La red criminal detrás del esquema comercial entre el régimen de Maduro y Turquía

En la tarde del 15 de julio de 2016, un grupo de empleados dentro de la Embajada de Turquía en Caracas lucharon por encontrarle sentido a las imágenes de su hogar que pasaban por televisores y pantallas de computadoras. Camiones militares estaban bloqueando un puente sobre el Bósforo, tanques entraban en el aeropuerto de Estambul, y humo salía de las calles de Ankara. Como mejor podían ver, un grupo del ejército turco estaba tratando de derrocar al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Imdat Oner, el encargado de negocios de la misión diplomática de Turquía en Venezuela, se esforzaba por escuchar un reportaje en vivo alejándose de sus colegas cuando sonó un teléfono. En la línea estaba Samuel Moncada, viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Oner lo conocía, pero no muy bien. No sentía que conocía bien a ninguno de los venezolanos, porque la relación entre Turquía y el gobierno de Nicolás Maduro le parecía superficial, en el mejor de los casos.

Durante una década, Turquía ha estado tratando de reactivar el comercio con América Latina, pero Venezuela seguía siendo una zona muerta. Hugo Chávez, el predecesor de Maduro, había criticado regularmente a Turquía por su oposición al sirio Bashar al Assad, un aliado venezolano. Poco después de la muerte de Chávez en marzo de 2013, Turquía, como forma de avivar los lazos económicos, intentó vender a Maduro una ruta de Turkish Airlines que conectaba Estambul con Caracas. "Ignoró el acercamiento", dice Oner. Incluso después de que la economía venezolana cayera precipitadamente en un colapso económico prolongado y continuo, las ofertas de Turquía de comercializar alimentos y productos farmacéuticos por derivados del petróleo venezolano no llegaron a ninguna parte.

Dada la historia, Oner fue sorprendido por el mensaje que ahora se transmite en nombre de Maduro, una promesa de solidaridad inquebrantable con Erdogan frente a la "intromisión externa". Maduro parecía convencido de que Estados Unidos había orquestado el levantamiento turco, al igual que acusó a los estadounidenses de estar detrás de un intento fallido de golpe contra Chávez en 2002.

Erdogan llegó a estar de acuerdo con él. En los meses posteriores al levantamiento, Turquía despojó a cientos de diplomáticos de sus títulos, calificándolos de partidarios de un intento de derrocamiento respaldado por Estados Unidos. Oner dejó el gobierno cuando esto estaba sucediendo, y ahora está haciendo un doctorado en Florida. Y Erdogan no ha olvidado la promesa de apoyo de Maduro. Desde entonces se ha quejado de que casi todos los líderes de Europa permanecieron en silencio durante días después del fracaso del complot. Pero no Maduro. "Con el intento de golpe", dijo Erdogan en una conferencia de prensa a principios de este año, "conocimos a Maduro. Ha sido un buen comienzo".

A pocas semanas de la llamada de julio, Maduro anunció su primer viaje a Turquía. Antes de finales de 2016, se inauguró la ruta de Turkish Airlines entre Estambul y Caracas, y las delegaciones de ambos países comenzaron a cruzar el Atlántico para forjar acuerdos. Comenzaron a construir una red de negocios secreta, una que podría operar fuera del alcance de las sanciones financieras impuestas por los Estados Unidos.

Maduro estaba cargado con una moneda casi inútil, el bolívar, que había sido golpeada por años de hiperinflación. Los beneficios de las enormes reservas de petróleo de su país, que habían financiado al gobierno venezolano durante décadas, se estaban evaporando debido a la caída de los precios, una infraestructura descuidada y en ruinas, la corrupción desenfrenada y el aislamiento internacional. Los venezolanos se morían de hambre y el índice de aprobación de Maduro se había desplomado. Así que agarró una cuerda de salvamento financiera en oro, uno de los únicos recursos de valor que le quedaba.

