Maduro se prepara para violar - una vez más - la Constitución: intentará detener a Guaidó cuando regrese a Venezuela

La fuerza policial y militar todavía responde, a regañadientes, al dictador. El Poder Judicial, secuaz de Nicolás Maduro, también permanece genuflexa a la red de impunidad que rige los dramáticos destinos de Venezuela. A esos mecanismos se enfrentará el presidente interino Juan Guaidó cuando su avión toque tierra en Caracas en las próximas horas, luego de haber realizado una gira por los países que reconocen su investidura.

Guaidó lo sabe: podría ser detenido una vez que arribe a Venezuela. "Si vuelvo a Venezuela y quedo preso habrá un levantamiento popular", pronosticó este sábado en una entrevista exclusiva con Infobae. "La democracia llegará a Venezuela, aunque yo no esté al frente en las calles. Ya es un proceso político que ni Maduro, ni nadie, podrá parar", se esperanza el primer mandatario encargado.

La dictadura ya movió las primeras piezas de su tablero. Hace 20 días abrió una investigación contra Guaidó de la mano de uno de sus resortes claves para perseguir a los líderes políticos de la oposición. La Contraloría de Venezuela inició una pericia penal contra el líder de la Asamblea Nacional por presunta financiación indebida de sus movimientos.

"Presuntamente ha recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación", dijo el jefe de ese organismo, el chavista Elvis Amoroso, quien es el encargado de armar la causa contra el opositor.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara en cuanto a las condiciones que se tienen que dar para detener a un miembro de la Asamblea Nacional. Guaidó lo es en su carácter de "presidente encargado". Y si la dictadura de Maduro quisiera seguir todos los procedimientos de acuerdo a las normas, le sería imposible concretar arrestar al presidente del órgano parlamentario.

Pero nada escapa al largo y brutal brazo del dictador. Es por eso que pese a la inmunidad que le confiere la Constitución venezolana, Guaidó está bajo la posibilidad cierta de ser detenido.

Guaidó es diputado con mandato de la Asamblea y la Carta Magna les confiere a sus legisladores la potestad de no poder ser apresados. En el Artículo 200 dice expresamente que "gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato", y establece que sólo los puede arrestar el Tribunal Supremo de Justicia con previa aprobación del Parlamento, lo que políticamente no podría suceder en este caso ya que el líder opositor cuenta con el apoyo mayoritario del cuerpo.

El Artículo 200 señala: "Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento".

Sin embargo, en la segunda parte de este punto constitucional se proclama la posibilidad de que un legislador sea detenido, pero por "delito flagrante", figura que deja la suficiente libertad de criterio a Maduro para disponer que Guaidó vaya tras las rejas al arribar a Venezuela.

"En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley", manifiesta el mismo artículo.

¿Utilizará Maduro la denuncia ya anticipada de "financiamiento internacional" para tener la excusa ideal detener a Guaidó? Es probable. Sino, hallará otra maniobra que lo justifique. El discípulo de Hugo Chávez sabe que cuenta con la ayuda invaluable de 32 jueces. Son los que componen el Tribunal Supremo de Justicia y que responden incondicionalmente al dictador.

Maduro utilizará todo su poder de la mano de los cómplices que aún mantiene en lo más alto de la pirámide. Los militares y los magistrados. Sin embargo, una lenta sangría se produce por estas horas entre los uniformados. Ya son más de 600 los hombres que juraron lealtad a los valores de Simón Bolívar que abandonaron las filas chavistas y reconocieron en Guaidó a un presidente legítimo.

Se espera que en las próximas horas altos comandantes hagan lo mismo, dejen de lado los temores a una persecución y formen parte de la transición democrática. Algunos lo harán por principios republicanos, otros por vergüenza, los más por temor a un futuro tras las rejas.

Lo mismo podría ocurrir en el Tribunal Supremo de Justicia. Jueces que siempre se declararon bolivarianos están pensando seriamente por estas horas abandonar las filas y no permitir más violaciones a la Constitución de Venezuela. El escollo, sin embargo, no es menor: son 32 los magistrados que forman parte del TSJ, el escudo protector ante la ley de Maduro.

La última deserción se produjo en enero, cuando la vergüenza -y el temor al futuro- venció a Christian Tyrone Zerpa y decidió renunciar al tribunal chavista. Debió huir del país porque la dictadura lo acusó de acoso sexual. En las próximas semanas podrían seguirlo más hombres y mujeres del máximo organismo.

El temor que ronda la cabeza de los generales y coroneles y de jueces y secretarios de justicia -y de sus familias- es el mismo: ¿cuál será su destino una vez que el tirano colapse? La historia es implacable ante esta respuesta: la cárcel. Como la que espera a Maduro, quien ya no tiene posibilidad de maniobra de aspirar a un exilio parisino o paradisíaco. Una celda en Caracas es lo que más se asoma en el horizonte del dictador.

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