasos irregulares, el uso de documentos falsos. Hay muchas sombras detrás de la seguridad nacional. Los países deben apostar por un ordenamiento del flujo de manera más humanizada”, concluyó Vargas.

De acuerdo con el informe Éxodo, 68% de las víctimas de trata de personas en Venezuela son mujeres. Estos casos han aumentado debido a la migración. Ante la vulnerabilidad, las bandas criminales ofrecen oportunidades de trabajo y estudio fuera de Venezuela para captar a las víctimas.

Hasta noviembre se contabilizó que 1,4 millones de venezolanos había emigrado desde enero. Esto, de acuerdo con la última actualización de la data de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Pero desde 2015 la cifra total de migrantes y refugiados se estima en 4,7 millones.

La crisis política y económica no da tregua en Venezuela: huyen de la violencia, de la falta de alimentos y medicamentos, mientras que cada día continúa la violación sistemática de los derechos humanos. Mientras tanto, las restricciones en las fronteras también aumentan.

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