El informe que Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó ante la ONU esta semana acusa al régimen de Nicolás Maduro de "graves vulneraciones de derechos", y documenta, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Estos delitos "deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición", afirmó la alta comisionada en su discurso de presentación del documento el viernes en Ginebra.
Ante esta denuncia fueron varios los líderes internacionales que declararon que la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya debería abrir una investigación y tener evidencia suficiente para juzgar a Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, el ex mandatario colombiano Andrés Pastrana y el jefe de Estado chileno Sebastián Piñera consideran que Bachelet debe remitir su informe a la CPI.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, también se sumó a este reclamo. "El informe denuncia que los abusos pueden constituir una 'persecución por motivos políticos' y pide investigar la 'responsabilidad penal individual' por esos crímenes. Bachelet debería enviar toda la información que recabó su oficina a la Corte Penal Internacional", declaró Vivanco a través de su cuenta de Twitter.
Este pedido a la CPI no sería una maniobra inusual debido a que en octubre de 2018, Luisa Ortega Díaz, la destituida fiscal general de Venezuela que ahora se halla en el exilio, envió un documento a la CPI donde responsabilizó directamente a Nicolás Maduro sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en su país y pidió que sea detenido.
Y en una comunicación entregada el 27 de septiembre de 2018 en la sede de la CPI en La Haya, seis países (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) solicitaron a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, "iniciar una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014, con el fin de determinar si una o más personas específicas deben ser acusadas".
La Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia que puede tomar casos allí donde las autoridades locales no lo hagan, con el objetivo de asegurar justicia allí donde se cometan "delitos atroces", explicó Human Rights Watch. En efecto, según Amnistía Internacional, desde el año 2002 está habilitada para juzgar a personas que hayan cometido genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Un ejemplo de la actuación de la CPI fue cuando la misma ordenó el arresto de Omar al Bashir, presidente en ejercicio de Sudán el 4 de marzo de 2009, por crímenes de guerra y lesa humanidad contra la población civil de la región de Darfur entre 2003 y 2008.
La CPI también inició una investigación y proceso que resultó en la orden de arresto al dictador libio Muammar Khadafi, que se archivó tras su muerte durante la revuelta que lo derrocó en 2011.
En 2012, la Corte impuso una pena de 14 años de prisión a Thomas Lubanga, ex dirigente de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, por el reclutamiento y utilización de niños y niñas soldados en la región de Ituri (República Democrática del Congo, RDC) entre septiembre de 2002 y agosto de 2003.
También en 2016 la CPI impuso 18 años de cárcel a Jean-Pierre Bemba Gombo, ex vicepresidente de la RDC y ex jefe militar del Movimiento para la Liberación del Congo, por crímenes de guerra y de lesa humanidad –incluidos asesinatos, violaciones como arma de guerra y pillaje– cometidos en 2002-2003 en la República Centroafricana.
En 2016 se registró también la primera condena por destruir patrimonio cultural: el yihadista Ahmad Al Mahdi Al Faqi, alias "Abu Turab", recibió una pena de 9 años de prisión por la destrucción de nueve mausoleos y una mezquita en Tombuctú (Mali) que eran patrimonio de la humanidad. En tanto que eran "objetivos religiosos, no militares", se consideró crimen de guerra.
La única forma de evitar un procedimiento por parte de ese tribunal, es que las autoridades locales actúen. En consecuencia, la Fiscalía de la CPI puede tener gran influencia sobre las autoridades nacionales durante sus "exámenes preliminares", en los cuales analiza la posibilidad de iniciar una investigación. Este es el caso de Venezuela.
Un ejemplo de esto último es lo ocurrido en Guinea con las investigaciones sobre la masacre perpetrada en un estadio el 28 de septiembre de 2009. En diciembre de 2017, luego de que se completara la investigación, los jueces elevaron la causa a juicio, gracias a la presión que había recaído sobre funcionarios nacionales, y la intervención de actores internacionales.
También en Georgia, donde las autoridades locales desistieron de investigar los delitos cometidos durante el conflicto armado de 2008 con Rusia en la región de Osetia del Sur, lo cual propició que la CPI iniciara una investigación en enero de 2016. Aunque no hubo una intervención directa, la Fiscalía colaboró activamente con las autoridades nacionales en su evaluación de los procesos.
En Colombia, en el marco del conflicto armado, se dictaron numerosas condenas contra personas acusadas de "falsos positivos", es decir, casos de ejecuciones ilegales que eran informadas oficialmente por militares como bajas legítimas ocurridas en situaciones de combate. Allí, la Fiscalía de la CPI trabajó eficazmente para frenar al menos una propuesta legislativa que podría haber frustrado estos procesos, y fue uno de los factores significativos en la formulación de estrategias relevantes de persecución penal.
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