En agosto de 2016, Maduro anunció que una compañía minera estatal llamada Minerven sería el único comprador oficial de oro en las vastas extensiones de selva, sabana y colinas onduladas donde la minería había sido clandestina y no regulada durante mucho tiempo, legalizando esencialmente un negocio dominado por bandas asesinas. Envió tropas para obligar a los mineros a cumplir y comenzó a aspirar el mineral de las minas a cielo abierto. (Víctor Cano, el ministro de minería, se negó a comentar esta historia.) Maduro también comenzó a sacar provecho de los miles de millones de dólares en lingotes de oro que Chávez, que se negaba a invertir en dólares estadounidenses, había acumulado. La venta llevaba indicios de desesperación. Según fuentes del Banco Central de Venezuela, el gobierno vendió en secreto la colección masiva de monedas de oro raras del banco, que data del siglo XVIII. Las monedas, caja tras caja, fueron lanzadas juntas en una sola venta de 30 toneladas a fines de 2017, y Venezuela aceptó un precio basado sólo en su peso, no en su valor coleccionable.

Para entonces, Maduro ya estaba aguantando las extensas sanciones de Estados Unidos -sobre todo contra individuos de su gobierno acusados de corrupción, violaciones a los derechos humanos y otros crímenes- y parecía anticipar que el Tesoro de Estados Unidos podría sancionar sus negocios con oro para asfixiar aún más la economía. Venezuela había estado enviando oro recién extraído al extranjero, principalmente a Suiza, para su procesamiento. En julio pasado, Maduro comenzó a enviarlo a Turquía. Ya había enviado por lo menos USD 900 millones en oro para cuando Estados Unidos prohibió a individuos, bancos y corporaciones estadounidenses hacer negocios con cualquier persona relacionada con la venta de oro venezolano. Toneladas más han desaparecido desde entonces. El gobierno turco se negó a comentar las acusaciones de irregularidades relacionadas con el comercio de oro.

Venezuela encuentra ahora su asociación comercial con Turquía en la mira de varias organizaciones de aplicación de la ley de todo el mundo. Investigadores de al menos tres países, entre ellos Estados Unidos, creen que el comercio de oro y alimentos de Venezuela con Turquía ha evolucionado hasta convertirse en un esquema de múltiples niveles basado en la criminalidad. La búsqueda del comercio de oro se ha convertido en una parte clave de un esfuerzo más amplio dirigido por Estados Unidos para aislar aún más la economía de Venezuela y obligar a Maduro a liberar su control del poder.

"En muchos sentidos, el oro es la clave para la supervivencia del gobierno de Maduro", dice Americo De Grazia, un legislador opositor que representa a la principal región productora de oro de Venezuela en el sureño estado de Bolívar, el Arco Minero del Orinoco. "Pero no estoy hablando tanto de los programas y el funcionamiento del estado. Estoy hablando más bien de mantener la perversa fortuna de las figuras clave dentro del gobierno".

En el centro de todo esto está un colombiano llamado Alex Nain Saab Moran, a quien los investigadores estadounidenses consideran uno de los más poderosos facilitadores financieros del régimen de Maduro. Un examen del imperio de negocios internacionales de Saab y las acusaciones en su contra proporciona una lente hacia el territorio inexplorado en el que Venezuela ha entrado ahora: un lugar de aislamiento estrangulado, donde millones de personas sufren mientras el régimen está rodeado de opositores, todos ellos tratando de romper los últimos vínculos que le quedan para sobrevivir económicamente.

