La fuga del oro venezolano: la ruta de un saqueo chavista

Con sofisticados esquemas el gobierno de Nicolás Maduro participa
en la fuga del oro. El hallazgo de un cargamento de lingotes en
Aruba expuso una ruta para sacar el oro de Venezuela vía las islas
del Caribe neerlandés hacia Europa y Dubai.

El Banco Central de Venezuela, que por ley autoriza su comercialización, quedó en medio de un entramado de corrupción que evidencia el fracaso de la política chavista de nacionalizar este material estratégico y controlar
el tráfico ilegal.

Estados Unidos anunció sanciones para bloquear operaciones vinculadas a la cadena de extracción y comercialización en las que participan militares, compañías públicas y privadas, bandas delictivas locales y guerrilla colombiana. Un enorme andamiaje que ha propiciado masacres y complejas operaciones de lavado de activos que engordan el bolsillo de unos pocos y que produce daños ambientales a un territorio que es Patrimonio de la Humanidad.

Lisseth Boon y Lorena Meléndez
INVESTIGACIÓN DE RUNRUNES en Alianza con CONNECTAS

Que nadie toque el oro de Venezuela que promueve corrupción,
criminalidad y destrucción del medio ambiente. A partir del 1ero de
noviembre de 2018, todo ciudadano o entidad estadounidense que
haga "transacciones corruptas y engañosas" con el metal extraído y
comercializado irregularmente en el país latinoamericano será
sancionado por orden ejecutiva de Estados Unidos. "El régimen de
Maduro ha utilizado este sector como bastión para financiar
actividades ilícitas y apoyar grupos criminales", afirmó el asesor de
seguridad del presidente norteamericano Donald Trump, John Bolton.
Quedaba así sentenciado por primera vez el efecto contrario al del
mito del Rey Midas sobre el oro venezolano.

Por su parte, Maduro  respondió que seguirá produciendo, vendiendo
y obteniendo "importantes ganancias para la salud, educación,
vivienda y felicidad del pueblo venezolano"

Un destello sobre el oscuro manejo de la minería aurífera en
Venezuela bajo la administración de Maduro ocurrió  en febrero de
2018 cuando decomisaron 46 barras de oro con un peso de 50 kilos
en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, justo cuando eran
embarcadas por un escolta aduanero venezolano en un vuelo de KLM
rumbo a Amsterdam.

Aquel cargamento, valorado en 2,1 millones de dólares, provenía de
Maracaibo en un vuelo comercial de Aruba Airlines y tenía como
destino Dubai,  en los Emiratos Árabes. Contradictoriamente, la
mercancía llegó vía aérea a la isla perteneciente al Reino de los
Países Bajos en pleno bloqueo a las ABC ordenado por el gobierno
venezolano para acabar con el contrabando de oro, cobre y alimentos.

Los sospechosos 50 kilos de oro fueron puestos en custodia del Banco
Central arubiano mientras el Ministerio Público de la isla abrió una
investigación de alcance internacional por falsificación de documentos
y lavado de dinero.

El vendedor de las barras doradas enviadas  a Aruba tiene nombre y
apellido: Oro Azul S.A, una de las empresas mixtas creadas por el
gobierno de Maduro para la explotación de los recursos del Arco
Minero del Orinoco. Fundada a finales de 2016 en sociedad con la
compañía larense Supracal, especializada en la producción de cal que
debía dedicarse exclusivamente a la extracción del coltán. Sin
embargo, en su razón social, sus objetivos abarcan también oro,
diamante y cualquier mineral o material que sea considerado
"estratégico".

La incautación de las barras doradas en Aruba no sólo evidenció  la
existencia de la ruta de fuga de oro venezolano vía las islas del Caribe
neerlandés sino también la participación del gobierno venezolano en el
tráfico ilegal del oro al utilizar la figura de una empresa estatal para
formalizar su comercialización internacional. Oro Azul no rinde cuentas
ni se conoce contabilidad.  Aparte, la autorización a terceros de la
comercialización y exportación de oro recae por ley en el Banco

Central de Venezuela, entidad pública que en cinco años del gobierno
de Maduro ha tenido tres presidentes y ninguno ha permanecido en el
cargo los 7 años reglamentarios.
El decomiso y detención en Aruba demuestra el fracaso de la
nacionalización del oro decretada en 2011 que buscaba acabar con el
contrabando y ordenar la actividad aurífera para el beneficio de todos
los venezolanos, tal como lo anunció su promotor, Hugo Chávez,
cuando era presidente. A dos años del lanzamiento del Arco Minero,
se estima que 30 por ciento de lo que se reporta al BCV como
producción artesanal nacional, se desvía hacia las mafias
contrabandistas existentes, según Transparencia Venezuela. El país
está dejando de percibir 20 mil millones de dólares en los últimos seis
años por el tráfico ilegal del oro, de acuerdo a los cálculos del diputado
Elías Matta, en medio de la peor crisis del hemisferio según las
Naciones Unidas.

