Jorge Jesús Rodríguez Gómez, ministro de Comunicación e Información de Venezuela, ingresó finalmente a la Argentina y se presentó como representante de la dictadura de Nicolás Maduro en la ceremonia de asunción presidencial de Alberto Fernández en el Congreso Nacional. La presencia del dirigente chavista no revistiría mayor análisis si no fuera porque figura en un listado de funcionarios del régimen sancionados por organismos y tratados internacionales firmados por varias naciones.
Rodríguez, uno de los más cercanos colaboradores de Maduro, tiene bajo su órbita la sanción y control de los medios de comunicación venezolanos que sufren desde el ascenso de Hugo Chávez al poder una persecución constante, en particular aquellas organizaciones independientes. En el palacio legislativo de Buenos Aires intentó pasar inadvertido situándose detrás del lugar asignado para los dignatarios internacionales, entre los que se distiguieron Tabaré Vázquez, Miguel Díaz-Canel -presidente de la dictadura cubana- y los ex mandatarios José Mujica, Rafael Correa y Fernando Lugo.
Días antes del acto que lo proclamó Presidente, Fernández hablo por teléfono con Maduro y decidió invitar a su jura al ministro Rodríguez, que tiene el ingreso prohibido al e integra la lista negra de Donald Trump.
Luego del acto, Rodríguez tomó su teléfono celular y publicó un mensaje en su cuenta de Twitter: “Ha tomado juramento y se ha impuesto la banda presidencial al nuevo Presidente de la Argentina, Alberto Fernández, junto a su vicepresidenta Cristina Fernández. En nombre del Presidente Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela, acompañamos al pueblo argentino en este amanecer de la integracion americana”.
Tras su paso por el edificio legislativo, el delegado chavista se acercó a la Casa Rosada -sede gubernamental argentina- para saludar en nombre de su país al flamante presidente Fernández. Allí intercambiaron breves palabras con el mandatario y su canciller Felipe Solá, encargado de tramitar su estadía en Buenos Aires.
El 3 de diciembre pasado, Rodríguez -junto a otros 28 miembros del gobierno caraqueño- fue sancionado por los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), al ser incluido en un listado de personas vinculadas a la dictadura. Aquellos enumerados tienen prohibido el ingreso y el tránsito por las 18 naciones firmantes, entre ellas la Argentina.
Además de ese miembro del gabinete chavista, otros funcionarios venezolanos fueron alcanzados por la decisión continental. Ellos son: Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Marlene Contreras de Cabello, José David Cabello, Jorge Arreaza, Luis Damiani, Arcadio Delgado, Tarek El Aissami, Rafael Franco, Alexander Gramcko, Gladys Gutiérrez, Hannover Guerrero, Ivan Hernández Dala, Tibisay Lucena, Carlos Malpica, Juan José Mendoza, Maikel Moreno, Calixto Ortega, Vladimir Padrino, Manuel Quevedo, Delcy Rodríguez, Tarek William Saab, Lourdes Suárez, Iris Varela, Carmen Zuleta de Merchán, Raul Gorrín, y Alex Saab.
Pero los 18 países que adhirieron a la resolución vinculante, no fueron los únicos que sancionaron a Rodríguez. el 25 de junio de 2018 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). En su comunicado, el órgano norteamericano remarcó que el ministro era parte del “círculo íntimo” de Maduro, junto a su hermana Delcy -vicepresidente- y Diosdado Cabello. La amonestación de la Casa Blanca implicó que todas las propiedades o activos de Rodríguez que estuvieran en el exterior serían congeladas y bloqueadas. Pero además significa que las personas que intenten realizar un salvataje o emprender un intercambio con él también serían alcanzadas por la medida e incluidas en el listado de la OFAC.
Bajo la conducción de su ministerio, medios internacionales -como Infobae, CNN En Español, TVN de Chile, Antena 3 de España o NTN24 de Colombia- han sido bloqueados, censurados, perseguidos y sacados del aire. Pero no sólo eso: Rodríguez es señalado de ser el responsable de la detención arbitraria y posterior deportación de decenas de corresponsales internacionales, como ocurrió con el periodista Jorge Ramos, de Univisión.
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