Un general que se levantó el 30 de abril está preso en la misma celda donde enviaba a oficiales torturados por no apoyar a Maduro

El General de Brigada (GNB) Ramón Agustín Balza Liota, quien fue detenido por el inicio de la fase final de la Operación Libertad el 30 de abril (30A), ahora está preso en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el mismo lugar donde él fue uno de los autores, junto con el coronel Rafael Franco Quintero, de ordenar expedientes e informes falsos contra militares opuestos al Gobierno.

El general Balza se habría involucrado en la acción militar del 30A por su relación con el general Manuel Cristopher Figuera, quien fue subjefe de la DGCIM antes de dirigir el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Un caso emblemático de las acciones del general Balza fue el ocurrido con el general de División (GNB) Alejandro Pérez Gámez, quien era el Director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno -Jefe de Operaciones- de la Guardia Nacional Bolivariana y, por ende, miembro del Alto Mando Ampliado de ese componente, cuando ocurrieron los hechos de los drones, el 4 de agosto de 2018, como un atentado contra el entonces presidente de la república Nicolás Maduro.

Al día siguiente, el 5 de agosto de 2018, un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIGCIM) lo detuvieron y fue imputado por los delitos de homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración perpetrado contra varios miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, traición a la patria, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, financiamiento al terrorismo y asociación.

Ese alto oficial no sólo fue detenido, sino que además fue torturado y recientemente vuelto a torturar luego de que un coronel, a quien detienen, dijo que el general estaba involucrado en acciones terroristas contra el Gobierno.

La única prueba contra el general Gámez es un acta policial del 5 de agosto de 2018, suscrita por la teniente Gabriela Alas, funcionaria de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Ella cumplió órdenes del Coronel Rafael Franco Quintero y del general Balza Liota, quien entonces era el Director Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas, y dice que a través de un trabajo operativo de Contrainteligencia supieron -no explica cómo ni quiénes- que en el intento de magnicidio, con la activación de aeronaves no tripuladas (drones) cargadas con explosivos tipo C-4, "se logró conocer la presunta vinculación" del GD Pérez Gámez.

La teniente Alas se basa en rumores, no introduce ningún elemento de convicción, muchos alguna prueba, pero señala al alto oficial partícipe del acto criminal y lo involucra "con miembros de la organización que materializara el acto terrorista, suministrando este información estratégica de modo, tiempo y lugar sobre la realización del Octogésimo Primer (81) Aniversario del componente Guardia Nacional Bolivariana, donde asistiría el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, así como integrantes del alto mando militar y representantes de los Poderes Públicos, con la finalidad de materializar el atentado terrorista acaecido durante la celebración el componente militar".

Ella resalta que los autores materiales e intelectuales contaban con información clasificada relacionada con la programación y ejecución del evento, que según ella la aportó el oficial. Y sólo basado en eso, sin seriedad, sin registro fiel de la recopilación de datos e información, ni de hora, testigos, fechas, nada, ella le pide a la representación fiscal que solicite la privativa de libertad contra el general Gámez.

La defensa del general le solicitó al Tribunal que se oficiara a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGDIM) para que compareciera el Coronel Rafael Franco Quintero, Director Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas y la TTE Gabriela Alas para que aclarar el contenido de la escueta acta, para que expliquen quien aportó la información de que el general estuviera relacionado con miembros de la organización que ejecutó el acto de los drones.

Es así como los funcionarios de la DGCIM presentaron el "resultado" de una investigación basada en supuestas informaciones de contrainteligencia, que contemplaron los nombres de los autores materiales, sitio de entrenamiento en Colombia, personas que mantuvieron conversaciones desde Colombia y Estados Unidos enlaces en Venezuela, pero en realidad no serían más que lo que encontraron en los teléfonos celulares y la tablet incautados a los autores materiales.

Hoy el general Balza Liota está ocupando las celdas de la Dgcim en los sótanos de su sede en Boleita en Caracas, la misma instalación desde la cual ordenó expedientes contra algunos oficiales, porque además del caso del general Pérez Gámez hicieron algo similar con el caso del general (GNB) Héctor Hernández Da Costa, quien es uno de los mejores oficiales que ha tenido la institución militar.

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