Antonio Ledezma le pidió a Juan Guaidó que promueva la "intervención humanitaria" de tropas extranjeras en Venezuela

Parte de la oposición venezolana se unieron este lunes para pedir al presidente interino designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que invoque el artículo 187 de la Constitución Nacional en su reunión con los miembros del Grupo de Lima para pedir una intervención humanitaria

El ex alcalde de Caracas y líder opositor Antonio Ledezma pidió que Guaidó invoque una intervención humanitaria en Venezuela en base a la doctrina de Responsabilidad de Proteger (R2P).

"Presidente Guaidó, usted debe plantear hoy en Grupo de Lima y a la comunidad internacional, la necesidad que tiene Venezuela de ser rescatada de las garras de mafias que ejecutan exterminio", señaló Ledezma en su cuenta de Twitter.

"Es hora de invocar intervención humanitaria y G2P aprobado en ONU. Es hora de activar art 187CNBV", agregó el líder opositor que fue arrestado por la policía bolivariana y luego logró escapar al exilio.

El sábado la oposición venezolana intentó llevar ayuda humanitaria al país aquejado por una caída del PBI de casi el 40%, pobreza del 80%, inflación de casi 2.000.000%, violencia descontrolada y escasez de alimentos y medicinas.

Pero las fuerzas de seguridad del régimen chavista reprimieron a los manifestantes, quemaron camiones e impidieron el ingreso de la ayuda humanitaria, en choques que dejaron al menos cinco muertos y casi 300 heridos.

"¿Cuántos pemones más tienen que ser asesinados? ¿Cuántos estudiantes más tienen que derramar su sangre en Venezuela? ¿Cuántos niños tienen que morir por desnutrición? Cuántos hombres y mujeres de todos los sectores deben sacrificar su vida? Presidente Guaidó, actúe. Tiene nuestro respaldo", concluyó Ledezma.

Por su parte desde la cuenta de Twitter del movimiento político Vente Venezuela, liderado por la diputada María Corina Machado, a quien el chavismo le impide abandonar el país, se llamó también a la Asamblea Nacional a exigir el principio de responsabilidad de proteger, con el hashtag  #Articulo187Ya.

"El régimen de Nicolás Maduro busca acabar con los ciudadanos venezolanos para así defender sus mafias. La Asamblea Nacional debe ejercer su responsabilidad de exigir el principio de Responsabilidad de proteger", señala el tuit de la principal cuenta del grupo.

"El Estado Criminal de Maduro no solo representa una amenaza para Venezuela, lo vivido el 23 de febrero es una muestra clara de que también es una amenaza para el continente y el mundo, no les importa atentar contra nadie ni forjar un genocidio silente", indica por su parte la cuenta de Vente en Estados Unidos.

Mientras que el diputado Julio Borges, también exiliado en el extranjero, había señalado el domingo que se preparaba para solicitar junto a Guaidó y ante el Grupo de Lima acciones diplomáticas más "contundentes" y el "uso de la fuerza" contra el régimen de Maduro.

"Vamos el lunes junto al presidente Juan Guaidó a la reunión del Grupo de Lima a presentar posiciones firmes que signifiquen una escalada en medidas diplomáticas, políticas y de uso de la fuerza en contra del régimen por bloquear la ayuda humanitaria y generar una violencia sin presentes en la frontera", destacó Borges en un comunicado.

Este lunes, en tanto, Borges dijo a la BluRadio Colombia que "se habla mucho de la intervención militar de Venezuela, pero debemos entender que Venezuela ya es un país intervenido, son los cubanos quienes toman las decisiones", en referencia a las miles de tropas de la La Habana, uno de los principales aliados del chavismo, que están desplegadas en el territorio venezolano.

Las bases legales de la intervención humanitaria

De esta forma han hecho referencia al artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su apartado 11 establece que corresponde a la Asamblea Nacional "autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país".

Precisamente el parlamento venezolano, controlado por la oposición desde las elecciones de 2015, fue el que proclamó presidente interino a Juan Guaidó con el objetivo de organizar la transición de poder y llamar a elecciones libres y es, según sus defensores, última fuente de legitimidad política en Venezuela.

Esto se debe a que el presidente chavista Nicolás Maduro fue reelecto el año pasado en comicios fuertemente cuestionadas por la comunidad debido a la represión y persecución de opositores, la escasez de garantías y la escasa participación. Antes de eso, había virtualmente desactivado al parlamento legítimo al declararlo en desacato y conformar una Asamblea Constituyente en paralelo.

Los opositores también invoca la doctrina de Responsabilidad de Proteger (R2P), un compromiso adoptado por la ONU en 2005 (artículos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Global) como respuesta a la sistemática violación de derechos humanos.

Específicamente establece la responsabilidad de los Estados de proteger a sus poblaciones de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad, y destaca también la responsabilidad colectiva de "tomar acciones decisivas y oportunas" a través del Consejo de Seguridad en caso de que las autoridades nacionales de un país fallen en este punto.

Este compromiso se limita al uso colectivo de acciones "diplomáticas apropiados, humanitarias y otros medios pacíficos", estando el uso de la fuerza reservado al Consejo de Seguridad y como último recurso.

Se trata de las llamas "intervenciones humanitarias", amparadas en una interpretación del artículo VII de la Carta Magna de las Naciones Unidas, que estable las excepciones al principio de no intervención y soberanía estatal en casos de "amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión", ante lo interviene el Consejo de Seguridad, que puede formar una fuerza multinacional de cascos azules o delegar la acción en un estado o organismo de seguridad.

Algunas de las últimas intervenciones ocurridas en la historia y con el amparo de la ONU tuvieron lugar en Somalia (1991), en la ex Yugoeslavia (1992) y en Ruanda (1994).

Las actuaciones del Consejo de Seguridad están, sin embargo, limitadas por la necesidad de ser aprobadas por el voto de sus 15 miembros, cinco de los cuales tienen poder de veto (Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia, ganadores de la Segundad Guerra Mundial). Precisamente, los desacuerdos entre Washington y Moscú sobre la necesidad de distinas intervenciones humanitarias han bloqueado numerosos procesos en el pasado.

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