David Smolansky: “Nicolás Maduro generó una crisis migratoria similar a la de un país en guerra”

Caracas. Ya son cuatro años en los que las fronteras se han desbordado de venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria. Desde 2018, de Venezuela salen cada mes cerca de 5.000 personas.

David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de refugiados y migrantes venezolanos, explica que esta migración forzada es producto de un “Estado criminal” que sistemáticamente viola los derechos humanos.

“Lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro es generar unas consecuencias migratorias similares a la de una nación que ha pasado por una guerra o por una catástrofe natural devastadora”, destaca Smolansky.

El comisionado lo resume así: en Venezuela 7 millones de personas requieren asistencia humanitaria, las mujeres embarazadas se refugian en las fronteras para dar a luz ante la escasa atención médica, 101 personas han muerto en naufragios intentado buscar refugio en otros países.

A su juicio, este desplazamiento de venezolanos debe tener “una interpretación y una dimensión global”. Señala que la región requiere apoyo para atender y lograr la integración de esta población migrante.

Desde la OEA, Smolansky trabaja para promover una tarjeta de identificación regional que permita a los venezolanos acceder a los servicios y entrar al mercado laboral. También anunció casas de asistencia legal y un censo de opinión para conocer el estatus de los migrantes.

—Usted ya tiene un año como comisionado encargado. En estos 12 meses de evaluación, ¿cuál es el diagnóstico de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos?

—Es la crisis más grande que ha habido en la historia de América Latina y el Caribe. Somos la segunda población más desplazada del mundo, solo superada por Siria. Es importante que el mundo entienda que la migración forzosa de venezolanos huye de un Estado criminal. Esto generó una crisis humanitaria en que 7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, en la que se violan sistemáticamente los derechos humanos. Lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro es generar unas consecuencias migratorias similares a la de una nación que ha pasado por una guerra o por una catástrofe natural devastadora.

—Usted menciona que se necesita que el mundo entienda lo que se vive en Venezuela. ¿Cómo hace para explicar a los jefes de Estado la crisis que ha derivado en este desplazamiento? ¿Entienden la gravedad?

—En primer lugar, se presenta el asunto con seriedad. Esto no es un invento ni una improvisación. Estamos utilizando data de la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, la sociedad civil, las ONG. Lo que he dicho es que la comunidad internacional debe darle a esta crisis una interpretación y dimensión global. No es una crisis regional ni mucho menos subregional. Es una crisis que necesita el apoyo para atender e integrar a los migrantes que están llegando en condiciones deplorables. Especialmente la comunidad de donantes debe apoyar a los países receptores. Estamos hablando de que 70% de las mujeres que están dando a luz en Cúcuta y Boa Vista son venezolanas. 60% de las que dan a luz son embarazos de alto riesgo y 20% de las migrantes son menores de edad.

—¿Confía usted en que los países, en medio de sus propios contextos políticos y económicos, volteen a ver la crisis de migrantes y refugiados venezolanos?

—Esa fue la intención de la reunión en Bruselas convocada por la Unión Europea, donde estuvo Naciones Unidas, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Lo que se pretende es que se implementen políticas y programas prioritarios para atender a los migrantes. La reunión mundial sobre la crisis de migrantes no se puede quedar en ese episodio, se le tiene que dar seguimiento.

—¿En qué estatus se encuentran los mecanismos que desde la OEA han estado promoviendo como la tarjeta de identidad regional?

—Se están dando las discusiones. Eso sería algo vital para los casi 2 millones y medio de venezolanos que no tienen documentación o que sus papeles están próximos a vencerse. Si obtienen una tarjeta de este tipo, están en condición regular y pueden acceder a un trabajo, a servicios. En octubre se comenzó a implementar la tarjeta unificada de vacunación, es una tarjeta que se acordó en 10 países en la última reunión Ministerial de Salud en Cúcuta.

—En Bruselas anunció el programa Casas Venezuela para brindar atención psicológica y legal a los migrantes. ¿Cuándo comenzarán a funcionar y en qué puntos?

—Estamos en plena fase de planificación. Las Casas Venezuela son unos centros de atención para el migrante y refugiado. Queremos dar asistencia jurídica, apoyo psicológico e información sobre el país al que llega el venezolano. En Brasil iniciamos también las mesas de trabajo para registrar los testimonios de la migración forzada y conocer qué estatus tienen los venezolanos en los lugares donde se encuentran. Estas mesas se van a replicar en distintos países de la región y la idea es comenzar a crear redes entre los migrantes y refugiados.

