La embajadora del presidente encargado Juan Guaidó en la Argentina, Elisa Trotta Gamus, se refirió este lunes a declaraciones sobre el país caribeño realizadas por el presidente del país en el que cumple funciones, Alberto Fernández.
Consultado en una entrevista televisiva el domingo acerca de si había tenido la posibilidad de leer la actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela -donde, entre otras conclusiones, afirmó que ha seguido documentando presuntas ejecuciones extrajudiciales del FAES- Fernández dijo que no, pero indicó que es algo que a su Gobierno “le preocupa”. “Nos preocupa todo avasallamiento al Estado de derecho. También nos preocupa lo que está pasando en Bolivia y en Chile. De todo eso se habla menos”, indicó.
En tanto, al hablar específicamente de la situación en Venezuela, dijo: “Si Maduro ha avanzado sobre los derechos individuales de los venezolanos, me va a tener a mí reclamando por esos derechos individuales”.
Trotta Gamus se hizo eco de las declaraciones de Fernández sobre su país y, en una publicación en sus redes sociales, indicó que durante la semana pasada hubo cuatro ejemplos que ilustraron el accionar de la dictadura: el secuestro del diputado Gilber Caro y del periodista Víctor Ugas; el allanamiento de la inmunidad a cuatro diputados opositores; y el cierre del medio de comunicación VenePress.
Y expresó: “Confiamos en que la Argentina seguirá condenando las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Nicolás Maduro, reflejadas en la actualización del Informe Bachelet. Y esperamos que continúe siendo solidaria con todos los venezolanos víctimas de ese régimen”.
El secuestro de Gilber Caro y Víctor Ugas
Ambos fueron abducidos el pasado viernes por agentes de la dictadura, y luego de dos días bajo paradero desconocido, fueron presentados el domingo por la noche ante la Justicia chavista. Sin embargo, sus abogados denunciaron que les fue prohibido ingresar al recinto, “violando así su derecho a la defensa”.
La abogada defensora de los derechos humanos y consultora jurídica de Voluntad Popular, Ana Leonor Acosta, denunció que el caso representa una violación al debido proceso y enumeró las causas que fundamentan su aseveración: “Fueron detenidos sin una orden judicial, desaparecidos forzosamente durante un lapso de 48 horas, y les fue negado el derecho a designar abogados durante la audiencia que presuntamente se llevó a cabo”.
“Sabemos extraoficialmente que la jueza Hilda Villanueva ordenó que se les asignara un defensor público, pero ellos se negaron. No nos dejan ingresar. Se (les) está violando a Gilber y a Víctor el derecho a tener una defensa de su confianza”, agregó.
Theresly Malavé, abogada del diputado opositor a quien se le impidió el ingreso al recinto donde hoy fueron presentados ante la Justicia chavista, anunció que los tribunales dejarán de estar activos hasta el 6 de enero del año que viene, por lo que ambos continuarán detenidos con paradero desconocido hasta entonces.
El partido también denunció que Caro y Ugas fueron “salvajemente” golpeados y que la intención del FAES, cuyos agentes llevaron a cabo el operativo en los alrededores de La Florida, en Caracas, "era sembrarles armas y/o explosivos”.
A su vez, consignaron que el hecho se enmarca en la intención más abarcativa de la dictadura de "intentar desmembrar el Parlamento y entorpecer la reelección del presidente Juan Guaidó el 5 de enero”, cuando tengan lugar las elecciones de las autoridades de la Asamblea Nacional.
El plan, indicaron, fue bautizado como Operación Alacrán, y consiste en "la compra de las conciencias” de algunos diputados. “Han traicionado a sus electores y pretenden incorporarse en las sesiones del Parlamento e impedir que los diputados perseguidos puedan ejercer su derecho al voto, en evidente coordinación con el régimen usurpador”.
El cierre de VenePress
El cierre de VenePress, ubicado en Caracas, tuvo lugar el pasado miércoles luego de una orden librada por el fiscal 73, provisorio del Ministerio Público, Jean Karin Lopez Ruiz. El medio es acusado por el régimen chavista de los presuntos delitos de legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir.
Por la mañana, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ingresaron a las oficinas de la agencia de noticias, donde permanecieron durante horas hasta que se resolvió su cierre. Los agentes chavistas ingresaron al lugar portando armas largas, en el barrio Las Mercedes, zona en la que están ubicadas varias embajadas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas se pronunciaron inmediatamente sobre el hecho y criticaron la orden de la Justicia chavista. También expresó su solidaridad el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
“Sembrar terror es una demostración de miedo y debilidad. El mismo día en el que vuelven a quedar en evidencia ante el mundo como una dictadura, insisten torpemente en perseguir a la prensa libre. Solidario con @venepress. Recuperaremos la libertad de expresión”, indicó.
El allanamiento de la inmunidad de cuatro diputados opositores
El pasado lunes, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista suspendió la inmunidad de cuatro diputados opositores venezolanos acusados de rebelión civil, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, concierto para delinquir y usurpación de funciones.
Los cuatro diputados son Jorge Millán, del partido Primero Justicia; Hernán Claret Alemán Pérez, de Acción Democrática; Carlos Alberto Lozano Parra, de Camina, y Luis Stefanelli Barjacoba, de Voluntad Popular.
La decisión fue criticada tanto en el plano nacional como internacional. Entre aquellos que lo hicieron en este último se contó la Unión Europea, que, a través de un comunicado emitido por el Alto Representante Josep Borrell, la calificó como "una violación grave de las disposiciones constitucionales al Estado de derecho y al principio democrático de separación de poderes”.
"Las acciones en curso contra los miembros de la Asamblea Nacional, incluidos el acoso, la intimidación y las detenciones arbitrarias, están obstaculizando el trabajo constitucional de la Asamblea Nacional”, señaló Borrell en su texto.
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