La historia de los militares detenidos, por razones de conspiración en Venezuela, tienen como punto en común la tortura. A veces física, otras psicológicas y casi siempre las dos. Los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tienen muchas historias escabrosas que contar. Algunas nunca se sabrán, por pudor o por temor, otras se conocerán en algún momento. Las que se han logrado colar tienen demasiados espacios vacíos porque lo más efectivo que ha tenido la revolución bolivariana, en los últimos años, ha sido el miedo.
Para que se llegara a algo tan efectivo han pasado varias cosas: silencio, complicidad, cobardía, amenazas y dádivas. Así se hizo un sistema de tortura que ha reducido a algunos seres humanos a un nivel casi primitivo. Cada historia parece más escabrosa que la anterior. En la Dgcim se ha ido acelerando el proceso de deterioro de la institución, en lo que al respeto a los derechos humanos, se refiere.
No se trata solo del torturador que golpea, rompe huesos, mete electricidad, coloca asfixia con bolsas, causa moretones, desprende testículos, etcétera. Tampoco al custodio que veja a los detenidos, que humilla a un general hasta golpearle el alma, que insulta a un mayor, que amenaza al hijo de un capitán u ofende a la anciana madre de un coronel.
Ni siquiera se reduce a que el jefe de Investigaciones de la Dgcim, coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, reúna a detenidos civiles y militares, para decirle, con rabia contenida, mientras tiembla de ira, que él no es torturador, que pudieron haberse llevado mejor, pero que la culpa no es de él sino de los presos. Le dice el irrespetuoso carcelero a los detenidos que "sus mujeres son unas bichas" que lo tienen obstinado con tanta reclamadera.
En ese entramado también entran los tribunales militares, los fiscales y los defensores públicos. Y súmele la actuación del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).
El silencio del Defensor
Pero un personaje que permanece en silencio aún cuando tiene responsabilidad directa como parte del Poder Ciudadano es el Defensor del Pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo, quien desde el 2014 era director ejecutivo en la Defensoría del Pueblo.
Cuando Diosdado Cabello lo juramenta en la Asamblea Nacional Constituyente dice que "es un defensor nato de los Derechos Humanos, es uno de los funcionarios que hace su trabajo calladito, pero lo hace bien".
Ruiz Angulo es licenciado en Educación, mención Filosofía, con estudios de posgrado sobre investigación educativa en el Centro de Reflexión y Planificación Educativa (CERPE) en Caracas y de Derechos Humanos en la Universidad de Verano en Ginebra, Suiza.
Desde muy joven se dedicó a la promoción y defensa de los derechos humanos, siendo uno de los fundadores de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Fue secretario técnico de la Comisión Nacional de prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes desde el 1 de agosto de 2016 hasta que fue juramentado como Defensor del Pueblo el 20 de noviembre de 2018.
Este funcionario tiene un rol estelar en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Defensor no solo obvia las denuncias sino que ignora lo que especifica el artículo 6 de la Ley contra la Tortura, en lo que se refiere a las víctimas y familiares de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, quienes tienen derecho, y lo han hecho, a exigir medidas de protección y seguimiento, y medidas de prevención a los órganos y entes competentes.
La Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes no se sabe si está o no instalada ni qué funciones cumplen.
La prioridad del Defensor
Mientras la Defensoría se niega a recibir las denuncias por parte de familiares de los torturados en los sótanos de la Dgcim, Ruiz Angulo hace gala de haberse reunido con un grupo de familiares y amigos de Ilich Ramírez Sánchez e integrantes de varios colectivos y movimientos sociales quienes pretenden la repatriación de alias Carlos El Chacal, quien es venezolano y está preso en Francia por homicidio.
El Defensor del Pueblo escuchó los argumentos del grupo que lo visitó y con quien se tomó fotografías. Les dijo que entre sus atribuciones está también proteger a los venezolanos residentes o en tránsito en el exterior contra posibles violaciones a sus derechos humanos, de acuerdo a la ley.
Entre quienes asistieron a la reunión estaba: Comité de Solidaridad Internacional, el colectivo Alexis Vive, Fundación Omar Pinto, Unidad Popular Venezolana, Partido Comunista de Venezuela, el partido Patria para Todos y los constituyentistas Amarilis Pérez Marcano, Julio Escalona, David Palavicini, entre otros.
Ellos le dijeron al Defensor que le están vulnerando los derechos humanos a Ilich. Está sentenciado a cadena perpetua por el homicidio de dos agentes de la DST y considerado terrorista por Francia y también por Estados Unidos.
El Defensor del Pueblo dijo que actualmente están realizando inspecciones a todos los centros de detención preventivos del territorio nacional, pero no ha realizado ninguna acción ante la gran cantidad de denuncias sobre tortura en Dgcim y Sebin.
Tuvo que ocurrir la tortura y asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo para que la Defensoría dijera que abrió una investigación de la cual no se sabe nada. Los demás torturados y sus familias siguen esperando por Ruiz Angulo.
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