Los planes venezolanos orientados a terminar la construcción de una central hidroeléctrica clave mediante la reanudación de las negociaciones con una fabricante argentina de turbinas se han desbaratado en medio de estrictas sanciones estadounidenses y la oposición del Banco Interamericano de Desarrollo, según personas con conocimiento directo del asunto.
En diciembre, la eléctrica estatal venezolana Corpoelec se reunió con representantes de IMPSA, con sede en Mendoza, Argentina, para revivir un antiguo contrato ligado a la hidroeléctrica Tocoma en el estado suroriental de Bolívar para producir 2.160 megavatios. El proyecto, que permanece paralizado desde 2014 y cuyo precio se disparó a casi US$9.000 millones, daría alivio a una red eléctrica que colapsa por la falta de inversión y mantenimiento.
Durante la reunión, IMPSA señaló que se necesitaban US$30 millones para completar la instalación de dos turbinas, pero nunca obtuvieron una respuesta firme de Venezuela. Un mes y medio después, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de la nación y fue reconocido de inmediato por Estados Unidos, Argentina y docenas de otros países. El BID, institución multilateral con sede en Washington, votó el 15 de marzo por reconocer a Guaidó en lugar de Nicolás Maduro, lo que complica aún más las obras en Tocoma.
El BID es prestamista de Venezuela y accionista indirecto de IMPSA después de un canje de deuda por capital realizado en abril pasado para salvar a la compañía de la quiebra.
Incluso si el BID aprobara el intento de IMPSA de retomar los negocios con el régimen de Maduro, la oposición del gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, y las restricciones para llevar a cabo proyectos en Venezuela utilizando el sistema financiero de EE.UU. después de las sanciones podrían bloquear futuras operaciones.
El momento no podría ser peor para Maduro, que se aferra al poder con el apoyo de aliados militares y estratégicos como Rusia, China y Turquía y tiene problemas para mantener las luces encendidas. Un apagón de una semana ocurrido este mes dejó a la mayor parte de la nación a oscuras y provocó saqueos en Maracaibo, la segunda ciudad más grande del país. El lunes, otra falla eléctrica afectó a más de la mitad del territorio, incluida la capital, y el gobierno suspendió el martes las actividades laborales y educativas.
Maduro atribuyó rápidamente el incidente a un sabotaje estadounidense, mientras que expertos de la industria y opositores apuntan a años de abandono e inversión insuficiente para terminar proyectos como Tocoma o realizar labores de mantenimiento. Encontrar el dinero para invertir en la red en momentos en que escasean alimentos, medicinas y maquinaria también sería un desafío para el mandatario. Las reservas del país en el extranjero, la mayoría oro, se sitúan en US$8.700 millones frente a los US$22.000 millones de hace cinco años.
El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela declinó hacer comentarios.
Un vocero de IMPSA no formuló declaraciones. El BID aclaró que no participa en la administración de la empresa y agregó que solo es "beneficiario económico de un fideicomiso de acciones".
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