Durante más de una década, las agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos y América Latina han estado recopilando pruebas de que los narcotraficantes sudamericanos estaban trabajando con el gobierno de Venezuela para mover cocaína y lavar dinero. Intervinieron teléfonos, rastrearon envíos internacionales y crearon perfiles de sospechosos. Hace varios años, el nombre de Saab comenzó a aparecer con notable frecuencia, según las personas involucradas en esas investigaciones. En los últimos meses, gracias al comercio de oro y alimentos entre Venezuela y Turquía, Saab ha resurgido como blanco de importantes investigaciones criminales en Estados Unidos y Colombia. Legisladores de la oposición y ex fiscales de Venezuela también están investigando a Saab. La premisa de trabajo es que él y otros han modernizado sus empresas delictivas para adaptarse a los desafíos y oportunidades. Saab está en el centro de las investigaciones criminales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional. Un enfoque es si el comercio de alimentos y oro con Turquía se está usando para blanquear las ganancias de la corrupción y para evadir las sanciones de Estados Unidos, dicen estas personas.

Saab, de 47 años, es un colombiano de ascendencia libanesa cuyo padre inmigrante, Luis, fundó Textiles Saab, un exitoso fabricante de toallas y sábanas en la ciudad portuaria de Barranquilla. De niño, Saab asistió a la Escuela Alemana, una academia privada para la élite de la ciudad. Después de graduarse, se dedicó a una variedad de pequeñas empresas comerciales: "Comencé a trabajar a los 18 años", dijo en una rara entrevista en 2017 con el periódico bogotano El Tiempo. Saab comenzó a vender bolígrafos con logotipos corporativos y para cuando tenía 19 años había abierto una fábrica de camisetas que terminó exportando a México, Estados Unidos y Venezuela.

Los que conocen a Saab desde hace décadas dicen que nunca escondió su ambición de ser rico. Cuando recorría las calles de la arenosa ciudad portuaria en esos días, lo hacía desde detrás del volante de su Hummer, según informes de prensa. Su padre todavía dirige una especie de organización de refuerzo para la aplicación de la ley en Barranquilla, llamada Policía Cívica. En una breve conversación telefónica con Bloomberg Businessweek, se desliga de cualquier sugerencia de que su hijo domina una red criminal internacional en nombre de los principales líderes de Venezuela. "No, no tengo ningún conocimiento sobre ese caso", dice. Los países que investigan a su hijo, sugiere, lo están haciendo para aplicar más presión sobre Venezuela, un país soberano que todavía lucha por liberarse de la intromisión extranjera. "El problema en Venezuela", añade, "es para los venezolanos".

Barranquilla había sido durante mucho tiempo un conducto para el contrabando de drogas y los flujos de dinero ilícito, y durante años los investigadores en Colombia y en la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos han mantenido un ojo cauteloso en Saab. A principios de la década de 2000 creó una red de empresas exportadoras e incluyó a los miembros de su familia como representantes o funcionarios, según muestran los documentos de los tribunales colombianos y los registros comerciales. La DEA, en un memorándum confidencial citado por la Policía Nacional de Colombia en un informe para fiscales en Bogotá, describió a Saab como una vasta red de lavado de dinero e identificó al menos seis compañías en Barranquilla y sus alrededores que supuestamente mueven fondos ilícitos al extranjero. Saab no respondió a múltiples solicitudes de comentarios para esta historia, ni a preguntas escritas presentadas a dos de sus abogados. En la entrevista de El Tiempo, negó estar involucrado en contratos corruptos con Venezuela. "Soy un libro abierto, mis cuentas están claras y mi conciencia está limpia", dijo. Voceros de la Fiscalía General de la Nación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Investigaciones de Seguridad Nacional y la DEA se negaron a hacer comentarios.

La relación de Saab con el gobierno venezolano lo convirtió en uno de los hombres más poderosos de la región. En noviembre de 2011, una empresa de Saab, Fondo Global de Construcción, obtuvo un lucrativo contrato para suministrar unidades de vivienda prefabricadas para uno de los proyectos emblemáticos de Chávez: las grandes urbanizaciones públicas. En una ceremonia de firma en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Saab se sentó a la mesa con Chávez, su entonces vicepresidente, Maduro, y el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos. Como parte del acuerdo, algunos paneles prefabricados de viviendas se construirían en Ecuador, luego se enviarían a Colombia a través del Canal de Panamá, y finalmente se transportarían por tierra en un largo viaje a Caracas.

