Tras la XV reunión llevada a cabo este martes en Buenos Aires, el Grupo de Lima aprobó la creación de un ente para investigar a los testaferros del dictador Nicolás Maduro, una de las propuestas que acercó al bloque el representante de Juan Guaidó ante el organismo, Julio Borges.
En otro de los puntos más importantes de la resolución final, el Grupo pidió que el informe de Michelle Bachelet sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela se trate en el Consejo de Seguridad.
Los países miembros apoyan de esta manera "a través de sus órganos competentes, las investigaciones y acciones a partir de la información suministrada por Venezuela sobre la participación de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que los vincule con actividades ilícitas de corrupción, narcotrafico y delincuencia organizada transnacional, así como el amparo que otorgan a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano y el impacto en la región de dichas actividades", de acuerdo a lo estipulado en el comunicado final.
Esta oficina funcionará para "todos los casos de corrupción, testaferros, y familiares de los enchufados", adelantó Borges minutos antes de presentar la propuesta ante el Grupo. "Ya tenemos la información recopilada país por país y esto va a ser llevado a los órganos de investigación para sanciones o para investigaciones criminales", detalló.
En el comunicado, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela deciden "remitir el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional" y que se trate en el Consejo de Seguridad de la ONU. El reporte de Michelle Bachelet, dicen, "no deja margen para que algunos países sigan apoyando al régimen ilegítimo de Maduro"
El grupo también señala que la solución de la crisis en Venezuela pertenece a los venezolanos. "Ese principio es incompatible con la actual presencia en Venezuela de agentes militares, de seguridad y de inteligencia de países que apoyan al régimen dictatorial".
El bloque también manifestó su rechazo a los foros y movimientos -como el autodenominado Foro de São Paulo– "que pretenden actuar en defensa del régimen dictatorial ilegítimo de Nicolás Maduro".
Y solicitan que se incremente la ayuda financiera a los países de acogida de venezolanos para dar una respuesta efectiva a las necesidades de los migrantes: "El éxodo migratorio venezolano tiene matices trágicos por la expulsión forzosa de personas, y el impacto que ha generado en nuestros países".
Asimismo, los países miembros del Grupo de Lima se comprometieron a "continuar impulsando el diálogo y coordinación con el Grupo Internacional de Contacto". Brasil, en tanto, se comprometió a albergar la próxima reunión del bloque.
Luego de la reunión, y en conferencia de prensa, los cancilleres reafirmaron su compromiso con el gobierno interino de Guaidó.
Preguntado sobre la aprobación en el Parlamento de Venezuela sobre la reincorporación del país al TIAR, el tratado internacional que le permitiría pedir ayuda militar extranjera, Faurie negó que eso vaya a suceder en lo inmediato. "Todos estamos comprometidos a alcanzar una solución pacífica, el uso de la fuerza será un recurso que quedará para el momento que corresponda", aseguró.
A diferencia de Faurie, Borges sí resaltó la aprobación del TIAR y explicó que el objetivo es volver a la Venezuela que históricamente tenía una posición pro libertad, pro lucha democrática. "Nosotros lo que estamos haciendo es devolver a Venezuela al sistema interamericano", aseguró.
"Lo peor que puede pasar en Venezuela es que no pase nada, que la gente se siga yendo y que Maduro se quede como dueño del país", aseguró Borges en diálogo con Infobae. Para el enviado de Guaidó, "quien escoge la violencia es Nicolás Maduro".
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