Si aquellos militares que han enfrentado a la revolución bolivariana son tratados con crueldad y violación al debido proceso, peor trato reciben aquellos que alguna vez fueron militantes o defensores del Gobierno de Hugo Chávez, porque caen en una verdadera desgracia. Veamos tres casos emblemáticos: el general en jefe Raúl Isaías Baduel, el mayor general Miguel Rodríguez Torres y el teniente c oronel Igber Marín Chaparro.
Esos tres oficiales pertenecen al mayor componente de la Fuerza Armada, el Ejército. En el caso de Baduel hay que destacar que fue jefe militar de los paracaidistas, comandante general del Ejército y ministro de la Defensa.
Estuvo relacionado con el grupo de los militares del 4 de Febrero, fecha de la intentona golpista contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Fue noticia cuando en el 2002 lideró la operación que restituyó a Chávez en el poder luego del golpe de Estado del 11 de abril. Lo metieron preso por un hecho de supuesta corrupción y en 2017 lo volvieron a detener señalándolo de estar involucrado en conspiración contra Nicolás Maduro.
Baduel siempre fue un oficial destacado en la Fuerza Armada, sobresalía por su liderazgo y prestancia. Ascendió por méritos. Un poco arrogante, siempre recibió el reconocimiento de su compadre, Chávez, hasta que quiso ser líder político y entonces entró en conflicto con el jefe de la revolución, quien lo dejó que concluyera la jefatura del Ejército, pero lo envió al cesto de los olvidados, a quienes no les recibía llamadas. Poco después, el alto oficial dio una declaración donde demostró que ya estaba alejado de la revolución.
Las torturas contra Baduel han sido más psicológicas que físicas. Son interminables las veces que lo incomunican, le impiden las visitas familiares, le allanan la celda y le aplican imprevistas requisas. Uno de sus hijos estuvo varios años detenido. Generó simpatías que aún conserva en la institución armada, incluso muchos civiles suspiran por él y su sueño de conducir los destinos del país. Hace tiempo está en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
En el caso de Miguel Rodríguez Torres (MRT), la saña ha subido de tono. Lo recluyeron en una celda de los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), lo dejaron por varias semanas soportando el dolor que le produce un problema en el manguito rotador.
MRT no solo fue un simpatizante y defensor de la revolución bolivariana, sino uno de los actores decisivos del movimiento de los febreristas, reseñado en la historia por el ataque que dirigió a La Casona, la casa presidencial, aquel 4 de febrero de 1992.
Rodríguez Torres fue un poderoso ministro del Interior y Justicia, luego de haber dirigido por varios años la policía política del Gobierno, con la Disip, cuyo nombre fue cambiado por el de Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). A su favor tiene la simpatía de parte importante de los febreristas.
Voces del Gobierno le reconocen tímidamente que gracias a este mayor general, Nicolás Maduro logró vencer las guarimbas, que llegó a ser el momento en que la oposición hizo tambalear el Poder Ejecutivo.
También lo envían con cierta regularidad a incomunicación, le allanan la celda, y hace unos días fue detenida y golpeada su pareja.
En el caso del comandante Igber Marín Chaparro, se ha convertido en un problema y estorbo para quienes dirigen la Dgcim. Él era el jefe del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna. Desde que lo enviaron a los sótanos de la dirección de Contrainteligencia ha sido tratado con profunda crueldad. Ya tiene semanas que no le permiten visitas, ni ver a su esposa ni a sus niños.
El fin de semana antes del día de la madre, al impedirle la visita a su familia, el oficial gritó desde los sótanos reclamando su derecho a la visita, les gritó a los funcionarios que eran violadores de derechos humanos. A su grito desgarrador se sumaron los de solidaridad del capitán de navío Luis De La Sotta Quiroga. La respuesta del coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares fue suspenderle la visita a él, de manera que dejó a su anciana madre de más de 80 años esperando por cuatro horas, y aun así no le permitió ver al capitán de navío.
Nunca antes en la historia de la Revolución Bolivariana hubo hechos de ese tipo que le mostraran al país y al mundo la fea cara de los funcionarios torturadores del Gobierno.
Un hecho que sorprende fue lo ocurrido en febrero con el teniente coronel Ovidio Carrasco Mosqueda, miembro de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la Dirección de Comunicaciones. Él fue degradado y expulsado de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y puesto a orden de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM). La excusa es que habría suministrado información confidencial al diputado Julio Borges y a funcionarios de la Central de Inteligencia Americana (CIA), sobre los movimientos de Nicolás Maduro Moros.
Carrasco no solo fue detenido y torturado, sino que también apresaron a su pareja. El haber sido tratados con tal brutalidad le trae consecuencias no solo a ellos y a sus familiares y amigos, sino a los altos oficiales de la institución armada que ven y callan esa atroz realidad.
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