La ruta levantó sospechas entre los inspectores de aduanas ecuatorianos, quienes no pudieron entender por qué era necesario mover los paneles a través de Colombia. Los ecuatorianos se pusieron en contacto con Juan Ricardo Ortega, entonces director general de la agencia de aduanas de Colombia. Comenzó a investigar y comenzó a sospechar que Fondo Global estaba moviendo algo ilícito con los paneles de vivienda. Para cuando los agentes de Ortega estaban listos para entrar a inspeccionar los embarques, dice, misteriosamente dejaron de ser enviados a través de Colombia. A finales de 2013, un tribunal ecuatoriano abrió una causa penal después de que los fiscales dijeron que el contrato formaba parte de un plan que permitía a los socios comerciales de Saab blanquear más de 130 millones de dólares en fondos ilícitos a través de exportaciones falsas a Venezuela, según muestran las transcripciones del tribunal. El propio Saab no fue acusado.

Los tribunales ecuatorianos finalmente abandonaron el caso contra los socios de Saab después de varios años de investigación. A finales de 2014, Ortega renunció, terminando con cualquier investigación en Colombia. Había recibido demasiadas amenazas de muerte y trasladado a su familia a los Estados Unidos.

Saab parece tener un don para ganarse la confianza de la gente de las altas esferas. Le gustaban las vacaciones en la nación caribeña de Antigua y Barbuda, volando en su jet Gulfstream G280, y en junio de 2014 convenció a Gaston Browne, el primer ministro, para que lo convirtiera en un enviado económico especial a Venezuela, con ciudadanía antiguanesa y pasaporte. Luego le pidió a Browne que aprobara la construcción de una fábrica en Antigua para hacer paneles de vivienda. "La idea sería exportar a Venezuela", dice Browne. Hace unos dos años y medio, el primer ministro envió a personas, incluyendo a uno de sus ministros, a Venezuela para una visita a una fábrica que Saab dijo que poseía. Se quedaron impresionados con lo que vieron, aunque la fábrica de Antiguo no fue construida, dice Browne. "Tengo que admitir que Alex se ha convertido en un amigo. Es muy genuino, un buen hombre de negocios exitoso".

Después de que aparecieron informes sobre los tratos de Saab con el gobierno de Maduro, Browne lo convocó a una reunión del gabinete para discutir las acusaciones. "Dijo que todo era político, que lo perseguían por hacer negocios con Venezuela", dice Browne. "Dijo que era inocente de las acusaciones."

Saab, por su parte, ha enviado a sus abogados tras los periodistas que han publicado acusaciones de ilegalidad. El año pasado, Saab demandó a Univision Communications Inc, la cadena de televisión en español, dos veces en la corte estatal de Miami por difamación por historias sobre sus negocios. Saab retiró una de las demandas después de que Univisión negara las acusaciones. La otra demanda está pendiente, a la espera de la respuesta de Saab a la moción de desestimación de Univisión. En 2017, Saab demandó al sitio de noticias de investigación venezolano Armando.info en Caracas por difamación por informes de que era una tapadera de Maduro e involucrado en contratos de alimentos corruptos, lo que llevó a cuatro periodistas a trasladarse a Colombia por temor a que se les prohibiera informar y, posiblemente, a ser encarcelados en Venezuela. Ese caso está pendiente.

Desde el centro de Bogotá, Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general de Venezuela, pasa gran parte de su tiempo tratando de rastrear los movimientos de Saab y sus asociados. "Parece que han trasladado su base de operaciones a Turquía", dice.

Hace casi dos años, Ortega huyó de Venezuela en una lancha primero y luego en avión privado hacia Colombia, donde se embarcó en un exilio autoimpuesto de alto perfil. Por lo menos seis fiscales la siguieron a Colombia, donde construyen casos como si fueran la fiscalía de facto de Venezuela. Ortega parece obsesionada con exponer las conexiones de Saab con su antiguo jefe, Maduro, y tratar de meter al hombre de negocios en la cárcel.

