En el centro de tortura que se ha convertido la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) realizaron el jueves una requisa, como ocurre con cierta frecuencia, pero esta vez les robaron todas sus pertenencias: colchonetas, medicinas, prendas personales, cepillos de dientes, pasta dental, jabón de baño, desodorantes, papel higiénico, sábanas, alimentos, dejando las celdas vacías.
Lo único que no se robaron fueron la comida dañada y los libros, que le devolvieron a los familiares obligándolos a firmar un acta de entrega como si les hubiesen devuelto lo que en realidad se robaron. "Tienen que volver a traerle todo lo que necesiten, pero no traigan libros", fue la recomendación de uno de los custodios.
Ya no les van a permitir el ingreso de alimentos a las celdas, sino que van a ser trasladados al comedor. Prohibieron la salida a los baños y les instalaron una poceta sanitaria dentro de algunas celdas para que hagan ahí sus necesidades. Los restantes deben hacerlas en bolsas plásticas. Por ahora, hay militares desaparecidos, torturados, sin derecho a visitas familiares, sin llamadas telefónicas, sin acceso a sus abogados, sin audiencias de presentación y sin derecho al debido proceso.
La Asamblea Nacional, en un documento suscrito por su presidente Juan Guaidó, el 29 de junio, aprobó varias medidas relacionadas con los casi 200 militares detenidos por razones políticas, entre esas acudir a organismos internacionales como la ONU, la CIDH y la Corte Penal Internacional, para entre otras cosas verificar el estado de salud de todos los militares presos y exigir la fe de vida y chequeos de estado de salud de los militares desaparecidos.
Han pasado más de 15 días desde ese documento firmado y la Organización de las Naciones Unidas no ha respondido, más aún, a la comisión que dejó en Venezuela la doctora Verónica Michelle Bachelet Jeria, el gobierno de Maduro no le ha permitido el acceso a los sótanos de la DGCIM ni siquiera a reunirse con militares detenidos y ni siquiera contestan sus comunicaciones, después del informe que la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó ante la ONU.
La Comisión Internacional de los Derechos Humanos está abarrotada de denuncias, así como la Corte Penal Internacional.
La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, ya había recibido en abril del año pasado 2018 a los familiares de los nueve militares del Ejército que habían sido detenidos el 2 de marzo: los 6 tenientes coroneles Igbert Martín Chaparro, Erick Peña Romero, Henry Medina, Victoriano Soto Méndez, Juan Peña Palmintieri y Deivis Marrero, además del Primer Teniente Javier Ariza y los sargentos Julio Gutiérrez y Yulimar Medina.
En marzo 2019 la Comisión volvió a recibir a más familiares de otros detenidos militares, quienes al igual que en el 2018 relataron lo que ha ocurrido en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Pero no hay una acción de los parlamentarios, más allá de las declaraciones en los medios de comunicación. Las esposas, madres e hijas de los militares detenidos no cuentan con la solidaridad presencial de los parlamentarios, por ejemplo para reclamar la desaparición de varios militares, de la destrucción de las pertenencias que les fueron robadas de las celdas, incluyendo los medicamentos, el traslado inconsulto de las 10 mujeres que estaban detenidas en DGCIM y que fueron llevadas a la sede del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) que es una cárcel de mujeres, la desaparición de los militares Miguel Rodríguez Torres, Raúl Isaías Baduel, Igber Marín Chaparro, Humberto De La Sotta Quiroga, Ruperto Molina, Rodriguez Dos Ramos además del civil Carlos Eduardo Marrón.
El tercer punto que solicita el documento que firma Guaidó es exigir la entrega de la fe de vida y chequeos del estado de salud de los militares desaparecidos en las últimas horas. Pero los diputados ni de la Comisión de Defensa ni de las Subcomisión de Derechos Humanos han promovido una acción que lleve al cumplimiento de esa petición.
Mucho menos han ejecutado alguna acción para verificar el estado de salud de los demás militares presos, especialmente los de la DGCIM, a quienes les han aplicado una serie de acciones violentas en las últimas 72 horas, que van desde el en envío a las celdas de tortura de varios militares señalados de ser los promotores de la acción de resistencia por la exigencia de sus derechos humanos.
El documento
Agrega: "Toda esta actuación sistemática de la dictadura de Maduro contra quien piensa distinto ha sido silenciada por la censura en los medios de comunicación y dentro de los cuarteles de nuestra Fuerza Armada Nacional con la complicidad de los altos mandos de esta institución , quienes han desatendido los principios básicos que rigen a todo jefe militar: el bienestarde los hombres y el cumplimiento de la misión".
Considera que estos jefes han dejado de serlo y "son indignos de ejercer el mando de la Fuerza Armada Nacional. La nación entera los repudia". Destaca el documento, suscrito por Guaidó, que se han comunicado con los diputados de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, así como con familiares y abogados vinculados al caso, para prestar el apoyo necesario ante esta terrible situación".
Se dirige a los venezolanos de uniforme, bien sean policías y especialmente militares. "Es que ya no les basta ver la situación de tragedia en que nos hunde diariamente el régimen usurpados, no les basta ver a millones de compatriotas saliendo del país para ser beneficiarios de la caridad de los países hermanos". Les señala que "con su silencio aprueban las infames torturas a las que someten a sus compañeros de armas. Están siendo cómplice de un régimen oprobioso, el más nefasto de la historia republicana".
A su juicio hay dos caminos: seguir siendo sumisos y partícipes de nuestra tragedia o demostrar el valor necesario para restituir el hilo constitucional. Finalmente les dice que "hoy su Nación los necesita como nunca antes".
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