La Gran Sabana, región al sureste de Venezuela, está militarizada desde el 22 de febrero, en víspera de las acciones planificadas por la oposición y países aliados para ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. Militarizarla significó matar a siete personas y detener a 56, varias de las cuales resultaron heridas.
La fundación Robert F. Kennedy Human Rights y el Foro Penal venezolano lideraron a fines de marzo una delegación conjunta que visitó las comunidades de Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, las más afectadas por la masacre. Entrevistaron a varios de los sobrevivientes e hicieron un relevamiento de la situación en el terreno.
Ahora publicaron un impactante video, con imágenes nunca vistas de la salvaje represión de febrero, y el testimonio de algunas de las víctimas. "Fue una masacre de personas indígenas inocentes, por parte de uno de los regímenes mas represivos del mundo", dice el locutor, que es el actor venezolano Wilmer Valderrama.
"Actualmente, enfrenta cargos criminales ni acciones disciplinarias. Kumarakapay, Santa Elena y otras comunidades a lo largo de la frontera continúan militarizadas y los sobrevivientes temen volver a sus hogares", concluye el video.
La Gran Sabana, que comprende el estado Bolívar y Amazonas, es donde está el corazón del sistema interconectado de electricidad. En su subsuelo están las reservas de minerales preciosos más importantes del país. Ahí está el oro, tan apetecido por los rusos, los chinos y los iraníes.
El gobernador del estado Bolívar, general (GNB) Justo Noguera Pietri, quien estando activo en la Fuerza Armada fuera el Comandante General de ese componente militar y luego jefe de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), se mudó para el municipio Gran Sabana, aun cuando la capital del estado es Ciudad Bolívar.
El único alcalde indígena del país es Emilio González, del municipio Gran Sabana, y el único no oficialista de todo el estado Bolívar. Han tratado de desplazarlo del cargo varias veces, unas por vía legal y otras por la fuerza. No lo habían logrado. Desde la militarización de la zona y usando fuerza desproporcional, lo obligan a movilizarse para no dejarse capturar.
Los militares venezolanos se establecieron a todo lo largo de la frontera con Brasil. Ante el cierre oficial de los pasos fronterizos legales, cobran 100 reales (unos 25 dólares aproximadamente) para permitir transitar por las trochas o caminos verdes.
El Gobierno ha ejecutado una estrategia que aun no está clara si busca proteger esa parte tan vulnerable del territorio venezolano o prepara una zona que le permita al Gobierno una trinchera de llegar a producirse un enfrentamiento bélico o el traslado del centro del poder en Venezuela.
Llama la atención que detienen a los comerciantes más fuertes de la zona, con el argumento de haber ayudado a los indígenas. A algunos los dejaron en libertad, luego que pagaron entre 5 mil y 10 mil dólares, con la advertencia de que podrían volver a apresarlos; esos comerciantes abandonaron la zona y se establecieron al otro lado de la línea fronteriza, en territorio de Brasil.
Los indígenas están entre indignados y sorprendidos; no esperaban ser tratados de manera tan cruel. Algunas comunidades están desoladas, porque 721 indígenas (según un informe de la organización Foro Penal) se fueron y otros aún continúan haciéndolo.
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