Quiénes son los ocho militares venezolanos sancionados por los países del TIAR

En la lista de los 29 funcionarios venezolanos sancionados por los países que conforman el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), hay ocho militares entre retirados y activos. Ellos son Diosdado Cabello, José David Cabello, Rafael Franco, Alexander Granko, Hannover Guerrero, Iván Hernández Dala, Vladimir Padrino y Manuel Quevedo. Cuatro de ellos son funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Quién es cada uno de esos militares:

Diosdado Cabello Rondón es un militar retirado del Ejército venezolano. Egresó de la Academia Militar en la promoción 1987 “General de Brigada Tomás Montilla”. Antes de morir, Hugo Chávez ordenó que a quienes participaron en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, se les reconociera la antigüedad. Cabello era teniente y fue ascendido a capitán. Actualmente es el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Las razones que los seis países presentaron para su sanción fueron violación de derechos humanos, corrupción y lavado de activos.

José David Cabello Rondón es hermano menor de Diosdado Cabello. Cursó estudios en la Promoción 1993 “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre II” pero no se graduó en la Academia Militar ya que siendo cadete sufrió un accidente en un ejercicio militar. Al pisar una granada, le causó la pérdida de una mano, una lesión en uno de los talones y en un ojo. Fue dado de baja y enviado al Instituto Universitario de la Fuerza Armada (IUFAN). No tiene grado militar. Actualmente es el Superintendente.

La sanción la piden contra él cuatro países: Colombia, Estados Unidos, Perú y Venezuela.

Rafael Antonio Franco Quintero es un coronel del Ejército, perteneciente a la II promoción 1995 “General en Jefe Rafael Urdaneta”, donde ocupó el número 125 en el orden de mérito de 148 egresados. Hace unos años ocupó la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), imponiendo un violento proceso de tortura contra militares y civiles en los sótanos de ese organismo de inteligencia. Con Franco se armó un triángulo entre tortura en Dgcim, informes de médicos forenses que ocultaban esas torturas y la justicia militar que se encargaba de sellar el proceso para dejar detenido a quien el Gobierno consideraba traidor o peligroso.

Brasil, Colombia, Estados Unidos y Venezuela son los cuatro países que piden que sea sancionado como responsable de corrupción y violación de derechos humanos.

Alexander Enrique Granko Arteaga es un mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Con 38 años, figura como uno de los más temerarios funcionarios de la Dgcim, como Jefe de la Unidad de Asuntos Especiales. Egresó de la Escuela de Formación de Oficiales (Efofac) en 2004, de la II Promoción Toma de las Flecheras. El 29 de junio de 2016, es ascendido, por la resolución 014717 a Mayor en la categoría Efectivo de comando. Actualmente ocupa el cargo de director de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Cuatro países pidieron su sanción por corrupción y violación de derechos humanos: Brasil, Colombia, EEUU y Venezuela.

Hannover Esteban Guerrero Mijares es coronel del Ejército, egresando de número 60 en la promoción 1996 “General de Brigada José Florencio Jiménez”. Superó en crueldad y tortura a cualquier otro funcionario que haya estado en la Dgcim hasta que fue destituido el 14 de agosto 2019, luego de la tortura y asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo y la muerte por falta de asistencia médica del ex presidente de Citgo y ex ministro de Petróleo Nelson Martínez.

Este funcionario, relegado ahora a una dirección intrascendente, se permitió durante su jefatura en Investigaciones Dgcim prohibir la visita de militares detenidos durante meses, por capricho personal. Obligaba a que los médicos forenses vieran a los detenidos solo en presencia de dos custodios que en muchos casos habían sido sus torturadores. Eso causó que los forenses se negaran finalmente a ir a la DGCIM. Hannover obligaba a los funcionarios a su cargo que, cuando llevaban a un detenido al Hospital Militar, el médico debía atenderlo en su presencia y además presionaba para que en los informes médicos no se revelara nada que hiciera presumir que hubo tortura.

Bajo su dirección ocurrieron varios intentos de suicidio, como el del mayor Abraham Suárez. Su familia no solo que no fue notificada, sino que incluso se le negó acceso a verlo y mucho menos a atenderlo, además de negársele la necesaria asistencia psicológica.

Los días de Hannover se recuerdan en la Dgcim como la etapa de los huesos rotos, los moretones en cuerpo y rostro, los aislamientos prolongados y el establecimiento del Cuarto de los Locos, como le decían a un pequeño espacio del cual el detenido salía en estado de locura.

Delitos por los cuales fue presentado por cuatro países (Brasil, Colombia, EEUU y Venezuela): responsable de corrupción y violación de derechos humanos.

Iván Rafael Hernández Dala es un mayor general del Ejército, perteneciente a la promoción 1988 “GB Manuel Manrique”. Nacido en Caracas, ha hecho carrera militar desde hace unos años al lado de Nicolás Maduro, convirtiéndose en un hombre de su más absoluta confianza. Tanto es así que ocupa simultáneamente el cargo de Director de Contrainteligencia Militar y además es el Jefe de la Guardia de Honor Presidencial o Casa Militar como siempre se le ha conocido a los encargados de la seguridad del presidente y su familia.

A él presentaron sancionarlo como responsable de violación de derechos humanos seis países: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú y Venezuela.

Vladimir Padrino López es General en Jefe del Ejército y desde hace más de cinco años ocupa el cargo de Ministro de la Defensa y, además, es Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Los delitos por los cuales lo denunciaron los representantes de Venezuela en el TIAR: responsable de violación de derechos humanos y corrupción.

Las sanciones en su contra fueron presentadas por seis países: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú y Venezuela.

Manuel Salvador Quevedo Fernández es un Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana, egresado en 1987 de la Escuela de Formación de Oficiales. Nicolás Maduro lo designó, hace dos años, presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y Minería. Cuatro países -Argentina, Brasil, EEUU y Venezuela- presentaron su sanción por los delitos que contra él presentó Venezuela: responsable de corrupción.

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