Ortega tiene muchos enemigos. Durante una década como fiscal general levantó una fachada de legitimidad legal para los gobiernos de Chávez y Maduro. Todavía siente un amargo desprecio entre la oposición venezolana por, entre otras cosas, el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López y de otros grandes rivales de Maduro bajo su vigilancia. También enfureció a los venezolanos al salir en la televisión estatal para negar las acusaciones de que las fuerzas de seguridad habían sodomizado a un manifestante con el cañón de un rifle de asalto durante una manifestación contra Maduro en 2014, un incidente que ha sido símbolo de indignación desde entonces.

A mediados de 2017, Ortega se volvió en contra del gobierno que había pasado años defendiendo. Reprendió al Tribunal Supremo por despojar a la Asamblea Nacional de Venezuela de su poder y comenzó a criticar abiertamente a Maduro. La despidió, y su esposo, un ex legislador chavista, fue acusado de corrupción. Cualquiera que sea su pasado, Ortega ahora dice que huyó de su país, al menos en parte porque su búsqueda para perseguir casos fue obstaculizada por jueces y políticos en Caracas que están protegiendo a los compinches de Maduro.

En una tarde nublada a fines de febrero en Bogotá, tres fiscales que trabajaban para Ortega en Caracas se sientan en escritorios de metal maltrechos en oficinas estrechas, que todavía tienen un letrero descolorido para el inquilino anterior, una pequeña empresa de exportación, afuera de la puerta. "Bienvenidos a la Fiscalía General de la Nación en el exilio", dice uno de ellos. "Este es nuestro centro de mando". Los ex fiscales piden que no se publiquen sus nombres, por temor a la seguridad de la familia en Venezuela. Trabajan en un espacio del tamaño de una modesta sala de estar. Una bandera venezolana cuelga en una esquina, cerca de un retrato descolorido de Simón Bolívar, el mítico líder de la guerra de independencia de Venezuela de España, a quien Chávez se apropió como símbolo de su "revolución socialista", y ahora la de Maduro. La mayoría de las pistas que procesan provienen de personas que todavía trabajan para el gobierno y las agencias de aplicación de la ley. Ortega dice que ha llevado esta información a fiscales y procuradores generales en países como Colombia, México, Suiza y Estados Unidos.

El sistema de oro por alimentos es un esquema multipaís, de muchas compañías, destinado a ocultar el flujo de dinero y bienes, dicen los investigadores. Esa complejidad es una especialidad de Saab, según Carlos Paparoni, un legislador de la oposición en Venezuela que ha estudiado los registros de pagos, contratos y documentos corporativos relacionados con el comercio. El oro se envía a Turquía y se convierte en dinero en efectivo, que paga la comida. Algunos alimentos se envían desde Turquía, según las personas que participan en la organización de los envíos, pero gran parte de ellos se obtienen en México. Antes de ser enviado a Venezuela, su valor se infla, permitiendo a los involucrados en el esquema sacar dinero de las transacciones, dice Paparoni.

El suministro de alimentos ha sido críticamente escaso en Venezuela durante años. Un estudio académico de 2017 citado por la Asamblea Nacional estima que el 93 por ciento de las familias no ganan lo suficiente para comprar los alimentos básicos que necesitan. En abril de 2016, Maduro inauguró la última versión del programa estatal de distribución de alimentos, Comités Locales de Abastecimiento y Producción, más conocido por las siglas CLAP. Los comités tienen prácticamente el monopolio de los alimentos subsidiados. Afirman que van de casa en casa vendiendo, por casi nada, cajas de alimentos básicos como pasta, arroz, harina y leche en polvo. Desde finales de 2016, el principal contratista de alimentos para el programa CLAP, dice Paparoni, ha sido Saab.

