Después de una investigación de casi cinco años, desarrollada en once países, Douglas Farah, presidente del IBI Consultores, y Caitlyn Yates, investigadora de la Universidad de Texas, presentaron en el Center for Strategic and International Studies el estudio "La última resistencia de Maduro: la supervivencia de Venezuela mediante la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana".
En el reporte, de 21 páginas, los investigadores indicaron que el régimen chavista, después de dos décadas de revolución, se convirtió en una empresa criminal vinculada con 183 personas y 205 corporaciones que opera en al menos 26 países.
"La Empresa Criminal Conjunta Bolivariana no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada históricamente con individuos que operan en todo el mundo. A menos que la red sea atacada desde múltiples puntos simultáneamente, esta alianza sobrevivirá y se transformará en una operación más dispersa y sofisticada", señala el informe.
Los autores remarcaron que la connivencia entre el Ejecutivo venezolano y el crimen organizado comenzó en tiempo de Hugo Chávez, quien llegó al poder en 1998: "Durante los últimos 20 años esta red criminal creció hasta abarcar varias docenas de individuos y cientos de empresas de fachada". Este proyecto, asegura el estudio, recibió el respaldo de países como Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador.
En esa línea, también fueron importantes para el surgimiento de la Empresa Criminal las organizaciones guerrilleras centroamericanas (FMLN y FSLN) y la incursión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el negocio de la cocaína. Todo esto, bajo al ala del régimen cubano, que durante décadas buscó construir en la región una "arquitectura revolucionaria" contra Estados Unidos.
"Nicolás Maduro dio una calurosa bienvenida a la herencia de este régimen criminal en 2013, después de la muerte de Chávez. Veinte años después de la fase de inicio de este proyecto político, esa red extiende a un nivel global, desde El Salvador hasta los Estados Unidos, desde Rusia hasta Hong Kong y a lo largo de varios paraísos fiscales financieros", sostiene el trabajo de investigación elaborado por Farah y Yates.
El informe fue publicado en medio de la creciente presión internacional sobre la dictadura de Maduro, y el intento de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, de terminar con la usurpación que hace el mandatario chavista del poder, luego de las fraudulentas elecciones del año pasado.
Desde el pasado 23 de enero, cuando Guaidó se proclamó como presidente interino, cientos de militares abandonaron al dictador, las manifestaciones civiles aumentaron, se aplicaron nuevas sanciones contra la cúpula chavista y hasta hubo altos dirigentes que, según Estados Unidos, negociaron para sacar a Maduro del poder. No obstante, el dictador persiste en el poder, aunque cada vez más debilitado.
"La estructura bolivariana ha probado ser resistente y adaptable con múltiples capacidades redundantes. Operacionalmente, cuando una faceta de esta red criminal es presionada, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana mueve sus operaciones a una nueva área o encuentra nuevos aliados –frecuentemente con diferentes fortalezas y conexiones– pero compartiendo la historia y objetivos comunes de la Empresa. Recientemente, el gobierno estadounidense ha tomado un enfoque más integral frente a estos actores criminales, y esto le está dando resultados significativos", apunta el estudio.
Y agrega: "Los esfuerzos para canalizar fondos provenientes de PDVSA y de la estructura bancaria bolivariana hacia el gobierno legítimo de Guaidó y fuera del alcance del régimen de Maduro son tan innovadores como necesarios. Pero como el ex Comandante del Comando Sur, James Stavridis, señaló 'se necesita una red para combatir una red'".
El "modus operandi" de la Empresa Criminal Conjunta
El informe menciona cinco operaciones financieras ilícitas desarrolladas por esta compleja red criminal: ventas falsificadas de petróleo, compras sistemáticas de activos, minería ilegal, proyectos de infraestructura pública falsos, y transferencias banco a banco.
"Los esquemas de venta falsa de petróleo son la base sobre la cual comenzó a funcionar la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana", resalta el estudio. Al respecto, es fundamental el papel de PDVSA, la petrolera estatal que fue utilizada para el lavado de dinero y la corrupción en la región. La compañía es la accionista mayoritaria en varias subsidiarias petroleras de la región, a través de su sucursal PDV Caribe. "El control de PDVSA sobre cada compañía involucrada en el consorcio del ALBA, permite mover fondos a través de la compañía venezolana hacia sus subsidiarias centroamericanas con facilidad. Más aún, las sumas de dinero que se mueven a través de PDV Caribe son importantes".
En Nicaragua, Albanisa obtuvo más petróleo de PDVSA, pero la subsidiaria nicaragüense recibió fondos que superaban con creces las importaciones. En el caso de Albanisa, el dinero provisto totalizó osciló entre 4 a 6 mil millones de dólares de fondos ilícitos en la última década. "Estos fondos fueron manejados por un pequeño número de elites políticas aun cuando cada año los fondos representaban entre el 16% y el 20% del presupuesto nacional en Nicaragua y el 15% de El Salvador", denuncian Farah y Yates.
Asimismo, esos fondos "jamás pasaron por un proceso de aprobación del Congreso o por ningún mecanismo contable".
En el caso de Alba Petróleos, la empresa reportó millonarias ventas pero "casi no recibió petróleo de Pdvsa entre 2007-2017", aunque registró ingresos de 200 millones de dólares anuales.
Por su parte, de acuerdo al reporte, la compra de activos "funciona para lavar fondos estatales venezolanos fuera del país y en paraísos fiscales o en otros países que resulten atractivos". "En la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, el destino final de estos activos fijos es a menudo Estados Unidos".
Raúl Gorrín, propietario de una red de noticias, que fue acusado de conspiración, fue el encargado orquestar este lavado de dinero. Para ocultar el origen de los fondos, movía el dinero por intermedio de compañías de fachada. "Gorrín ocultaba los fondos lavados a través de la inversión en bienes raíces y en la compra de otros valores". Entre esas compras se destacan aviones jets, yates, caballos, y relojes de primera marca.
Con el correr de los años, la Empresa Criminal diversificó sus operaciones "dentro de la minería del oro ilícita como forma de obtener ganancias y como forma de lavar los ingresos de múltiples delitos a través de una industria poco regulada". "El ejemplo más claro del esquema ilícito del movimiento de oro en relación con esta empresa criminal, es Kaloti Suriname Mint House (KSMH) que opera cerca de Paramaribo, Surinam. Inaugurada en 2015, la compañía mantiene una sociedad entre Surinam y Kaloti Precious Metals de los Emiratos Árabes Unidos. KSMH opera bajo la protección del presidente Desi Bouterse, quien es condenado del narcotráfico, proveedor de armas para las FARC y un individuo que fue elegido con apoyo financiero de Chávez".
El estudio aclara por qué es tan valioso para el chavismo el rol de KSMH: "Lo que la hace tan valiosa es la facilidad con la cual la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana puede exportar su oro como originario de Surinam, disfrazando el verdadero origen del metal y evitando el escrutinio y las sanciones (…) Como el movimiento de fondos bolivarianos están bajo escrutinio, para el régimen de Maduro es una forma menos regulada para conseguir efectivo que de otro modo sería bloqueado por las sanciones financieras".
El informe completo:
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