El 30 de enero de 2019 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) llegaron al Batallón del Comando Logístico Operacional (COLOP) del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB). Allí sacaron de su oficina detenido al coronel (Ej) Johnny Rafael Mejías Laya, cuyo jefe es el general César Figueira Peralta.
Fue la primera consecuencia de la detención del coronel retirado (GNB) Oswaldo Valentín García Palomo, acontecida el día previo, 29 de enero. Así empezó una larga lista de torturas, de violaciones a sus derechos humanos y de denegación de justicia del alto oficial del Ejército.
Los cuerpos de inteligencia no daban información sobre dónde ni por qué estaba detenido. Esa misma noche la familia Mejías recibió la presencia de varios funcionarios de la DGCIM, quienes allanaron su vivienda con armas largas y en medio del terror de las dos hijas menores del matrimonio, de 6 y 13 años, que aun hoy tratan de superar el trauma psicológico y la depresión.
Los uniformados destrozaron lo que encontraron a su paso. Pero no fue la única vez, volvieron dos semanas después a repetir la acción, mientras la vivienda estaba sola mientras en el tribunal se llevaba a cabo la Audiencia de Presentación.
El coronel relató después a su familia y a compañeros de prisión que fue golpeado con barrotes de madera, que lo obligaron a tomar agua del inodoro, que fue asfixiado con bolsas plásticas. Le dislocaron su hombro derecho. No le permitieron usar el baño, por lo que las necesidades fisiológicas debió hacerlas de pie y sobre la ropa puesta, causándole graves daños infecciosos en sus partes íntimas.
Además contó que estuvo vendado y esposado con las manos atrás durante ocho días. Lo peor eran las torturas psicológicas. Le amenazaron a la familia, a quienes les allanaron las viviendas y negocios robándoles todos los bienes muebles. En esos días su hermana falleció de cáncer y no le permitieron ni siquiera saber la noticia. Mucho menos despedir su cuerpo.
Aunque él fue detenido el 30 de enero, permaneció incomunicado y torturado hasta el 15 de febrero, que fue presentado ante la jueza Carol Bealexis Padillla Reyes de Arretureta, del Tribunal Especial 1º de Control en Terrorismo. Ella está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro norteamericano.
Los fiscales son Farik Mora y Dinorah Bustamante, quienes junto con Padilla Reyes llevan numerosos casos políticos, como el del concejal Fernando Albán, Roberto Marrero y Juan Requesens, entre otros.
En la acusación contra el coronel Mejías Laya encubren que fue detenido el 30 de enero y aparece como si hubiese ocurrido el 6 de febrero. Es así como el inspector Edwin Altuve miente en el acta N° DGCIM-DEIPV-AIP: 107/2019, cuando asegura que el coronel, supuestamente involucrado en la Operación Constitución, que contempla actividades de desestabilización y atentado contra Nicolás Maduro, con apoyo de Estados Unidos y Colombia, fue detenido en la sala de espera del comando ubicado en Fuerte Tiuna.
Dos hechos desmienten el acta de Altuve, ya que el coronel llevaba más de una semana siendo torturado. El 30 de enero a las 2:30 de la tarde se llevaron esposado al coronel, frente a sus subalternos. Esa misma noche hacen el allanamiento a la vivienda de la familia en San Antonio de Los Altos.
El acta policial N° Dgcim-Deipc-AIP:060-2019 la suscribe el inspector jefe Abel Angola, uno de los funcionarios reconocidos por los detenidos como el que los tortura.
De la casa del oficial y de la casa de su abuela, los funcionarios de la DGCIM se llevaron todo lo que encontraron de valor, también todas las fotos, álbumes, documentos de las propiedades y los carros.
La revelación en la OEA
El mundo vio lo que le estaba ocurriendo al coronel Mejías Laya porque el teniente de la Aviación Ronald Alirio Dugarte, que era funcionario de la DGCIM, presentó ante la Organización de Estados Americanos varios videos sobre lo que ocurre en ese centro de Inteligencia Militar. En uno de ellos se veía al coronel Mejías Laya sentado en el piso, esposado con las manos a la espalda, vendado en un acto cruel y vejatorio.
De las torturas que sufre está en estado depresivo muy delicado, incluso manifestando querer quitarse la vida. Físicamente está muy deteriorada su salud, incluso porque tiene las hemorroides afuera sin que reciba ningún tipo de asistencia médica.
Además, presenta dolores agudos en la columna vertebral y la cabeza a causa de los golpes recibidos y por no recibir la luz del sol, no dormir apropiadamente, estar sometido a una gran presión.
Mejías Laya es huérfano de madre desde los dos años, por lo que fue criado por su abuela de 85 años, a quien los funcionarios de la DGCIM no le permiten visitarlo argumentando que no es la madre biológica.
La trayectoria militar del coronel Johnny Rafael Mejías Laya es destacada. Se graduó con honores, siendo número uno en todos sus ascensos y reconocido como un intachable oficial de la República.
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