Las compañías que Saab ha establecido para cumplir con los contratos de alimentos están en manos de asociados de confianza y han sido incorporadas en México, Venezuela, Hong Kong y Turquía, dice Paparoni e investigadores en Colombia y Estados Unidos. "No pone su nombre en casi nada", dice un ex fiscal venezolano que trabaja para Ortega. Pero un examen de los representantes legales, direcciones y números de teléfono de estas empresas apuntan al empresario colombiano, dicen los investigadores. Un ejemplo es Group Grand Ltd., una empresa creada en 2013 en Hong Kong y trasladada a México en 2017. Entre 2015 y 2017, el hijo de Saab, Shadi Nain Saab, fue nombrado director en los documentos de registro. Desde finales de 2016, Group Grand ha conseguido unos 700 millones de dólares en contratos de alimentos, que Saab ha cumplido en gran medida con los alimentos de una red de proveedores relacionados, principalmente en México, dicen los investigadores en Colombia. Group Grand también consiguió contratos por valor de 213 millones de dólares para suministros médicos, según investigadores de Colombia y Venezuela. En la entrevista de El Tiempo, Saab negó que él o alguno de sus familiares formaran parte del Grupo Grand o de cualquier otra empresa vinculada a contratos de alimentos corruptos, como ha afirmado Ortega. "Absolutamente falso", dijo al periódico.

En octubre pasado, en respuesta al cabildeo de Luisa Ortega, la división de crimen organizado de la Procuraduría General de la República anunció una multa de 3 millones de dólares para que las empresas que envíen alimentos a Venezuela resuelvan las acusaciones de aumento de precios. Los márgenes de beneficio superaron el 100 por ciento, según el jefe de la división. Ortega dice que Saab se escapó fácilmente. Los mexicanos no lo acusaron a él ni a nadie más de crímenes, y los detalles clave del acuerdo, incluyendo los nombres completos de las compañías y sus altos ejecutivos, permanecen sellados bajo orden judicial. "Es imposible de explicar", dice Ortega. "Imaginen todo el inmenso daño al Estado y al pueblo venezolano. Y fueron multados con 3 millones de dólares. No se acerca a lo que el Estado y el pueblo de Venezuela perdieron". Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional en los Estados Unidos continúan investigando el comercio de Saab a través de México como un vehículo para lavar las ganancias de la corrupción y evadir sanciones, dicen tres personas familiarizadas con esas investigaciones.

El giro de Saab hacia Turquía parece haber ocurrido poco después de que Maduro y Erdogan comenzaran a estrechar lazos económicos. Documentos revelados por primera vez por Armando.info muestran que Group Grand transfirió un lucrativo contrato gubernamental de alimentos en abril de 2018 a una compañía turca llamada Mulberry Proje Yatirim AS. Mulberry tiene su sede en Estambul y está representada por personas que sirven como representantes de otras empresas relacionadas con el Saab, según un alto funcionario del gobierno familiarizado con una investigación criminal en curso de la Policía Nacional de Colombia. Al menos una compañía más, controlada en última instancia por Saab y sus socios comerciales, también recibió contratos para suministrar alimentos desde Turquía al programa CLAP, dice una persona familiarizada con las investigaciones del Departamento de Justicia.

Habiendo confiado a Saab gran parte del programa de alimentos venezolano, Maduro comenzó a dar a la red de Saab más y más supervisión del crítico comercio de oro con Turquía. Maduro nombró a Adrián Perdomo Mata, que había trabajado en al menos dos de las empresas de Saab, como presidente de Minerven. Luego Maduro quitó el negocio del oro de las manos del Estado y lo puso sólidamente bajo la esfera de influencia de Saab, dice De Grazia, el legislador opositor del Arco Minero. Maduro anunció una empresa conjunta llamada Mibiturven, entre Minerven y una empresa minera turca relativamente desconocida llamada Marilyns Proje Yatirim AS. Investigadores en Colombia y en el Congreso de Venezuela creen que Marilyns también está controlada por Saab y sus socios comerciales debido a que comparten representantes y direcciones. "Hipotéticamente, Minerven es el único comprador de oro del estado que está a cargo de todo", dice De Grazia. "Pero Minerven no existe, a todos los efectos. La realidad es que esta compañía turca, Mibiturven, está haciendo todo el comercio de oro". Antonio Rufino, presidente de Mibiturven, no respondió a las peticiones de comentarios.

