Desde Caracas - David Vallenilla tenía 22 años de edad y era enfermero. El 22 de junio de 2017 salió a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. Un militar le disparó en el tórax. El impacto le perforó el pulmón y el hígado, lo que le produjo una hemorragia.
Han pasado dos años y seis meses de su asesinato. Su tío, Abel Vallenilla, dice que continúan luchando para que el juicio continúe. “Tenemos la esperanza de que esto conlleve a que haya justicia. No solo fue David, hay muchos casos que no han salido a la luz”, piensa.
Neomar Lander, de 18 años de edad, murió días antes que David, también en una protesta y también producto de un disparo en el tórax. Su caso, como dice su tía Diana Oliveros, “está excluido” en la Fiscalía.
“No vamos a perder la esperanza ni la fe de que algún día se va a ser justicia, el día que se haga justicia por la muerte de Neomar. Al igual que con todos los muchachos, será el día en que este gobierno caiga”, expresó Oliveros.
Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2017 ocurrieron en Venezuela más de 150 muertes en el marco de las protestas.
Pero apenas cuatro casos están en fase de juicio. El resto continúa en proceso de investigación. Padres y familiares denuncian en un documento que entregaron a los representantes de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “retrasos, obstrucciones y violaciones del debido proceso, situación que determina un patrón por parte del sistema de justicia venezolanos”.
“Nuestras audiencias las posponen, los cuerpos de seguridad implicados no entregan la información que les solicita del Ministerio Público y la institución no termina de actuar con la firmeza”, dijo Carmen Elena Bracho, mamá de Miguel Castillo, quien fue asesinado en mayo de 2017.
En junio de este año, por primera vez la Fiscalía dijo que han acusado a 596 funcionarios policiales por violaciones de derechos humanos. Sin precisar los años en los que los hechos habrían tenido lugar, la organización contabilizó 77 personas fallecidas en protestas. Por estos casos, se iniciaron 5.930 investigaciones y tienen 1.939 acusaciones.
Los padres de estos jóvenes luchan por enfrentar lo que califican “un sistema de justicia viciado”. “Nos ponen muchas trabas en el proceso para que desistamos. Los casos de investigación están paralizados, no hay avances”, destacó Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete.
La entonces fiscal de la República y ahora exiliada, Luisa Ortega Díaz, determinó que la muerte de Pernalete se produjo al ser impactado en el tórax por una bomba lacrimógena. El Ministerio Público imputó ese año a 19 funcionarios policiales y militares por la presunta comisión de los delitos de homicidio, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica, entre otras. Quedaban pendientes 18 órdenes de captura por ejecutar.
Desde marzo de 2018 han denunciado estas irregularidades ante organizaciones internacionales. Esto ha generado que sean víctimas de persecución, amedrentamiento, intimidación e incluso sobornos para desistir de los casos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó en su
El Observatorio Venezolano de conflictividad Social reportó en un informe la muerte de 14 manifestantes cometidas por las fuerzas de seguridad, quienes emplearon armas de fuego con municiones tales como perdigones, canicas y piezas de varilla metálica, en el marco de las manifestaciones de 2018.
En tanto, La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó indicó en su informe sobre la situación de Venezuela que miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años y que existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad.
La oficina ha llamado la atención por la existencia de violaciones y abusos generalizados de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales. Además, llamó a realizar una investigación inmediata de esas muertes violentas para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición.
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