Runrun.es recorrió la ruta de fuga del oro venezolano vía las islas
ABC que sirven de escala antes de llegar a manos de sus
compradores internacionales. Estuvo presente en los poblados donde
se procesa el oro extraído del Arco Minero para ser convertido en
barras y visitó los centros urbanos del norte del estado Bolívar donde
"se recogen" las barras en comercios informales del metal.  Viajó en
avión hasta Aruba y Curazao donde la mercancía proveniente de
Venezuela es registrada en calidad de tránsito y se despacha en
vuelos comerciales hasta las refinerías de Suiza y Dubai.

La sede física de la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Oro Azul C.A
se desconoce. La calle de Puerto Ordaz registrada en su expediente
mercantil no existe. Tampoco se han publicado los balances de sus
operaciones y aunque el gobierno delimitó en 2017 el territorio en el
que podría comenzar la exploración y explotación del coltán dentro
del Arco Minero, este se mantiene sin mayores modificaciones.

Su junta directiva, además, está estrechamente vinculada a Jorge
Arreaza, ex yerno de Hugo Chávez y actual canciller de la República,
quien designó a sus integrantes durante el breve período que ocupó la
cartera de Desarrollo Minero Ecológico.

Así como Oro Azul, hay al menos seis empresas que trabajan en la
explotación de oro con el visto bueno del gobierno y cuyos propietarios tienen compañías extranjeras enfocadas en la comercialización del
oro, a pesar de que  por ley el metal precioso que extraiga debe ir
directo a las arcas del Banco Central de Venezuela.

La principal actividad de estas compañías es el procesamiento de las
arenas ferrosas, es decir, del material que los mineros extraen de los
yacimientos. Su objetivo es separar  la mayor cantidad posible de
metal de estas. Sin embargo, no existe un control acerca de la
cantidad de arena que a diario reciben estos complejos tanto de los
mineros asociados como de los molinos artesanales que también les
vende este material. Hasta 2011, de todo este proceso se encargaban
las empresas del Estado que, de acuerdo con denuncias de
trabajadores, fueron desmanteladas luego de la nacionalización del
oro decretada por Hugo Chávez ese año.

Mientras el gobierno pontificaba sobre el estatismo del oro, fue
creando una red de explotación, comercialización y negociación donde
el Estado no era el beneficiario sino un grupo reducido en el poder,
legitimando todas las operaciones para justificar alguna entrada en el
BCV de un país en bancarrota.

A la par del cierre de las fronteras con las islas ABC y tras la detención
del venezolano que portaba los 50 kilos de oro en el aeropuerto de
Aruba, siguieron una cadena de eventos que muestra  la compleja
estructura que opera para la extracción y comercialización del oro.
El 8 de mayo de 2018, un mes después de levantarse el veto a las
islas, fue detenido en Curazao por la policía RST holandesa el
venezolano Archak Bedrossian Liberatoscioli a solicitud de Caracas
por supuesto contrabando de oro y blanqueo de capitales. La prensa
local, que apuró colocarle el mote de "Zar del Oro", detalló que se dedicaba a la venta de oro y diamantes para recibir el pago en dólares para  venderlos en la frontera colombo- venezolana, alterando el mercado cambiario.

Pero antes de cumplirse los 60 días reglamentarios, Bedrossian fue
liberado ya que Venezuela no presentó suficientes pruebas para abrir
un juicio. Los cargos no eran por tráfico ilegal de oro sino estafa,
confirmó el Ministerio Público de Curazao. Experto en el sector oro,
Bedrossian es presidente de la firma Haig's International, dedicada
desde hace más de dos décadas a la comercialización, negociación y transporte del oro procedente de Venezuela y otros países de América
Latina.

Un mes después, el 8 de junio de 2018, el gobierno de Maduro activó
sorpresivamente la operación "Manos de Metal" en Venezuela,
destinada a "atacar las mafias de contrabando de extracción de
metales", por la que se detuvieron nueve personas y se liberaron 39
órdenes de captura además de 31 solicitudes de alerta roja a Interpol
por supuestos vínculos con el tráfico ilegal del oro.