Los vínculos de oro de Saab no se detienen ahí. Los fiscales federales en Estados Unidos y los legisladores de la oposición en Venezuela están investigando si Saab tiene vínculos comerciales con un importante comprador de oro venezolano en Abu Dhabi, una firma de inversión llamada Noor Capital, a través de un ejecutivo que ha hecho negocios con Venezuela desde hace mucho tiempo. Los registros muestran que las empresas vinculadas a Saab en Turquía reciben pagos de Noor y al menos otras dos empresas que compraron oro venezolano, lo que permite a Saab obtener fondos en un momento en el que el Banco Central de Venezuela se ha visto restringido a realizar tales pagos debido a las sanciones de Estados Unidos. (Noor, en una declaración, niega haber hecho algo malo y dice que ha dejado de hacer negocios con Venezuela).

El pasado otoño, un juez en Bogotá que supervisaba una investigación criminal de lavado de dinero emitió una orden de arresto secreta contra Saab, dos de sus hermanos, su ex esposa y dos subordinados, todos los cuales ocupan cargos en la red de empresas de Saab en Colombia. Horas antes de que la policía se trasladara para hacer los arrestos, Saab y sus familiares huyeron de Colombia en un jet privado, dicen los investigadores colombianos. Acusaron a un investigador de la policía de haberles avisado unas horas antes.

Se cree que Saab vive ahora en Caracas, donde tiene un hogar, múltiples compañías y, según la policía, un pasaporte venezolano. La policía sospecha que su ex esposa terminó en París, donde la pareja tiene una casa en el Boulevard Saint-Germain. Un hermano está en Canadá y otro en Italia, según los informes de vigilancia suministrados a los investigadores colombianos. Saab se ha estado acercando; recientemente viajó entre Caracas y París a través de las Antillas Francesas usando pasaportes de Venezuela y Antigua y Barbuda, dicen los investigadores. A principios de abril viajó a Austria utilizando el pasaporte de antiguano, según los informes de los investigadores. Los fiscales de Bogotá acudieron a los tribunales en marzo para persuadir a un juez de que declarara a Saab prófugo internacional, con el fin de que Interpol emitiera una orden de detención mundial en virtud de una notificación roja. Pero a principios de abril, los abogados de Saab lograron persuadir a otro juez para que trasladara el caso a Barranquilla, su ciudad natal, donde los fiscales temen que él haya influido sobre los jueces, lo que podría complicar sus posibilidades de victoria. Los fiscales están apelando el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Las opciones de viaje de Saab parecen estar disminuyendo. Cuando se le pregunta a Browne, el primer ministro de Antigua y Barbuda, sobre la orden de arresto de Colombia para Saab, no se ha enterado de ello, y se ha quedado estupefacto. Recuperándose, dice que el estatus de Saab como enviado económico especial sería revocado. "No sabía de ninguna acusación criminal", dice Browne. "Lo conocemos como hombre de negocios, pero debemos ser prudentes." Luego se dirige a su ministro de Asuntos Exteriores, que está en la sala con él, y enfatiza que Saab no puede conservar su pasaporte de antiguano. "Así que vamos a revocarla".

Los funcionarios del Tesoro de Estados Unidos han sospechado de los negocios de oro de Venezuela y Turquía desde el principio, y sus preocupaciones inicialmente se basaban en una relación con Irán y el financiamiento de grupos terroristas de Oriente Medio. Durante años, los agentes de la DEA habían estado siguiendo a Tareck el Aissami, un confidente cercano de Chávez y Maduro. Creían que El Aissami estaba trabajando en nombre de Venezuela con los cárteles de la droga colombianos y mexicanos y que estos grupos formaban parte de un esquema internacional más amplio de lavado de dinero que ayudaba a financiar a Hezbollah.

