La persecución en Venezuela avanza impunemente. Publicar un mensaje en redes sociales, grabar un video satírico o hacer una obra de teatro en tono comedia puede ser razón suficiente para terminar en una cárcel.
La libertad de expresión está continuamente asediada por el régimen de Maduro, que ha logrado una casi absoluta hegemonía comunicacional en los medios tradicionales, con el control de los canales de televisión, las estaciones de radio y la prensa escrita. Ahora avanza contra los ciudadanos, contra todo aquel que se aventure en enviar mensajes por internet u otras vías que incomoden al poder. Una ruleta que criminaliza el derecho a expresarse.
De las tablas al calabozo
El caso más reciente es el de los actores Aisak Ovalles y Pedro Huice, quienes protagonizan la obra Dos policías B en apuros. El pasado domingo 4 de agosto, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se los llevaron detenidos, junto a la productora y el director del show.
Los cuatro permanecieron presos por 24 horas. ¿La excusa? El uso del uniforme y las insignias de la institución. Sin embargo, a través de su cuenta oficial en Twitter, la propia PNB dejó constancia de su crítica al contenido de la pieza teatral, que según ellos "busca ridiculizar y tergiversar las verdaderas funciones policiales".
El trasfondo del asunto es que uno de los personajes de la obra es un policía homosexual.
El defensor de derechos humanos y director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, consideró que la detención responde a "una lógica homofóbica, por la sátira que esa obra hace de la represión policial en el país", según declaró al portal Efecto cocuyo.
Música tras las rejas
La historia de Karen Palacios, una clarinetista de la Orquesta Filarmónica de Caracas, es una de las muestras del autoritarismo que existe en todos los niveles en Venezuela. La joven fue detenida el pasado mes de junio luego de denunciar a través de su cuenta en Twitter que había sido despedida de la agrupación sinfónica, por su postura en contra del régimen de Nicolás Maduro.
"El 26 de mayo, mi hija publicó un hilo en Twitter, donde declaró que por su posición política le habían revocado un contrato. Ese día ella estaba destrozada, porque no soporta las injusticias. Decía que no era justo, que había cumplido con su trabajo. Eso se hizo viral y el 1 de junio la detienen a raíz de ese tuit que publicó", explicó su madre.
A pesar de tener boleta de excarcelación con fecha del 18 de junio, la clarinetista estuvo presa por 45 días, acusada del delito de instigación pública.
Su familia denunció que Karen sufrió torturas durante su arbitraria detención en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cuyos comandantes han sido sancionados por Estados Unidos por ser responsables de reiteradas violaciones de derechos humanos.
Finalmente, Karen fue excarcelada la noche del 16 de julio, pero no está libre. Tiene una medida cautelar que le impide declarar a los medios de comunicación y usar las redes sociales, y además tiene un régimen de presentación en tribunales.
Más de un año preso por tuitear
Pedro Patricio Jaimes Criollo tiene 15 meses preso. Su delito fue publicar un tuit a través de su cuenta dedicada a temas aeronáuticos, @AereoMeteo, en el que indicaba la ruta del avión presidencial el 3 de mayo de 2018. Una información pública, que está disponible en varios portales en internet especializados en la materia.
El tuitero fue detenido el 10 de mayo, acusado de revelación de secretos políticos, espionaje informático e interferencia de la seguridad operacional. El régimen lo mantuvo en desaparición forzada por 35 días, sin que su familia ni su abogado supieran de su paradero.
La ONG Espacio Público ha denunciado que Pedro Jaimes actualmente está recluido en una celda de 4×3 metros, sin ventilación ni luz eléctrica. Desde la cárcel, envió una carta manuscrita, en la que denunció que fue sometido a torturas físicas y psicológicas.
Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares de protección, Pedro Jaimes sigue preso. Su audiencia de juicio ha sido diferida siete veces. El relator especial de la CIDH, Edison Lanza, asegura que "su privación de libertad es un intento de reprimir el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión".
El blackout
El 12 de marzo de 2019, cuando Venezuela vivía el sexto día consecutivo de apagón nacional, el periodista Luis Carlos Díaz salió de la estación de radio donde trabaja, tomó su bicicleta y se dirigió a su casa. Era lo habitual por esos días. Pero en el camino fue interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), quienes a golpes lo capturaron y desaparecieron por varias horas.
Días antes, desde el programa de televisión Con el mazo dando, que conduce el dirigente chavista Diosdado Cabello, habían acusado al periodista de ser responsable de esta falla eléctrica sin precedentes que afectaba al país.
La acusación se basaba en un video que Díaz y su esposa, Naky Soto, habían grabado y publicado en internet, con una serie de consejos sobre qué hacer en caso de un blackout en el país. El material fue tergiversado, manipulado y lo utilizaron para incriminarlo en una supuesta conspiración eléctrica.
La detención del periodista y activista por los derechos humanos despertó una gran indignación entre los venezolanos, en especial en el gremio de comunicadores, y generó reacciones de diversos organismos internacionales, incluyendo la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, cuyos delegados se encontraban de visita en Caracas.
Al día siguiente de su detención, y gracias a la presión de la opinión pública, Luis Carlos Díaz fue excarcelado, pero se le impuso restricción de salida del país, prohibición de declarar sobre su caso y régimen de presentación.
Los bomberos y el burro
Carlos Julio Varón García y Ricardo Antonio Prieto Parra, dos bomberos del estado Mérida, en los andes venezolanos, fueron detenidos en septiembre de 2018, luego de que se viralizara un video que grabaron en la estación. En la filmación, los efectivos simulan ser locutores, y con humor reclamaban a Nicolás Maduro por la falta de equipamiento y la deteriorada infraestructura en que se encontraba el departamento de bomberos.
En el video, mostraban a un burro recorriendo la estación de bomberos y bromeaban haciendo referencia a Maduro. Los funcionarios fueron acusados de los delitos de vilipendio contra el Presidente, instigación pública e incitación al odio.
El relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, afirmó que "no tiene parangón" una acusación de este tipo por un video sarcástico.
El caso de los bomberos es irregular pero no extraordinario, en un país donde se violan a diario los derechos humanos. Desde su llegada al poder en 2013, Nicolás Maduro acumula más de dos mil violaciones al derecho a la libre expresión, según registra la ONG Espacio público. Un régimen autoritario donde la libertad de opinar libremente no está garantizada.
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