Tanto las autoridades aduaneras de Curazao y Aruba como la
abogada que defendió a la empresa arubiana encarga de la
transportación del oro desde Venezuela hasta Dubai, Paoro Armored
Transport, coinciden con el argumento  de que las 46 barras doradas
decomisadas no se trataban de contrabando sino de mercancía en
tránsito que cumplió los procedimientos legales para ser exportada a
Dubai. Calificaron como legal un proceso que ha venido ocurriendo
desde hace décadas.  El gobierno de Maduro no ha fijado posición
sobre este episodio.

No existen estadísticas  oficiales de cuánto oro sale de Venezuela
hacia Curazao y Aruba, ni de la cantidad que entra a las islas
proveniente del continente. De lo que sí hay registro es del oro que
exportan Curazao y Aruba a pesar de que en las islas donde no
existen minas auríferas, explotación ni refinerías.

En 2016, el oro fue el tercer producto de exportación de Curazao por
encima del petróleo, representando 18,32 por ciento del total de
exportaciones ($470 millones de $2 mil 57,  según el Atlas de
Complejidad Económica (ACE) del Centro para el Desarrollo
Internacional de la Universidad de Harvard. Hasta 2016, la mayor parte
del oro que sale de Curazao tenía como destino Suiza equivalente a   73,38
por ciento ($345 millones de un total de $470 millones).

Tampoco se conoce oficialmente cuánto oro se produce en Venezuela
ni cuánto de ese total se vende en el extranjero ni a dónde se exporta.

Hasta junio de 2018, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico
reportó la entrada de 8,7 toneladas de oro al BCV. Mientras que en
ese mismo período, el Instituto Nacional de Estadísticas de Turquía
registró el ingreso de  21 toneladas métricas de oro procedentes de
Venezuela, cifra que coincide con la base de datos de comercio

internacional Importgenius. De Venezuela a Turquía es una de las
nuevas rutas doradas por las que se fuga el metal.

"Con ese saqueo no solo están robando patrimonio a su propio pueblo
sino que también es algo que ha tenido graves consecuencias
medioambientales", afirmó el asesor de Trump, John Bolton, en
noviembre de 2018.

Toda la cadena de extracción y comercialización está permeada por el
crimen organizado. Todo el oro proviene de un territorio sitiado por la
violencia.

Las minas del sur del estado Bolívar están comandadas por pranes
–término que proviene de las cárceles venezolanas y que designa a
líderes criminales de estas– y guerrilleros del ELN, quienes responden
a las órdenes tanto de militares de alto rango como de líderes políticos
de la región , relaciones que se han probado a través de hechos y
documentos oficiales.

Los mineros deben pagar con al menos 30% del oro que obtienen en
los yacimientos a estos jefes armados y actuar de acuerdo con sus
órdenes. Ese oro sirve para pagar a los uniformados de la zona que
son cómplices del delito y llega, al final, al alto gobierno, según fuentes
consultadas para esta investigación realizada por Runrun.es en
alianza con CONNECTAS.

El alcance del poder de las bandas y grupos irregulares abarca incluso
los pueblos de los municipios del Arco Minero donde los comerciantes
deben pagar "vacunas" a cambio de que no los roben o maten. Sin
embargo, nada es garantía de vida en el Sur.

Las guerras entre bandas, guerrilleros y las incursiones militares
dentro de los yacimientos han dejado un rastro de sangre que se
manifiesta en al menos 40 masacres ocurridas desde 2016. Solo entre
agosto y octubre de 2018, 47 personas murieron en medio de estos
enfrentamientos en los que muchas veces cayeron trabajadores
inocentes. Las pugnas entre estos grupos revelan cómo uno intenta
quitarle poder al otro y desplazarlo de la zona. La dinámica del "tumbe"
comienza aquí, en este eslabón que también es parte del tráfico
dorado

Lo que sucede dentro de las minas es obviado por los países que son
destinos o beneficiarios finales del oro venezolano como Holanda,
Suiza, Bélgica y Turquía. Los cuatro son parte de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), institución que
compromete a sus miembros a vigilar las relaciones comerciales con
las naciones consideradas "Estado de conflicto y alto riesgo", es decir,
aquellas caracterizadas por la inestabilidad política, represión,
fragilidad institucional, inseguridad, abusos graves y generalizados a
los derechos humanos, tal como Venezuela, un país rico en oro, metal
que ahora está en la mira de las sanciones internacionales por su
vinculación con corrupción, criminalidad y destrucción del ambiente.