— Entiendo que estas mesas de trabajo son para realizar un estudio de opinión regional.

—Correcto. Estamos en esa fase de preparación, en los próximos meses daremos a conocer ese estudio.

Restricciones migratorias

Entre los principales países de acogida (Ecuador, Perú y Chile) ya existen mecanismos de control para restringir el paso de los venezolanos. Desde 2018, ya son ocho los jefes de Estado en la región que han impuesto el visado para venezolanos. El llamado de Smolansky es a que los gobiernos “puedan reconsiderar estas restricciones”.

—Desde junio, las restricciones para el ingreso de venezolanos a países como Ecuador, Chile, Perú, han limitado el paso. ¿Considera que es desproporcionada la medida de visado cuando estos huyen de la emergencia humanitaria?

—En eso he sido muy claro. Las restricciones migratorias no resuelven el problema, lo agudizan. El venezolano igual seguirá intentando entrar a esos países. El llamado que es a que se mantengan las fronteras abiertas. El esfuerzo que han hecho países vecinos como Colombia y Brasil se aplaude. Con esto no quiero desmeritar el esfuerzo que ha hecho Perú, Chile o Ecuador. Pero es importante que se puedan reconsiderar estas restricciones migratorias. Los venezolanos no llegan a esos países por decisión propia, sino porque huyen de un Estado criminal.

—Tras estas restricciones, ¿existe algún subregistro de migrantes que estén llegando a esos países por pasos irregulares porque no tienen documentación o visado?

—Eso es difícil de precisar. Nosotros hemos compartido la data con Naciones Unidas y los gobiernos. La cifra que manejamos es que son 4,5 millones de migrantes, pueden ser un poco más cuando se trata de personas que han entrado por trochas.

—¿Pero tienen denuncias de trata de personas, xenofobia, reclutamiento en estos caminos regulares?

—Ha habido algunos casos de intimidación y xenofobia que son públicos y notorios. Hubo un episodio en Ibarra a principio de este año. En Perú, recientemente. En México, específicamente en el aeropuerto de Cancún, discriminación y xenofobia. Pasan horas en centros de detención en condiciones paupérrimas. Cada vez que ocurran estos casos, los vamos a denunciar.

—¿Y han hecho seguimiento a los naufragios de las embarcaciones que salieron por los estados Sucre y Falcón hacia Trinidad?

—Nosotros en el grupo de trabajo, estoy seguro de que esta cifra se puede quedar corta, hemos estimado que, desde el segundo semestre de 2018 hasta julio, al menos 101 personas han fallecido tratando de huir de Venezuela. Más de 80% de estas personas que han naufragado trataban de huir a una isla del Caribe, específicamente Curazao y Trinidad.

—Ahora bien, Colombia deportó a 59 venezolanos por presuntamente participar en “actos vandálicos” en las protestas que ocurren en ese país. Hay denuncias de que recibieron malos tratos: golpes y torturas. ¿Cuál es su posición? ¿Se ha comunicado con las autoridades colombianas sobre estos casos?

—La característica criminal del régimen de Venezuela hace que se aproveche de esa migración forzosa para infiltrar estos flujos, y que participen en protestas violentas como parte de una estrategia para desestabilizar la región y resquebrajar las instituciones democráticas en América Latina. Es otra evidencia de que lo que sucede en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro no solo afecta a los venezolanos, sino a la región.

—Es decir, comisionado, usted sí piensa que estas personas participaron en los presuntos actos vandálicos de los cuales fueron acusados.

—Sí ha habido venezolanos involucrados en actos vandálicos en América Latina. Las autoridades deben proceder ante cualquier venezolano que actúe al margen de la ley. Es importante que los gobiernos y la comunidad receptora sepan que no hay que generalizar, que son unos pocos. Esto no puede empañar a la mayoría de venezolanos que trabajan e impactan positivamente a la sociedad.

—En estos 12 meses que ha trabajado con migrantes, ¿puede recordar cuál ha sido el testimonio más duro o la escena más dura?

—Recuerdo el testimonio de un joven refugiado en Aruba que me contó que tomó un peñero desde el estado Falcón. De un trayecto que no debió durar más de cuatro horas, terminó durando dos. El peñero tenía capacidad para 10 personas, pero se subieron más de 30. El viaje lo hicieron en la noche. Cuando el peñero se aproximó a las costas de Aruba apagaron los motores para que no se dieran cuenta. Todos se lanzaron al agua, cada quien tomó el camino que pudo para salvarse. Él más nunca vio a las otras personas. Los testimonios son desgarradores.

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