En enero de 2017, Maduro nombró a El Aissami vicepresidente. Un mes después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a El Aissami en virtud de la Ley de Designación del Kingpin de Narcóticos Extranjeros. Los castigos no disminuyeron su influencia. El verano pasado, Maduro puso a El Aissami a cargo del Ministerio de Industria y Producción Nacional, dándole la supervisión de gran parte de los acuerdos de oro de Venezuela con Turquía.

El Aissami viajó a Turquía el verano pasado para reunirse con Erdogan, y más o menos al mismo tiempo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a aumentar la preocupación de que el oro venezolano enviado a Turquía pudiera terminar en Irán. "Estamos rastreando las grandes compras de oro en Turquía en estos días, y estamos tratando de entender por qué está sucediendo eso", dijo a los periodistas el pasado mes de julio Marshall Billingslea, secretario adjunto del Departamento del Tesoro para el financiamiento del terrorismo. Pero Estados Unidos no ha podido probar que Irán tenga alguna conexión con esos acuerdos sobre el oro. En los últimos meses, el enfoque de Estados Unidos en el comercio de oro de Venezuela ha tenido menos que ver con los temores de la participación iraní y más con el deseo de impedir que Maduro saquee a un país que Estados Unidos espera que no dirija por mucho tiempo.

En enero, El Aissami se reunió nuevamente con Erdogan en Turquía, justo cuando funcionarios estadounidenses presionaron con éxito a sus contrapartes británicas para bloquear el intento de Maduro de retirar 1.200 millones de dólares en oro venezolano almacenado en el Banco de Inglaterra. Al mismo tiempo, Venezuela había reservado unas 20 toneladas de oro de su banco central para su envío al extranjero. La venta de las barras, por valor de unos 850 millones de dólares, fue desechada en medio de la creciente presión sobre los posibles compradores. Después de que Marco Rubio, el senador republicano de Florida, reveló a Noor Capital a través de Twitter como comprador en una venta planeada, esa compañía abandonó una compra pendiente. Y el 15 de abril, el gobierno canadiense agregó más de 40 nombres a su lista de venezolanos sancionados, entre ellos Cano, el ministro de minería, y Perdomo, el presidente de Minerven.

En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado la presión sobre los activos auríferos restantes de Maduro. En marzo, un tribunal federal de Nueva York acusó a El Aissami de violar las sanciones que Estados Unidos le impuso en 2017, específicamente por fletar jets privados estadounidenses a Turquía. Menos de dos semanas después, el Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones a Minerven.

Venezuela y Turquía no parecen estar retrocediendo. Los alimentos destinados al programa CLAP han estado fluyendo hacia la ciudad portuaria de La Guaira, cerca de Caracas, a razón de aproximadamente ocho embarques de 10.000 toneladas al mes, la mayoría a través de tres buques anticuados propiedad del gobierno venezolano, según los documentos de embarque. La mayor parte de los alimentos sigue proviniendo de las mismas compañías mexicanas que suministraron los envíos anteriores de Saab. La comida de Turquía también está en la mezcla; es transbordada a través de la República Dominicana.

Así como el imperio de Saab continúa adaptándose y prosperando, la alianza entre Venezuela y Turquía no muestra signos de resquebrajamiento. A principios de este año, cuando docenas de países dejaron de reconocer a Maduro como presidente legítimo, Erdogan hizo un llamado a Venezuela. Según su portavoz, se comprometió a mostrar a Maduro la misma solidaridad que Maduro le mostró cuando fue asediado en 2016.

"Mantente erguido", le dijo Erdogan a Maduro por teléfono. "Estamos contigo."

Fuente: Bloomberg

MÁS SOBRE ESTE TEMA: