En diciembre de 2015 la oposición venezolano logró la hazaña. Después de 17 años de control chavista, y ante la desigual pelea contra la maquinaria clientelista del Estado, la alianza de la Mesa de Unidad (MUD) se hizo con la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Obtener a través de las urnas el control del Poder legislativo unicameral supone en Venezuela un poder enorme ya que el presidente del Parlamento es la segunda figura más importante del país luego del mandatario. Así, el líder de la Asamblea es clave, como lo demostró años después Juan Guaidó.
El régimen también entendió la importancia de su derrota y no se quedó de brazos cruzados… Puso a trabajar al tercer poder del Estado, ese que aún controla sin ningún reparo: el Judicial.
Según Acceso a la Justicia, una asociación civil sin fines de lucro comprometida con la defensa de la justicia, el estado de derecho, la separación de poderes, la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia -por orden de Maduro- emitió 97 fallos para intentar disolver el Parlamento, despojarlo del poder que le dieron las urnas.
El plan se puso en marcha apenas unas semanas después del triunfo opositor, con la suspensión de los 4 diputados del estado Amazonas. La maniobra buscaba afectar el funcionamiento de la AN y trabar las discusiones que requerían dos tercios de los votos.
Lo que siguió fue un festival para el chavismo: la Corte chavista declaró el desacato de la Asamblea, la inconstitucional cada una de las leyes que se aprobaron en el Parlamento e, incluso, en un fallo – el de octubre de 2016, sentencia 814- se autoproclamó como autoridad "competente" para ejercer la función control del proceso presupuestario en sustitución de la AN.
Así, fue allanando cada una de las prerrogativas del Parlamento y se las fue adjudicando: entre otros fallos, se autoatribuyó la potestad y efectivamente la ejerce, de designar a los Rectores del CNE; también asumió la potestad para recibir el mensaje anual y la memoria y cuenta del Presidente de la República; declaró que la AN no puede manejar su propio presupuesto y por lo tanto no puede cancelar salarios a sus empleados (ningún diputado, asesor o empleado cobra su salario desde entonces).
En 2017, además, empezó a perseguir a los diputados de manera individual. El primer blanco fue Freddy Guevara, de Voluntad Popular, la misma formación a la que pertenece Leopoldo López y el actual presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Guevara permanece refugiado en la embajada de Chile en Caracas. Menos suerte tuvo el diputado Gilber Caro, a quien apresaron y enviaron a la jurisdicción militar. El opositor pasó más de un año en la cárcel, acusado de traición a la patria por la dictadura de Nicolás Maduro, recuperó su libertad y en la madrugada del 26 de abril pasado fue secuestrado nuevamente por la dictadura. Desde ese día nada se sabe de él.
La Corte chavista llegó en 2017 a anular explícitamente al Parlamento. En el fallo, los jueces se adjudican las prerrogativas legislativas. Con la sentencia, el chavismo pretendía legislar a través de la Corte de Justicia, cuyos miembros probaron en varias oportunidades que carecen de independencia y responden directamente al régimen. La oposición rápidamente denunció el Golpe de Estado y miles de ciudadanos salieron a las calles a reclamar la restitución de poderes para los diputados. La comunidad internacional reaccionó y el TSJ debió dar marcha atrás en su decisión. Pero Maduro no se resignó e instaló una Asamblea Nacional Constituyente cuya convocatoria violó la propia Constitución.
Aún con la Constituyente en funcionamiento, la Corte siguió fallando para liquidar al Parlamento. Este año, luego de que más de 50 países del mundo desconocieron or fraudulenta la reelección de Maduro y respaldaran al presidente encargado de Venezuela, la Corte decretó "medidas cautelares" contra Juan Guaidó y lo declaró en "desacato". Además, ordenaron el secuestro del vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, y el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para una decena de diputados.
Estos son los 97 fallos que Acceso a la Justicia compiló desnudando el plan chavista para anular al Parlamento democráticamente electo en 2015 :
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