Una jueza chavista afirmó que el informe Bachelet busca "victimizar" a las mujeres violadas en las cárceles del régimen de Maduro

Carmen Zuleta de Merchán, nombrada por el dictador para el Tribunal Supremo, criticó las denuncias de violencia sexual que hizo la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Y agregó que las venezolanas son libres y si "optan por prostituirse, son putas"

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Carmen Zuleta de Merchán (Corte Suprema de Justicia de Venezuela)
Carmen Zuleta de Merchán (Corte Suprema de Justicia de Venezuela)

La jueza del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, la chavista Carmen Zuleta de Merchán, habló de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en Venezuela y se prostituyen en las cárceles de ese país.

Se refirió a este tema en respuesta al informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien denunció al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de cometer delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante su detención.

Entre las agresiones físicas, se documentaron "tocamientos inapropiados", "desnudez forzada", "amenazas de violación" y "arrastramientos por el pelo".

"El informe de Bachelet hace énfasis en las mujeres para sentimentalmente victimizarlas como aconseja el discurso patriarcal ilustrado… Las mujeres en Venezuela son dueñas de su propio destino y cuando optan por prostituirse (como en todas partes del mundo) es porque son putas", escribió Zuleta en su cuenta en la red social Twitter.

Sus palabras, como consigna El Nacional, generaron una ola de críticas. Sin embargo, Zuleta -lejos de retractarse- afirmó que sólo defendía a las venezolanas honestas que no se prostituyen por razones humanitarias.

"Veo con estupor que haya venezolanos que acepten denigrar del género y del gentilicio heroico aceptando y justificando de manera infundada, irrespetuosa e irresponsable que la mujer venezolana no tiene dignidad para enfrentar la guerra internacional que nos asedia", agregó.

El informe de Bachelet mencionó "tratos degradantes" hacia personas privadas ilegítimamente de su libertad. También subrayó los casos de violencia sexual denunciados por organizaciones civiles pero que han quedado en un segundo plano.

Ante las respuestas de los usuarios de la red social, la jueza se limitó a expresar: "Imposible plantear temas trascendentes en materia feminista sin tropezar con los analfabetos funcionales de las redes. Sin embargo, sigo apostando a la grandeza del pueblo".

Bachelet subrayó el pasado viernes que "los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios", en la presentación de su informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos.

"El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política", señaló en su discurso de presentación del documento en Ginebra.

El informe acusa al régimen de Nicolás Maduro de "graves vulneraciones de derechos", y documenta, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos (AP Photo/Ariana Cubillos)
Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos (AP Photo/Ariana Cubillos)

Estos delitos "deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición", afirmó la alta comisionada.

Bachelet también denunció las repetidas informaciones recibidas sobre torturas durante detenciones arbitrarias, y en este sentido recordó la reciente muerte del ex oficial de Marina Rafael Acosta cuando se encontraba bajo custodia, un caso que pidió sea investigado de forma imparcial y transparente.

Por otro lado, la ex presidente chilena indicó que "las instituciones esenciales y el Estado de derecho en Venezuela se han erosionado" y "el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida peligro corre peligro de ser castigado con represalias y represión".

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