La Fiscalía de Venezuela anunció que investiga a los directivos de la filial de la petrolera venezolana PDVSA en Estados Unidos, CITGO, y a los embajadores designados por el Parlamento, de mayoría opositora.
"Hemos abierto una investigación de los ciudadanos nombrados inconstitucionalmente como directivos de PDVSA y de Citgo (…) por un usurpador del poder", afirmó este jueves el fiscal general chavista Tarek William Saab.
El funcionario recalcó que el Ministerio Público inició "la apertura de una serie de investigaciones" ante "una escalada que comenzó con la usurpación írrita en la presidencia de la república", luego de la "autoproclamación" de Guaidó "en una plaza" el 23 de enero.
La investigación incluye también a "embajadores fantasma" designados "de forma ilegal" por el Parlamento, de mayoría opositora, sostuvo el fiscal.
Saab señaló que incurren en una conspiración "contra la paz ciudadana" y advirtió que habrá "consecuencias legales" para quienes aceptaron los nombramientos, así como para Guaidó.
La Asamblea Nacional nombró a representantes diplomáticos en una decena de países que reconocieron a Guaidó, entre ellos Estados Unidos.
Guaidó anunció el miércoles una nueva junta directiva de CITGO en su estrategia de asfixiar económicamente al régimen de Nicolás Maduro, de la mano del presidente Donald Trump, luego de que el Legislativo declarara la "usurpación" de la presidencia.
El Parlamento designó a Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser, sin detallar qué pasará con los actuales ejecutivos de CITGO nombrados por Maduro.
"Esto es una burla (…) un circo que se está montando para pisotear nuestra Constitución", remarcó el fiscal venezolano, que ya había anunciado el 29 de enero una investigación contra Guaidó al acusarlo de promover hechos para alterar la paz.
Por otro lado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela declaró nula la designación de esta "nueva junta directiva" de CITGO y PDVSA.
El juez Juan José Mendoza leyó una sentencia donde señala que el Parlamento aprobó un "írrito acuerdo" para nombrar la junta directiva de ambas petroleras y dictó una serie de medidas para los designados, que incluyen prohibición de salida del país y enajenación de bienes.
Guaidó tiene también prohibida la salida del país por orden del Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría investiga su patrimonio por supuesto financiamiento externo.
Estados Unidos congeló cuentas y activos venezolanos -cuyo control entregó a Guaidó-, y desde el 28 de abril embargará la vital exportación de crudo venezolano a su mercado. Caracas cifra en 30.000 millones de dólares el daño a la economía por el "bloqueo estadounidense".
Con información de AFP
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